La plataforma SOS colombianos en Zaragoza ha denunciado esta práctica abusiva a la hora de acceder a las citas en las Oficinas de Extranjerías de Zaragoza. Durante los últimos meses, algunas personas denominadas por este colectivo como “tramitadores informales”, ofrecen a la población migrante adelantar la cita que permite tramitar su solicitud de asilo por un importe de 70€ por persona.
En teoría la cita previa debe realizar a través de la página web oficial de la Sede Electrónica de Admnistraciones Públicas, sin embargo, el colapso y la larga lista de espera de este servicio ha provocado la aparición de estas personas intermediarias que pueden ser desde locutorios hasta bufetes de abogadas y abogados.
De tal manera que, una familia compuesta por cuatro miembros, debe pagar 280€ para obtener una cita rápida. Otros servicios incluyen, además de la cita rápida, servicio de abogacía para tramitar la solicitud que permita el estatus jurídico de refugiado y refugiada por un cantidad individual de 250€.
“Las personas solicitantes de asilo se encuentran en una situación vulnerable porque han tenido que huir de sus respectivos países por persecución o amenazas a su integridad”, denuncian desde esta la Plataforma SOS Colombia que condena que “haya tramitadores que abusan de esa vulnerabilidad y revictimicen a estas personas, muchas con escasos recursos económicos, vendiendo las citas y aprovechándose de su necesidad”.
Asimismo, la Plataforma denuncia que haya personas “inescrupulosas” que están vendiendo los empadronamientos para que las personas extranjeras que llegan a la ciudad puedan iniciar la tramitación de la tarjeta sanitaria y la regularización de su situación administrativa.
La Plataforma SOS colombianos en Zaragoza surgió en mayo de 2021 para apoyar a las víctimas del abuso de la represión policial que sufrieron cientos de personas en el estallido social de Colombia. Desde entonces, acoge y escucha a quienes sufren algunos abusos administrativos y residenciales cuando se instalan en el Estado español.
Por todo ello, la Plataforma solicita a las autoridades correspondientes (Delegación de Gobierno, Ministerio del Interior, Policía Local) que actúen con diligencia para evitar estos abusos y, especialmente, al Colegio profesional de Abogados de Zaragoza para que identifique las posibles prácticas profesionales inadecuadas que puedan ocurrir al respecto.
