La reforma del Reglamento: una decepción que no cambia la política de extranjería

Antes del verano, los medios de comunicación anunciaron a bombo y platillo la reforma del Reglamento de Extranjería que, según decían, iba a traer un gran cambio para la vida de muchas personas inmigradas ya residentes en el Estado español. La modificación se publicó en el BOE en verano y fue saludada con alborozo por numerosos despachos de abogados que la calificaron de oportunidad de regularización para decenas de miles de inmigrantes. Hoy hace un mes de su entrada en vigor, y aunque es pronto para un balance definitivo, si podemos decir que las expectativas anunciadas no se corresponden con …

Antes del verano, los medios de comunicación anunciaron a bombo y platillo la reforma del Reglamento de Extranjería que, según decían, iba a traer un gran cambio para la vida de muchas personas inmigradas ya residentes en el Estado español.

La modificación se publicó en el BOE en verano y fue saludada con alborozo por numerosos despachos de abogados que la calificaron de oportunidad de regularización para decenas de miles de inmigrantes.

Hoy hace un mes de su entrada en vigor, y aunque es pronto para un balance definitivo, si podemos decir que las expectativas anunciadas no se corresponden con la realidad. Con la modificación en pleno vigor seguirá habiendo una inmensa bolsa de personas inmigrantes residiendo y trabajando en el Estado español sin papeles, seguirán llegando las pateras y muriendo personas en el estrecho, seguirá habiendo muertos y heridos por la actuación policial española y marroquí, seguirán los CIE y los campos de concentración de Canarias.

Este gobierno ha demostrado que puede reformar la política de extranjería sin pasar por el Congreso, sin preguntar al PP o a Vox y mucho menos a las organizaciones de los directamente afectados. Con el silencio cómplice de todas las organizaciones del arco parlamentario y de algunas organizaciones sindicales y sociales, esta reforma está demostrando ser un nuevo fiasco, una nueva decepción.

Esto es así porque no ha habido ningún cambio de calado. Las personas que emigran al Estado español seguirán haciéndolo de manera clandestina, habrán de permanecer en dicha clandestinidad un mínimo de dos a tres años y para salir de ella habrán de conseguir un contrato de trabajo. Pero estas personas normalmente ya trabajan para poder comer aunque lo hagan en la economía sumergida por falta de papeles, y el patrón que les explota no siente ninguna necesidad de contratarles, ¿para qué? Si tendrá que subirles el sueldo, cotizar a la Seguridad Social, respetar su jornada, sus vacaciones y sus bajas; es decir todo lo que ahora no hace.

El arraigo social sigue necesitando de un contrato y la joya de la corona, el arraigo para la formación también requiere un contrato para su renovación tras un año de estudios en el que no estás autorizado para trabajar, pero sigues teniendo que comer, buscar un alquiler, pagar la luz, mandar dinero a la familia, etc.

Además del requisito del contrato, muchos de los obstáculos del reglamento anterior continúan tras la reforma.

La tramitación de las solicitudes se eterniza de los tres meses estipulados a los seis o siete actuales y no digamos nada si haces un recurso. ¿Qué empresario aguanta un puesto de trabajo sin cubrir tanto tiempo?

Sigue siendo necesario una y otra vez tu certificado de penales del país de origen que en algunos casos cuesta cercano a los 500 euros o más, y eso aunque lleves empadronado en el Estado español y con los penales limpios, 10, 20 o 30 años.

El catalogo de profesiones de difícil cobertura sigue siendo ridículo pese a las promesas de reactivación y eso convierte a la búsqueda de cursos para el arraigo para la formación en un laberinto.

La realidad es que con esta modificación el Gobierno ratifica su actual política migratoria y su voluntad de no regularizar a las personas migradas. Como última demostración de ello, cabe argumentar que si va a generalizar la contratación en origen, no hubiera sido más práctico, barato y justo dar papeles a las personas que ya están aquí trabajando y viviendo.

Ni las personas inmigradas ni sus organizaciones han sido consultadas para esta reforma, por ello es más necesario que nunca que alcemos nuestra voz para denunciarla, para luchar por los papeles para todos y todas y la derogación de la racista Ley de Extranjería.

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