La investigación judicial del caso Forestalia da un nuevo paso. El magistrado Juan José Cortés, titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al considerar que las presuntas irregularidades investigadas en la tramitación ambiental de proyectos renovables forman parte de una causa de mayor alcance.
La decisión, adoptada mediante auto del 17 de noviembre y comunicada este miércoles 18 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), supone la remisión de las diligencias previas 429/2024 a la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, donde se siguen las diligencias previas 150/2025.
El instructor considera que la investigación desarrollada en Teruel constituye una rama de la causa abierta en la Audiencia Nacional y que ambas deben examinarse conjuntamente por la conexión entre los hechos y las personas investigadas.
En su resolución, el magistrado señala expresamente que el elemento común es la actuación atribuida a Forestalia en los procedimientos de evaluación y autorización de proyectos renovables, tanto en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA).
El auto supone un cambio de órgano instructor, no el archivo del procedimiento ni una resolución sobre la culpabilidad de las personas investigadas. Además, puede ser recurrido en apelación.
Forestalia, el nexo entre las investigaciones de Teruel y Madrid
El magistrado considera que la investigación ha revelado una posible conexión entre distintas actuaciones relacionadas con la obtención de autorizaciones administrativas para proyectos de energías renovables. En palabras del propio auto, “el punto de conexión de toda la investigación es la presencia de Forestalia”.
El juez argumenta que la actuación atribuida a la compañía en el MITECO y en el INAGA es el elemento que da coherencia a la investigación conjunta y permite relacionar las diligencias instruidas en Teruel con las existentes en la Audiencia Nacional.
La resolución identifica coincidencias entre las personas investigadas en ambos procedimientos, entre ellas Fernando Samper Rivas, fundador de Forestalia; los hermanos Roberto y Eduardo P. A., señalados como presuntos intermediarios o testaferros en determinadas operaciones; y Joseba Antxón A. E., vinculado a operaciones societarias examinadas en las diligencias. También figura como investigada la propia mercantil Forestalia.
El magistrado precisa que, en el procedimiento instruido en Teruel, todavía no se había tomado declaración judicial a las personas investigadas, a la espera de un informe de la UCOMA que permita concretar los indicios existentes.
El auto recoge que las diligencias de la Audiencia Nacional proceden de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en la que se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
La relación de personas y entidades investigadas en aquella causa incluye, además, a Leire Díez y a sociedades y personas vinculadas a otras actuaciones examinadas por la justicia.
El magistrado subraya que la conexión no se limita a la coincidencia de investigados, sino que también existe documentación común y operaciones económicas y empresariales que aparecen relacionadas en ambas instrucciones.
El juez apunta a Madrid y Zaragoza como centros de las decisiones investigadas
Uno de los principales argumentos para acordar la inhibición es que las presuntas conductas delictivas no habrían tenido su centro de ejecución en Teruel.
La investigación se inició en el sur de Aragón por las posibles consecuencias ambientales de proyectos como el Clúster del Maestrazgo. Sin embargo, el magistrado recuerda que las obras de estas instalaciones todavía no han comenzado, por lo que las afecciones físicas previstas no se han producido.
El foco penal se ha desplazado, por tanto, hacia las actuaciones administrativas que permitieron obtener declaraciones de impacto ambiental favorables y las correspondientes autorizaciones. Estas decisiones se adoptaron en órganos del MITECO, en Madrid, y del INAGA, en Zaragoza.
El instructor explica que la posible prevaricación y el presunto tráfico de influencias se habrían producido en los lugares donde desarrollaban su actividad las autoridades o funcionarios implicados.
En particular, considera que el delito de mayor gravedad entre los investigados sería el cohecho, cuyo supuesto núcleo se situaría en el MITECO, aunque pudiera tener antecedentes en el INAGA.
La resolución examina la posibilidad de dividir las diligencias entre órganos judiciales de Madrid y Zaragoza, pero finalmente opta por su remisión conjunta a la Audiencia Nacional para mantener la unidad de la investigación.
Reuniones con Santos Cerdán y operaciones societarias bajo sospecha
El auto también recoge posibles conexiones entre la investigación de Forestalia y las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional sobre una presunta red de intermediación identificada en la documentación judicial como “Irurok”.
Entre los elementos incorporados a la investigación figura información que sitúa entre mayo y julio de 2021 varias reuniones en el domicilio de Fernando Samper, en Zaragoza, en las que habrían participado Santos Cerdán y Joseba Antxón A. E., relacionadas presuntamente con proyectos de energías renovables de Forestalia.
Según la hipótesis recogida en el auto, estos contactos podrían haber formado parte de un entramado destinado a facilitar la obtención de autorizaciones administrativas para proyectos renovables. Para ello, determinadas sociedades vinculadas a estas instalaciones habrían sido adquiridas por personas relacionadas con los intermediarios y posteriormente revendidas al entorno empresarial de Forestalia, una vez obtenidos los permisos, con importantes beneficios económicos.
El magistrado señala que estos movimientos societarios podrían haber tenido como finalidad generar fondos destinados a presuntas contraprestaciones a responsables del MITECO. No obstante, advierte de que esta hipótesis deberá confirmarse o descartarse a partir de los informes policiales pendientes.
La investigación se concreta especialmente en los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II, proyectados en Puertomingalvo y Linares de Mora, y vinculados a las sociedades Energías Renovables Quirón y Energías Renovables Satet.
Según el auto, ambas sociedades fueron adquiridas el 17 de mayo de 2022 por 141.000 euros mediante una operación vinculada a Joseba Antxón A. E. La documentación judicial recoge que posteriormente se produjo una recompra por parte del entorno empresarial de Forestalia por 6,8 millones de euros.
Entre ambas operaciones se produjeron varios hitos administrativos: las declaraciones de impacto ambiental fueron publicadas en diciembre de 2022 y las autorizaciones administrativas previas se concedieron en abril de 2023.
El instructor examina esta secuencia de operaciones mercantiles y autorizaciones ambientales por su posible relación con delitos de prevaricación, tráfico de influencias y cohecho. La existencia de estas operaciones económicas no acredita por sí misma el pago de sobornos ni la comisión de delitos, cuestiones que continúan bajo investigación judicial.
El papel del antiguo responsable de Evaluación Ambiental del MITECO
La resolución vuelve a situar bajo el foco a Eugenio Domínguez, antiguo subdirector general de Evaluación Ambiental del MITECO. El magistrado señala que su actuación está siendo investigada por la tramitación de declaraciones ambientales favorables de determinados proyectos, que habrían avanzado con una rapidez superior a la de los expedientes de otros promotores y a cambio de presuntas ventajas económicas.
El auto destaca la relevancia de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que incluyen declaraciones de funcionarios, escrituras notariales y análisis técnicos.
En particular, menciona una pericial policial sobre los parques fotovoltaicos Masía I y Masía II que apunta a graves carencias técnicas en sus declaraciones de impacto ambiental.
El magistrado también recuerda los testimonios recabados entre personal del MITECO y del INAGA, relevantes para esclarecer cómo se desarrollaron los procedimientos administrativos.
La investigación deberá determinar si existieron decisiones arbitrarias, influencias indebidas o contraprestaciones económicas relacionadas con las autorizaciones ambientales.
Una inhibición anunciada desde hace meses
La decisión de remitir las diligencias a la Audiencia Nacional no es inesperada. El juez de Teruel había planteado esta posibilidad en diferentes resoluciones dictadas a lo largo de 2026. Sin embargo, consideraba necesario resolver antes los recursos e incidentes procesales planteados por las defensas para delimitar correctamente el objeto de la investigación.
En su auto del 17 de noviembre recuerda que ya había anunciado la eventual inhibición en febrero y que volvió a abordarla en resoluciones de mayo, junio y agosto.
El magistrado explica que su intención era evitar que el procedimiento llegara a otro órgano judicial con cuestiones pendientes que pudieran afectar a las diligencias ya practicadas.
Una vez resueltos por la Audiencia de Teruel los principales recursos de apelación, entiende que se ha “depurado el perímetro de la instrucción” y que procede acordar el traslado. Entre las resoluciones previas destacan las que rechazaron distintas pretensiones de nulidad formuladas por personas investigadas.
El juez precisa, además, que continúa pendiente una apelación relacionada con la denegación de una ampliación de denuncia, pero considera que ya no impide la inhibición.
La causa penal y los recursos contra el Clúster del Maestrazgo
El traslado de la investigación se produce en un momento especialmente relevante para el futuro del Clúster del Maestrazgo, el macroproyecto eólico impulsado inicialmente por Forestalia y posteriormente adquirido por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).
El Tribunal Supremo desestimó el pasado 26 de octubre uno de los cinco recursos contencioso-administrativos planteados contra el proyecto, concretamente el referido al parque El Cid I y a la evaluación ambiental conjunta de sus 22 parques eólicos.
Sin embargo, aquella sentencia no resolvía las posibles responsabilidades penales relacionadas con la tramitación de las declaraciones ambientales.
AraInfo explicó entonces que el Supremo había avalado la tramitación pese a reconocer defectos formales, mientras el caso Forestalia continuaba abierto. La Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel recordó posteriormente que quedaban cuatro recursos contencioso-administrativos pendientes y que no existía un aval judicial definitivo al conjunto del proyecto.
La nueva resolución del juez de Teruel no decide sobre la validez de las autorizaciones administrativas ni levanta las suspensiones que puedan afectar a las obras. Su objeto es determinar qué órgano judicial debe continuar investigando los posibles delitos. Tampoco supone que la Audiencia Nacional haya dictado una resolución aceptando ya la totalidad de las diligencias remitidas.
Lo que establece el auto es que las presuntas irregularidades investigadas en Teruel forman parte, a juicio de su instructor, de una trama más amplia y que deben examinarse de manera conjunta.
La investigación del caso Forestalia no se cierra: cambia de sede judicial y queda vinculada a unas diligencias de mayor alcance sobre posibles actuaciones de corrupción.



