La posible privatización de los archivos clínicos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y de los centros de especialidades médicas (CME) Ramón y Cajal y San José ha provocado las denuncias de CCOO y CUT, que alertan de sus consecuencias para la atención sanitaria, la protección de los datos personales y las condiciones laborales del personal público.
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Aragón denuncia que el Servicio Aragonés de Salud (Salud), controlado por el Gobierno de Jorge Azcón (PP-Vox), prepara la externalización de un servicio que custodia 395.000 historias clínicas en el Miguel Servet y otras 160.000 en los dos centros de especialidades. En total, unas 555.000 historias clínicas físicas cuya gestión podría pasar a manos de una empresa privada.
El sindicato advierte de que la medida podría afectar a hasta 47 trabajadores y trabajadoras de distintas categorías profesionales, entre ellas auxiliares administrativos, celadores, personal administrativo, jefaturas y personal facultativo. Sin embargo, denuncia que todavía no se ha facilitado por escrito a la Junta de Personal del Sector Zaragoza II la información sobre las consecuencias laborales de la operación.
Por su parte, CUT considera que el traslado de los archivos fuera del centro hospitalario y su custodia por una empresa privada supondrían un nuevo paso en la privatización de la sanidad pública aragonesa. El sindicato pone especial énfasis en la confidencialidad de los historiales médicos y en la necesidad de garantizar que el personal sanitario pueda acceder a ellos de manera inmediata cuando resulte necesario.
CCOO denuncia opacidad, visitas de empresas privadas y ausencia de negociación
Uno de los principales reproches de CCOO es la falta de información durante los meses previos a la decisión. El sindicato asegura que, pese a las noticias aparecidas sobre la posible externalización, la gerencia no ha ofrecido explicaciones suficientes a la representación de la plantilla. Además, denuncia que al menos tres empresas privadas han visitado el servicio de archivos sin que, según la información de la que dispone, se haya publicado todavía una licitación.
La sección sindical de CCOO en el Miguel Servet cuestiona tanto el procedimiento como la decisión de prescindir de la gestión directa de un servicio que considera imprescindible para el funcionamiento cotidiano del hospital.
Según explica, la gerente del Sector Zaragoza II, Patricia Palazón, justificó la medida por motivos de seguridad y evacuación, así como por las futuras obras del servicio de Farmacia. CCOO señala que Palazón sostuvo que no existía una motivación ideológica detrás de la decisión y que tampoco había posibilidad de negociación. El sindicato rechaza estos argumentos y recuerda que, a su juicio, existen otros espacios del hospital que llevan años incumpliendo determinadas exigencias de prevención y evacuación sin que se hayan adoptado medidas equivalentes.
Para CCOO, la decisión de externalizar el archivo no puede desligarse de una política de gestión que, denuncia, prioriza la contratación de empresas privadas frente al aprovechamiento de los recursos y del personal del sistema público.
Historias clínicas que se necesitan a cualquier hora del día
Más allá de las consecuencias laborales, las y los trabajadores del archivo alertan de las dificultades asistenciales que podría provocar el traslado de la documentación fuera del hospital.
CCOO recuerda que las historias clínicas físicas siguen utilizándose diariamente en numerosos servicios y que algunas deben estar disponibles de manera inmediata, las 24 horas del día y durante todo el año.
Entre los ejemplos que menciona figuran los tratamientos de fecundación in vitro, en los que la paciente puede necesitar atención en un día concreto de su ciclo ovulatorio; los procesos oncológicos y las intervenciones relacionadas con trasplantes, que pueden requerir consultar urgentemente documentación clínica.
El sindicato también expresa su preocupación por los documentos de filiación entre madres e hijos, así como por la documentación relativa a las pruebas genéticas realizadas a recién nacidos.
Actualmente, las historias clínicas físicas continúan enviándose a las plantas de hospitalización, a distintas consultas externas, a Traumatología y al Hospital Materno Infantil.
CCOO advierte de que sustituir este circuito por solicitudes a una empresa externa podría generar dificultades en situaciones donde la rapidez de acceso resulta determinante.
A ello añade la existencia de historias clínicas especialmente custodiadas, que permanecen dentro del hospital bajo medidas de seguridad reforzadas y a las que solo puede acceder un número limitado de profesionales.
El sindicato denuncia que no se ha explicado qué ocurrirá con esta documentación ni cómo se garantizarán las condiciones actuales de custodia y acceso.
Las cifras de actividad que cuestionan las y los trabajadores
La sección sindical de CCOO también pone en duda los datos utilizados para justificar la externalización. Según explica, la información facilitada a la Junta de Personal refleja un descenso en el uso de historias clínicas en papel. Sin embargo, el sindicato considera que las cifras no representan la actividad real del servicio.
Como ejemplo, señala que no se han contabilizado 3.642 historias clínicas entregadas directamente en el archivo, bien por necesidades urgentes o porque habían sido solicitadas con menos de 72 horas de antelación. Además, denuncia una importante discrepancia en los registros correspondientes a octubre.
Mientras que, según CCOO, la información comunicada a la representación laboral recogía unos 4.000 usos de historias clínicas físicas, las y los trabajadores contabilizan 12.000 durante ese mismo mes.
Esta diferencia resulta especialmente relevante para el sindicato, que cuestiona que se adopte una decisión de tal alcance sin disponer de una evaluación completa de las necesidades asistenciales.
Según la información trasladada a la Junta de Personal, la intención de la gerencia sería incluir en los pliegos de contratación la obligación de disponer de una aplicación informática mediante la que el hospital solicitaría la documentación necesaria.
La empresa adjudicataria tendría que localizar los documentos, digitalizarlos y remitirlos por medios electrónicos. Sin embargo, CCOO considera que este procedimiento puede resultar insuficiente porque, en numerosas ocasiones, el personal sanitario necesita consultar la historia clínica completa y no únicamente un documento aislado.
El sindicato denuncia también que no se ha informado sobre el protocolo que utilizaría la empresa para localizar las historias. Actualmente, el archivo del Miguel Servet dispone de un sistema de clasificación por números de historia clínica, organizado por sectores, que permite localizar rápidamente la documentación física.
Las y los trabajadores aseguran que han solicitado en numerosas ocasiones escáneres y ordenadores para realizar la digitalización directamente desde el hospital, sin que la gerencia haya atendido estas peticiones.
CCOO considera que dotar al servicio de los medios necesarios permitiría avanzar en la digitalización manteniendo la gestión pública y aprovechando la experiencia de su plantilla.
Los problemas que ya denuncia CCOO en el archivo externalizado
La privatización de parte de los archivos clínicos no sería completamente nueva. CCOO recuerda que las denominadas historias clínicas pasivas, correspondientes a pacientes fallecidos o que no han recibido atención durante los últimos cinco años, ya son gestionadas por una empresa privada.
Según el sindicato, esta empresa digitaliza la documentación mediante un programa informático externo, pero las y los trabajadores del archivo denuncian numerosos problemas en el resultado.
Entre ellos destacan fallos de escaneo y deficiencias en la calidad de las imágenes diagnósticas, que pueden dificultar la correcta consulta de los documentos. Además, actualmente es el personal público de la unidad quien incorpora una firma electrónica a cada documento recibido de la empresa.
CCOO advierte de que no se ha explicado cómo se mantendría este procedimiento de validación si la externalización se ampliara al volumen de historias clínicas que ahora se pretende trasladar.
CUT alerta sobre la confidencialidad de los datos médicos
Por su parte, CUT centra su denuncia en la protección de la intimidad y la confidencialidad de los historiales clínicos, derechos que considera fundamentales y vinculados a la dignidad de las personas.
El sindicato recuerda que el artículo 18 de la Constitución protege la intimidad personal y familiar, mientras que la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, establece en su artículo 7 el derecho a la confidencialidad de los datos de salud.
También invoca el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que establecen una protección reforzada para esta información.
CUT advierte de que la eventual custodia externa podría aumentar los riesgos de acceso indebido o filtración de datos especialmente sensibles. En particular, expresa su preocupación por la posibilidad de que información clínica pudiera terminar en manos de aseguradoras, mutuas u hospitales privados.
El sindicato recuerda que el acceso no autorizado o la revelación indebida de información médica puede dar lugar a infracciones en materia de protección de datos y, en determinadas circunstancias, constituir un delito de revelación de secretos.
No obstante, la contratación de una empresa externa no supone por sí misma que esta adquiera la propiedad de los historiales clínicos ni que pueda utilizarlos libremente. La legislación exige garantías específicas de confidencialidad, seguridad y control del tratamiento de los datos. La denuncia sindical se centra en los riesgos que podría introducir la externalización y en la ausencia de explicaciones sobre cómo se garantizarían esas obligaciones.
CUT sostiene que la documentación debería permanecer bajo custodia directa del Salud y ser accesible de forma rápida para sus profesionales, sin depender de una empresa privada.
CHA ya había exigido explicaciones y la rectificación del Gobierno de Aragón
La polémica no es nueva. El pasado 1 de noviembre, AraInfo informó de la denuncia de Chunta Aragonesista (CHA), que había registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones sobre la externalización del Archivo de Historias Clínicas del Miguel Servet.
Su portavoz de Sanidad, Isabel Lasobras, reclamó al consejero Ángel Sanz Barea que detallara los criterios asistenciales, organizativos y económicos que justifican la decisión, el procedimiento administrativo empleado, el coste de la contratación, los plazos previstos y las condiciones del pliego. También exigió comparar el coste de la externalización con el mantenimiento de la gestión directa mediante recursos del Salud.
CHA pidió igualmente información sobre el futuro de la plantilla, tanto del personal fijo como del interino, temporal y eventual, y sobre las garantías para evitar la destrucción de empleo o el deterioro de las condiciones laborales.
En cuanto a la documentación clínica, Lasobras reclamó conocer las medidas de seguridad y trazabilidad previstas para preservar la confidencialidad, integridad y custodia de los historiales durante su traslado y almacenamiento fuera de las instalaciones sanitarias públicas.
La formación también cuestionó la tramitación urgente y la falta de información previa a los representantes sindicales y profesionales afectados. Por todo ello, exigió que la DGA “rectifique esta decisión, que implica una dificultad añadida para garantizar los derechos de la plantilla y la seguridad e integridad de las historias clínicas”.
Los sindicatos no descartan movilizaciones
CCOO y CUT coinciden en exigir que se paralice la externalización y se garantice la continuidad de la gestión pública de las historias clínicas.
CCOO denuncia expresamente la ausencia de negociación con la gerencia del Sector Zaragoza II y anuncia posibles movilizaciones y otras acciones para frenar la privatización. El sindicato anima también a las asociaciones de pacientes a solicitar información ante los organismos aragoneses de defensa de sus derechos.
CUT, por su parte, llama a mantenerse alerta y a movilizarse si resulta necesario para evitar que la custodia de los historiales clínicos deje de estar directamente en manos del personal del Salud.
Ambas organizaciones reclaman que el dinero presupuestado para la sanidad pública aragonesa se destine a reforzar sus propios servicios y no a ampliar la contratación privada.
La controversia se produce, además, en un contexto de denuncias sobre el avance de las externalizaciones sanitarias en Aragón. El reciente informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), elaborado a partir del duodécimo estudio de la FADSP, ya advertía de la intervención de empresas privadas en ámbitos como la historia clínica electrónica, la receta electrónica, los centros de atención telefónica y Salud Informa.
Ahora, la posible externalización de los archivos físicos del Miguel Servet y de los centros de especialidades Ramón y Cajal y San José abre un nuevo frente de conflicto sobre quién debe custodiar la documentación clínica, cómo garantizar su disponibilidad inmediata y qué papel deben desempeñar las empresas privadas en la sanidad pública aragonesa.
