Vecindad y colectivos locales han hecho pública su “firme oposición” al proyecto de construcción de una planta de biogás en el término municipal de Loporzano. “La instalación, promovida por la empresa Catalana de Biogás, vinculada a fondos de inversión del Banco Sabadell, pretende procesar 95.000 toneladas anuales de purines y residuos cárnicos”, una cifra que los afectados califican como “inasumible y peligrosa para la salud y el medio ambiente”.
Distancias que “desmienten el discurso de lejanía”
Uno de los aspectos que más alarma ha generado es la proximidad real de la planta a núcleos habitados, patrimonio histórico y a la propia ciudad de Uesca, así desde los colectivos recuerdan algunas de estas distancias con el proyecto de planta de biogás: las ‘Trincheras de Tierz’ a menos de 700 metros, el núcleo de Tierz a 1,82 km, Loporzano y Quicena a 2,75 km, el castillo de Montearagón (Bien de Interés Cultural) a 2,43 km, Ola y Sietemo a 3,50 km, y Uesca a menos de 5 km”.
Los portavoces vecinales denuncian que “no se puede hablar de un proyecto aislado cuando se sitúa a escasos kilómetros de pueblos, viviendas, patrimonio histórico y de una ciudad de más de 50.000 habitantes”.
Riesgo sanitario y medioambiental
Los colectivos afectados alertan de que la planta supondría “una amenaza sanitaria y medioambiental para todo el entorno”. Señalan especialmente el riesgo de emisiones de gases como amoniaco y ácido sulfhídrico “los malos olores persistentes y la posible contaminación de acuíferos por nitratos”, en una zona ya especialmente sensible.
A ello se suma el impacto del tráfico pesado continuo, con camiones cargados de residuos circulando a diario por la autovía y por carreteras locales, y la gestión de subproductos animales (SANDACH), que incrementa el riesgo biológico, la proliferación de insectos y roedores y el deterioro de la calidad de vida.
Greenwashing y modelo extractivista
Aunque la empresa promotora sostiene que los residuos que alimentarán la planta de biogás proceden del entorno cercano, los colectivos vecinales recuerdan que el municipio de Loporzano ya tiene sus residuos ganaderos y orgánicos controlados y gestionados mediante acuerdos existentes “sin que exista una necesidad real de implantar una planta industrial de estas dimensiones”.
Las vecinas insisten en que el proyecto “no responde a una demanda del territorio”, sino a un modelo extractivo “diseñado para absorber grandes volúmenes de residuos más allá del ámbito municipal” y asegurar la rentabilidad de la instalación, a costa del entorno, la salud y la calidad de vida de la población local.
“Esto significa convertir el municipio de Loporzano y su entorno en un vertedero industrial al servicio de fondos de inversión sin ningún arraigo en la zona”, recalcan desde el movimiento vecinal.
Impacto patrimonial: el Castillo de Montearagón
La cercanía de la planta al Castillo de Montearagón, declarado Bien de Interés Cultural, es otro de los puntos críticos. A solo 2,43 km, los vecinos advierten “de un impacto visual y paisajístico irreversible: el patrimonio no se puede trasladar ni compensar. Las instalaciones industriales no son neutras, transforman el paisaje y condicionan la manera en que entendemos y disfrutamos nuestro legado histórico. El patrimonio no se mide en kilómetros”.
Consumo energético y calor residual
“Otro aspecto poco explicado del proyecto es su consumo energético y el calor generado. Según la propia promotora, la planta requiere alrededor de 1 MWh (1000 kWh) para calentar el material en los digestores y acelerar la fermentación”, explican desde las entidades sociales. Tras el proceso, el digestato caliente se separa y se deposita en balsas exteriores, transfiriendo calor al entorno.
Para entender la magnitud, los vecinos comparan este consumo con el doméstico: 1000 kWh equivalen al funcionamiento simultáneo de entre 400 y 500 bombas de calor domésticas / viviendas, incluso en pleno invierno. “Este impacto térmico también forma parte del debate y no se puede ocultar”, subrayan.
Biodiversidad y turismo de naturaleza
El proyecto amenaza además una ruta aérea clave para cientos de aves rapaces que se desplazan entre la Sierra de Guara y los Monegros. “El corredor natural del Flumen, el entorno del Salto de Roldán, Tierz, Monflorite y la serreta de Piracés es utilizado a diario por buitres y por especies protegidas y sensibles como el quebrantahuesos, el águila real, el alimoche, el milano real o el halcón peregrino. Este valor natural sustenta también un creciente turismo de naturaleza y birding, que podría verse gravemente afectado. Alterar este corredor con una instalación industrial permanente no es neutro. Defender el territorio es también defender el cielo que lo cubre”, enfatizan.
Origen del movimiento y llamamiento a la movilización
Este movimiento vecinal nace tras la reunión celebrada este pasado 16 de enero de 2026 “en la que el Ayuntamiento de Loporzano y la empresa promotora presentaron el proyecto de la planta de biogás. A la reunión asistieron más de 160 personas, y la mayoría expresó su rechazo y preocupación, tanto por el tamaño de la instalación como por la falta de información previa, clara y accesible”, relatan las entidades que se oponen al proyecto.
Los vecinos y vecinas denuncian que se trata de un proyecto “que lleva sobre la mesa desde febrero de 2025 sin haber sido comunicado de forma transparente a la población ni a los municipios potencialmente afectados”.
En estos momentos, el proyecto se encuentra en tramitación en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), sin que el expediente sea todavía público. Ante esta situación, los colectivos vecinales están solicitando formalmente ser reconocidos como parte interesada, con el objetivo de acceder cuanto antes a la documentación presentada por la empresa y conocer con detalle el alcance real del proyecto.
Las personas afectadas alertan además de que, tras las modificaciones de la legislación en Aragón “este tipo de instalaciones pueden tramitarse mediante un procedimiento ambiental simplificado”, un marco normativo que consideran “más permisivo y claramente insuficiente para evaluar impactos de una planta industrial de estas dimensiones”.
Por ello, los vecinos y vecinas permanecen a la espera de la resolución del INAGA para que se abra el periodo oficial de información pública y poder presentar alegaciones cuando proceda, exigiendo que se garantice un proceso transparente, riguroso y con participación real.
Paralelamente, los colectivos han iniciado su canal de Instagram (@StopBiogasLoporzano), una campaña de recogida de firmas digitales y anuncian una ronda de reuniones con los ayuntamientos implicados. Asimismo, exigen al Ayuntamiento de Loporzano “que no firme la declaración de interés social”, al considerar que “no existe consenso vecinal ni una justificación real de interés público para este proyecto”.
“Instamos a los ayuntamientos de Loporzano, Tierz, Quicena y Uesca a defender a sus vecinos frente a la especulación financiera disfrazada de energía verde. El territorio también tiene derecho a decidir. Este proyecto se puede parar”, subrayan.
Asimismo, los vecinos y vecinas de Loporzano señalan que están coordinados y trabajando de manera conjunta con la plataforma Stop Biogás Somontano “ya que se trata de la misma empresa promotora y un modelo de proyecto idéntico al que ya se ha planteado en otros puntos de la comarca”.
Esta unión responde a la convicción de que “la afectación no es puntual ni aislada, sino comarcal, y de que la cooperación entre plataformas vecinales permite compartir información, experiencia y reforzar la capacidad de respuesta social e institucional”.
“Vamos de la mano con Stop Biogás Somontano porque juntos somos más fuertes. No hablamos de un caso excepcional, sino de un modelo que se repite y que amenaza al territorio si no se le pone freno”, concluyen desde el movimiento vecinal.
