El proyecto ganadero promovido por el alcalde David Suelves en Barluenga duplicaría la capacidad porcina del municipio y llega en paralelo a la tramitación de una planta de biogás respaldada por capital financiero. Vecinos, vecinas y plataformas sociales denuncian “opacidad, riesgos ambientales y un modelo que puede convertir el territorio en receptor de residuos ganaderos”.
Así, el municipio de Loporzano, en la Plana de Uesca, vuelve a vivir un creciente conflicto social tras conocerse que el alcalde del PP impulsa la construcción de dos nuevas explotaciones porcinas con 14.000 plazas en la pedanía de Barluenga mientras desde el consistorio tramita paralelamente una planta industrial de biogás impulsada por Catalana de Biogás.
La coincidencia de ambos proyectos ha encendido las alarmas entre la vecindad y colectivos del territorio, que temen que la combinación de macrogranjas y biometano transforme el municipio en un punto de concentración de purines y residuos orgánicos procedentes de amplias zonas de nuestro país y de otros territorios, como sería el caso de Catalunya.
En respuesta, la plataforma Stop Biogás Loporzano y otras iniciativas vecinales han comenzado a movilizarse, denunciando “falta de información pública, posibles impactos ambientales” y un modelo energético y ganadero que consideran “incompatible con el futuro del territorio”.
“Estas iniciativas vendrían a resolver un problema que no existe en Loporzano”
Según la información publicada en los expedientes administrativos, el proyecto ganadero contempla dos explotaciones diferenciadas: una granja de engorde con 2.000 plazas porcinas, y una explotación de recría para 12.000 lechones.
De ejecutarse, el número total de cabezas de ganado porcino del municipio crecería de forma muy notable. En 2021 Loporzano apenas contaba con 5.700 tocinos repartidos en tres instalaciones, por lo que la nueva infraestructura supondría más que duplicar la capacidad existente.
La iniciativa ha despertado preocupación entre parte de la población por los impactos asociados a la ganadería intensiva: purines, tráfico pesado, consumo de agua y emisiones odoríferas.
“El impacto real no depende de cada granja individual, sino del número total de animales concentrados”
La plataforma vecinal Stop Biogás Loporzano ha denunciado públicamente las iniciativas del alcalde del municipio, David Suelves, que han generado polémica entre gran parte de la población. En los últimos días, el movimiento vecinal contrario a la planta de biogás ha reforzado su actividad y también ha mostrado su rechazo a la expansión de la ganadería intensiva en el municipio. Entre las principales preocupaciones que señalan figuran los olores, el ruido, el aumento del tráfico de camiones pesados y el elevado consumo de agua asociado a este tipo de instalaciones.
Los vecinos y vecninas consideran que el impacto real “no depende únicamente de cada granja individual, sino del número total de animales concentrados en el territorio”, factor que, a su juicio, “es el que determina el alcance de las afecciones ambientales y sociales”.
De acuerdo con la información publicada en el anuncio oficial, actualmente se encuentra abierto un periodo de 15 días naturales para la presentación de alegaciones u observaciones a los proyectos, antes de que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) emita la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable o no.
No obstante, los residentes han puesto el foco en un aspecto técnico que consideran relevante: ambas instalaciones se habrían presentado de forma separada, lo que evitaría que el proyecto sea sometido a un estudio de impacto ambiental conjunto más exhaustivo. Según denuncian, este procedimiento ya se ha utilizado en otros casos, como el denominado Clúster del Maestrazgo para la invasión descontrolada de energías renovables a mayor gloria económica de Forestalia, y permite que las explotaciones sean consideradas como “actividades clasificadas” en lugar de evaluarse como un único proyecto.
En ese escenario, señalan desde la plataforma, sería el propio Ayuntamiento de Loporzano quien otorgaría la autorización final, sin necesidad de una intervención directa del INAGA en el análisis conjunto de los impactos.
A esta situación se suma la tramitación en el mismo municipio de una planta de biogás promovida por la empresa Catalana de Biogás, con respaldo financiero de Sinia Renovables y del Grupo Banco Sabadell. El proyecto pretende generar biometano a partir de residuos orgánicos.
Sin embargo, la iniciativa también ha generado críticas entre parte de la población, que denuncia “falta de información pública” y teme que el objetivo principal de la instalación sea logístico. Según explican, “su ubicación cerca de un gasoducto facilitaría la inyección del metano producido en la red gasista”.
Así, los vecinos expresan además su preocupación por la posible interrelación entre la planta de biogás y la expansión de la ganadería intensiva, al considerar que ambas infraestructuras “podrían reforzarse mutuamente y aumentar la presión ambiental” sobre la redolada.
Por último, la plataforma cuestiona la solidez del estudio de impacto ambiental presentado para la planta de biogás. Según señalan, en Aragón este tipo de proyectos —muchos de ellos impulsados por empresas procedentes de otros países y comunidades autónomas— pueden tramitarse mediante evaluaciones ambientales simplificadas, debido a una modificación legislativa reciente orientada a atraer inversiones. A juicio de los vecinos, estas iniciativas industriales “vendrían a resolver un problema que no existe” en el municipio de Loporzano.
Movilización vecinal en la Plana de Uesca
El rechazo al proyecto no se limita a Loporzano. Vecinos y vecinas de municipios cercanos como Tierz o Quicena también han mostrado su preocupación por los posibles efectos de la planta.
En reuniones informativas celebradas en la zona, centenares de personas han expresado inquietud por los impactos ambientales potenciales, entre ellos: afección a acuíferos y suelos agrícolas, aumento de nitratos, incremento del tráfico pesado, y olores y molestias para la población.
También se advierte de posibles consecuencias para el turismo de naturaleza y para la fauna del entorno de la Sierra de Guara.
Aragón como tierra de sacrificio en el altar del extractivismo capitalista
El conflicto de Loporzano se enmarca en un debate cada vez más presente en Aragón sobre el papel de las macrogrranjas, y las plantas de biogás vinculadas a la ganadería intensiva, de un modelo de implantación de energías renovables especulativo, y ahora bajo lupa judicial por presuntas y graves irregularidades, y de una acelerada expansión de los centros de datos rechazados por otros países de nuestro entorno europeo.
En el caso de la ganadería intensiva, entidades sociales advierten de que este tipo de modelo se retroalimenta, pues las plantas de biogas necesitan grandes cantidades de purines como materia prima que deben suministrarles las macrogranjas de porcino, y viceversa, un círculo nada virtuoso.
Frente a ese modelo, defienden alternativas basadas en plantas de pequeña escala gestionadas por ganaderos y ganaderas del territorio, orientadas a resolver localmente la gestión de residuos sin generar nuevas presiones ambientales ni dependencia de capital financiero externo.
Mientras continúan los trámites administrativos y el plazo de alegaciones, Loporzano se ha convertido en uno de los focos del debate territorial sobre macrogranjas, biogás y gestión de residuos ganaderos en Aragón.
Las próximas decisiones del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y del propio Ayuntamiento de Loporzano serán determinantes para el futuro de nuestro país, y de un municipio que, de momento, ya se ha situado en el centro de un conflicto que trasciende lo local y plantea una pregunta de fondo: qué modelo de desarrollo impulsa la DGA para el conjunto del territorio aragonés.
