La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ha respondido a la sentencia del Tribunal Supremo que desestima uno de los recursos contra el Clúster del Maestrazgo y rechaza que este pronunciamiento pueda interpretarse como un respaldo definitivo al macroproyecto eólico. La organización recuerda que todavía quedan procedimientos judiciales pendientes, que las obras siguen suspendidas y que la investigación penal sobre las presuntas irregularidades en la tramitación ambiental de Forestalia continúa abierta.
La reacción llega después de que este martes se conociera la resolución de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que desestima el recurso presentado contra la autorización del parque eólico El Cid I, en Cantavieja, y la evaluación ambiental conjunta del Clúster del Maestrazgo. La Plataforma explica que ha esperado a acceder a la sentencia y analizar su contenido antes de hacer pública su valoración.
La organización considera necesario “rebajar la euforia” de quienes han presentado el fallo como un aval definitivo al proyecto. En particular, cuestiona las declaraciones de la asociación de alcaldes Viento Alto y las informaciones que, a su juicio, han dado por zanjada una controversia judicial que sigue abierta.
Una sentencia desfavorable y otros cuatro recursos pendientes
Paisajes de Teruel insiste en que la resolución conocida el martes afecta únicamente a uno de los cinco recursos contencioso-administrativos planteados contra el macroproyecto. Frente a las afirmaciones de Viento Alto, sostiene que no se trata de una tercera sentencia, sino de la primera resolución de estos procedimientos.
Según la Plataforma, los otros cuatro recursos continúan pendientes ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La nota difundida por la organización contiene una discrepancia al mencionar posteriormente tres procedimientos pendientes, aunque tanto su titular como el balance inicial hablan de cuatro.
La Plataforma anuncia, además, su intención de continuar la oposición judicial por la vía europea. “No puede considerarse ningún aval definitivo al Clúster del Maestrazgo, a no ser que se confunda deseo con realidad”, advierte.
Otro de los aspectos que subraya es que la sentencia no permite comenzar automáticamente las obras. Paisajes de Teruel recuerda que sigue vigente la suspensión impuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), por lo que rechaza cualquier interpretación del fallo como una autorización inmediata para iniciar los trabajos.
Una declaración ambiental bajo investigación penal
La principal crítica de la Plataforma se dirige a la utilización de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Clúster del Maestrazgo como fundamento para desestimar las objeciones ambientales planteadas en el recurso.
La organización reconoce que el Supremo considera ajustada a derecho la tramitación administrativa examinada, pero cuestiona que no haya tenido en cuenta las sospechas de fraude que pesan sobre la elaboración de esa misma declaración ambiental.
“El tribunal argumenta que el expediente demandado fue tramitado administrativamente de forma correcta, sin embargo, obvia que dicha tramitación (aunque formalmente correcta), fue presuntamente fraudulenta”, sostiene Paisajes de Teruel.
La Plataforma considera especialmente contradictorio que el Supremo descarte la existencia de afecciones ambientales significativas diferentes de las previstas originalmente apoyándose en el contenido de una DIA cuya tramitación está siendo investigada por la justicia penal.
Desde su perspectiva, la sentencia presenta importantes insuficiencias al remitir a una evaluación ambiental que precisamente constituye uno de los elementos centrales de las diligencias abiertas sobre Forestalia.
La organización recuerda que el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel investiga posibles delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal relacionados con la tramitación de proyectos renovables de la compañía.
La investigación examina, entre otras cuestiones, posibles manipulaciones de declaraciones de impacto ambiental en el MITECO y en el Instituto Aragonés de Gestión Ambietal (INAGA). Se trata de presuntas irregularidades pendientes de esclarecimiento judicial, no de delitos acreditados mediante sentencia.
Paisajes de Teruel también vincula la presunta trama investigada con los casos relacionados con Leire Díez y Santos Cerdán, una conexión que plantea en su comunicado y que no ha sido establecida por la sentencia del Supremo.
Críticas al “interés público superior” de un proyecto privado
Otro de los puntos que provoca el rechazo de la Plataforma es la aplicación del concepto de “interés público superior” a las instalaciones renovables del Clúster del Maestrazgo.
La organización considera especialmente preocupante que el Supremo utilice este argumento para respaldar un proyecto promovido por empresas privadas, cuando la propia sentencia reconoce que la promoción de instalaciones renovables es una actividad liberalizada.
Paisajes de Teruel cuestiona también la aplicación de una disposición europea que, según sostiene, no había sido incorporada al ordenamiento estatal en los términos invocados por el tribunal.
Para la Plataforma, resulta “profundamente descorazonador” que se invoque el interés público superior para justificar un macroproyecto que, a su juicio, responde fundamentalmente a los intereses económicos de sus promotores.
Paisajes de Teruel rechaza que este modelo de implantación renovable pueda presentarse sin más como una herramienta contra el cambio climático. Denuncia que los grandes proyectos energéticos instalados en el medio rural se apoyan en procesos de expropiación, pérdida de control sobre el territorio y afecciones ambientales y paisajísticas.
Frente a ese modelo, la Plataformas defiende una transición energética “descentralizada, democrática y descarbonizada”, que permita avanzar en la reducción de emisiones sin reproducir la concentración del negocio eléctrico ni trasladar sus principales impactos a las poblaciones rurales.
La organización también critica a los partidos políticos que, en su opinión, respaldan un modelo favorable a los intereses del oligopolio energético y a compañías cuya actuación está siendo investigada judicialmente.
“El camino no acaba aquí”: la Plataforma mantiene su confianza en la vía penal
La valoración de Paisajes de Teruel llega apenas unas horas después de conocerse otra resolución del Supremo, esta vez favorable a la defensa del territorio: la inadmisión del recurso de casación de la promotora del parque eólico “Santos de la Piedra”, en Pozondón, que deja firme la sentencia que anuló la prórroga de su declaración ambiental.
La Plataforma recibió aquella decisión como una victoria judicial y celebró la posibilidad de exigir el desmantelamiento de las instalaciones. El posterior fallo sobre el Clúster del Maestrazgo supuso, en sus propias palabras, un “inexplicable jarro de agua fría”.
Pese a la decepción, la organización insiste en que el futuro del macroproyecto no está decidido.
A los recursos contencioso-administrativos pendientes y a la suspensión de las obras se suma la investigación penal del caso Forestalia, que la Plataforma considera determinante para esclarecer cómo se tramitaron las autorizaciones ambientales.
En este sentido, reclama que el juzgado instructor y la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil puedan continuar sus investigaciones y determinar si existieron actuaciones delictivas durante la tramitación del Clúster del Maestrazgo.
Para Paisajes de Teruel, los indicios que obran en la instrucción impiden dar por resuelta la controversia sobre la legitimidad del proyecto. La organización mantiene así su oposición al macroproyecto y advierte de que seguirá utilizando las vías judiciales disponibles para intentar detenerlo.
“Debe dejarse al juzgado de instrucción y a la UCOMA proseguir las investigaciones para determinar la legitimidad penal del Clúster Maestrazgo”, concluye la Plataforma.
