El magistrado Juan José Cortés, titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea Papaseit (PSOE), por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
La resolución, fechada el 11 de noviembre y comunicada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), pone fin por ahora a la investigación iniciada a raíz de una denuncia del Movimiento ciudadano Teruel Existe, relacionada con la contratación de servicios de asesoramiento para la implantación de proyectos de energías renovables en el municipio.
El juez concluye que no existe ningún indicio racional de malversación o tráfico de influencias por parte de la alcaldesa. Señala que ni los testimonios recabados ni la documentación examinada permiten sostener que utilizara su cargo para obtener beneficios económicos propios o para terceros, o que hiciera un uso indebido del patrimonio público.
Respecto al presunto delito de prevaricación administrativa, la investigación se centró en el contrato suscrito en noviembre de 2023 con Servicios Tributarios Administración Local (STAL), también conocida como Munigest. El contrato fue declarado nulo tras un dictamen del Consejo Consultivo de Aragón por defectos en su tramitación, la competencia del órgano que lo firmó y la ausencia de partida presupuestaria.
Sin embargo, el magistrado considera que la nulidad administrativa del contrato no implica por sí misma la comisión de un delito. Tras analizar las declaraciones y la documentación aportada, concluye que no existen indicios suficientes de que Lucea conociera la ilegalidad del contrato cuando lo firmó.
El auto también descarta indicios de tráfico de influencias por parte del asesor Ignacio S.P., igualmente investigado en este procedimiento, al considerar que su relación con el Ayuntamiento se desarrolló en el ámbito de la prestación de servicios profesionales.
En una declaración pública tras conocerse la resolución, Alba Lucea ha expresado su alivio por el archivo y ha defendido su actuación durante el procedimiento. La alcaldesa ha pedido que las discrepancias políticas y la fiscalización municipal no se conviertan automáticamente en acusaciones penales.
El sobreseimiento es provisional y puede recurrirse en reforma o apelación. La resolución afecta a este procedimiento concreto sobre la contratación municipal de Mosqueruela y no supone un pronunciamiento sobre las restantes investigaciones judiciales relacionadas con Forestalia.



