La privatización de la sanidad pública no empieza necesariamente cuando una administración firma un concierto con una empresa privada. Comienza antes, cuando se debilita la Atención Primaria, se abandona la prevención, se reduce la capacidad de planificación pública y las necesidades de salud de la población dejan de ocupar el centro del sistema sanitario. Esta es una de las principales advertencias de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA) en su informe sobre la privatización sanitaria y su concreción en Aragón.
El documento aragonés, elaborado a partir del duodécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), presentado el pasado 7 de octubre, examina cómo el avance de la sanidad privada se manifiesta en los presupuestos públicos, los conciertos, la contratación de profesionales, las derivaciones asistenciales y el dinero que las familias deben destinar a seguros, consultas y tratamientos.
La ADSPA advierte de que la privatización también se introduce mediante una lógica empresarial que transforma el funcionamiento de los servicios públicos. En su análisis, denuncia que el sistema pasa de atender las necesidades de salud de la población a funcionar como un “aparato de reparación” de enfermedades, sustituyendo los resultados sanitarios por indicadores de actividad, debilitando la planificación y reduciendo la participación profesional y social.
Los datos del estudio sitúan a Aragón con 22 puntos en el índice de privatización, empatado con Galiza y por encima de la media de los territorios analizados. ADSPA destaca su posición en la clasificación, aunque la evolución muestra que la puntuación aragonesa ha descendido desde los 24 puntos de 2025 y permanece por encima de los 17 registrados en 2014.
El indicador es comparativo y no mide directamente cuánto dinero se privatiza. Para elaborarlo, la FADSP combina información sobre seguros sanitarios, gasto de bolsillo, conciertos, camas y tecnología privadas, utilización de consultas particulares, concesiones administrativas y dedicación exclusiva del personal sanitario. Los datos proceden mayoritariamente de 2025, aunque algunos indicadores corresponden a 2024.
Cerca de 118 millones para conciertos sanitarios en Aragón
Uno de los apartados centrales del informe aragonés es el dinero público destinado a financiar prestaciones mediante entidades privadas. ADSPA señala que el presupuesto de 2025 contemplaba cerca de 115 millones de euros para conciertos sanitarios, una cantidad que posteriormente se incrementó en otros 2,6 millones mediante una modificación de crédito.
La asociación recuerda que los conciertos constituyen solo una de las vías de transferencia de recursos públicos al sector privado. También identifica la contratación de asistencia sanitaria por medios ajenos, terapias respiratorias, diálisis, transporte sanitario, derivaciones asistenciales y servicios no clínicos como lavanderías, cocinas, aparcamientos o mantenimiento.
A estas modalidades añade las mutualidades de funcionarios —MUFACE, MUGEJU e ISFAS—, mediante las que se financia con dinero público la atención prestada por aseguradoras privadas a quienes eligen esa cobertura.
La FADSP advierte, además, de que las cifras oficiales de contratación pueden estar infravaloradas. Según explica, determinadas administraciones contabilizan servicios externalizados en partidas distintas de las destinadas expresamente a conciertos, lo que dificulta conocer el volumen real de fondos transferidos.
En un análisis específico de Andalucía e Illes Balears, la federación sostiene que incorporar esas partidas elevaría la transferencia contabilizada al sector privado hasta casi duplicar el importe registrado como conciertos. No presenta, sin embargo, un cálculo equivalente para Aragón.
MAZ: urgencias hospitalarias y asistencia especializada para miles de personas
Entre los ejemplos concretos de externalización en Aragón, ADSPA destaca la cesión de actividad asistencial a la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ). Según el documento, esta entidad asume la atención de urgencias hospitalarias, incluida la hospitalización urgente, para una población superior a 11.000 habitantes.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón denuncia igualmente la cesión de atención y pruebas sanitarias de distintas especialidades para 56.000 habitantes del Sector I de Zaragoza. Ambas situaciones figuran en el informe como ejemplos de transferencia de funciones asistenciales del sistema sanitario público a entidades externas.
ADSPA incorpora también una comparación sobre la actividad hospitalaria durante la pandemia. Recuerda que, en uno de los momentos de mayor presión asistencial, el 15 de enero de 2021, había 491 pacientes ingresados por covid en hospitales públicos aragoneses frente a 28 en hospitales privados, uno de ellos en MAZ.
La entidad utiliza estos datos históricos para cuestionar el papel que desempeña la red privada en la cobertura de las necesidades sanitarias de la población, especialmente en situaciones de elevada demanda asistencial.
Ribera Salud, Quirón y la contratación privada de personal para hospitales públicos
La externalización no se limita a la prestación de servicios. ADSPA dedica un apartado específico a lo que denomina “privatización de la cobertura de plazas sanitarias”.
La asociación denuncia el incremento del gasto público destinado a empresas privadas para contratar profesionales que trabajan en centros del sistema público. A su juicio, esta fórmula implica mayores costes, menor control público y un debilitamiento de la capacidad del Servicio Aragonés de Salud para disponer de plantillas estables.
El informe identifica un problema estructural que afecta especialmente a los hospitales situados fuera de Zaragoza, y cita expresamente los de Teruel, Alcañiz, Balbastro, Calatayud, Uesca y Chaca.
En este contexto, ADSPA señala la contratación de personal médico mediante Ribera Salud y menciona también el peso del grupo sanitario privado Quirón en Aragón. Según el documento, los contratos asociados a Ribera Salud alcanzan hasta 3,2 millones de euros en un periodo de apenas 14 meses.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón cuestiona que la falta de profesionales dispuestos a trabajar en la sanidad pública se utilice para justificar estas contrataciones. Sostiene que durante años se han retrasado las oposiciones correspondientes a plazas vacantes de Atención Especializada y Medicina de Familia, contribuyendo al deterioro del servicio público.
Las consecuencias, advierte, son especialmente graves en la Atención Primaria rural, donde la continuidad asistencial y el seguimiento por profesionales de Medicina de Familia resultan fundamentales para evitar complicaciones y reducir visitas a urgencias.
Frente a esta situación, ADSPA reclama que todos los centros públicos dispongan de plantillas estructurales definidas por servicios y especialidades, actualizadas periódicamente y accesibles públicamente, así como convocatorias regulares para cubrir las plazas vacantes.
También exige mejorar las condiciones laborales para fidelizar a las y los profesionales y recuperar la dedicación exclusiva, especialmente entre jefaturas de servicio y cargos directivos, con el objetivo de prevenir posibles conflictos de intereses entre la gestión pública y la actividad privada.
Aragón: 623,59 euros anuales de gasto sanitario de bolsillo por habitante
La privatización también tiene una dimensión económica que afecta directamente a los hogares. Según los indicadores recogidos por la FADSP, el gasto sanitario de bolsillo en Aragón alcanza los 623,59 euros anuales por habitante, uno de los registros más elevados entre los territorios analizados.
Se trata del dinero que la población paga directamente por prestaciones, productos o servicios sanitarios, incluidos algunos que no están cubiertos por el sistema público.
El gasto aragonés se sitúa por encima de la media estatal de 566,40 euros y ha aumentado un 32,5% respecto a los 471 euros registrados en 2014. No obstante, el último dato es inferior a los 659 euros que recoge la serie anterior para 2025.
ADSPA advierte de que este desembolso no afecta por igual a toda la población. Quienes disponen de recursos pueden recurrir a consultas privadas o contratar seguros, mientras que las personas con menos ingresos encuentran mayores dificultades para acceder a determinados tratamientos.
El informe señala que las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas pueden encontrar dificultades para obtener cobertura privada o deben afrontar primas más elevadas.
A ello se suma la desigualdad territorial: vivir en el medio rural implica mayores dificultades de acceso a determinados recursos sanitarios, una situación especialmente relevante en Aragón por la dispersión de su población.
Los seguros privados crecen un 88% desde 2014
El gasto en seguros sanitarios privados constituye otro de los indicadores destacados del informe. En Aragón alcanza los 235 euros anuales por habitante, frente a los 125 euros de 2014. La subida acumulada es del 88%, superior al crecimiento medio del 81% recogido en la serie estatal.
La cifra sitúa a Aragón entre los territorios con mayor gasto por habitante en aseguramiento privado.
El documento también destaca que el 4,7% de la población total aragonesa corresponde a personas afiliadas a mutualidades de funcionarios que han elegido la asistencia mediante aseguradoras privadas, el porcentaje más elevado de los territorios comparados.
Otro indicador relevante es la utilización de consultas privadas de Medicina de Familia. Según el Barómetro Sanitario utilizado por la FADSP, el 23,1% de las personas encuestadas en Aragón había acudido a este tipo de consultas, incluyendo a quienes utilizan tanto la sanidad pública como la privada.
Para ADSPA, estas cifras deben interpretarse junto al deterioro de la accesibilidad del sistema público. La asociación considera que las demoras y las dificultades para conseguir atención empujan a parte de la población hacia la contratación privada, siempre que su situación económica se lo permita.
Salud mental, adicciones y servicios concertados
El informe aragonés aborda también la presencia de entidades externas en la atención a la salud mental y en los servicios sociosanitarios.
ADSPA recuerda que el Hospital San Juan de Dios de Zaragoza mantiene convenios de colaboración con el Gobierno de Aragón para prestaciones sociosanitarias, atención de media y larga estancia, hospital de día, asistencia bucodental a personas adultas con discapacidad, hemodiálisis y cuidados paliativos.
En el ámbito de la salud mental, describe la proliferación de asociaciones, fundaciones y cooperativas vinculadas a diferentes patologías y dependientes de financiación pública. Entre los ejemplos de externalización cita la gestión de las Unidades de Atención y Seguimiento de Adicciones mediante Cruz Roja y Proyecto Hombre.
La asociación distingue la presencia de entidades sin ánimo de lucro de la entrada de empresas mercantiles y fondos de inversión en la prestación sanitaria. Su preocupación se centra especialmente en la posibilidad de que la atención quede condicionada por objetivos económicos ajenos a las necesidades de salud.
ADSPA advierte de que este proceso puede fragmentar la asistencia, debilitar la planificación pública y dificultar la coordinación de los recursos disponibles.
Los datos de pacientes, otro ámbito de preocupación
La privatización de la gestión de información sanitaria ocupa también un apartado específico del documento. ADSPA menciona la historia clínica electrónica, la receta electrónica, los centros de atención telefónica y Salud Informa entre los ámbitos donde denuncia la intervención de empresas privadas.
La asociación alerta del riesgo que, a su juicio, supone trasladar a entidades mercantiles funciones relacionadas con información especialmente sensible de las personas usuarias. También cuestiona la falta de transparencia que dificulta conocer y evaluar los resultados de determinados servicios externalizados.
El documento menciona, asimismo, otras relaciones y convenios privados, entre ellos la asistencia religiosa en centros sanitarios públicos y el Banco de Sangre.
La FADSP señala además la industria farmacéutica, la biotecnología, la digitalización y la inteligencia artificial como ámbitos que requieren vigilancia, aunque aclara que no forman parte de los indicadores evaluados en esta edición.
Casi 300.000 personas en exclusión social: cuando pagar por la salud no es una opción
ADSPA vincula el avance de la privatización con el aumento de las desigualdades sociales. Para contextualizar esta situación, incorpora datos del informe FOESSA Aragón 2025, según el cual casi 300.000 personas viven en situación de exclusión social, el 22,9% de la población aragonesa.
El documento señala que las dificultades económicas para adquirir medicamentos, prótesis o seguir tratamientos y dietas prescritas afectan al 13% de los hogares aragoneses.
La asociación advierte de que la pérdida de accesibilidad de los servicios públicos agrava especialmente la situación de las personas con enfermedades crónicas, las rentas bajas, la población envejecida, las mujeres y quienes viven en el medio rural.
El informe estatal insiste en que el deterioro de la sanidad pública debilita uno de los principales mecanismos de protección frente a las desigualdades. En este contexto, la posibilidad de contratar un seguro o acudir a una consulta privada puede convertirse en una ventaja para quienes disponen de recursos económicos, mientras el resto depende de unos servicios públicos sometidos a demoras y limitaciones asistenciales.
Las listas de espera, el motor del negocio sanitario privado
Uno de los argumentos centrales de ambos informes es la relación entre las listas de espera y el crecimiento del aseguramiento privado. La FADSP considera que las demoras asistenciales se utilizan para justificar la contratación de servicios externos bajo el argumento de que la sanidad pública carece de capacidad suficiente para responder a la demanda.
Sin embargo, la federación sostiene que ni los conciertos con clínicas privadas, ni las jornadas extraordinarias —conocidas como “peonadas”—, ni las contrataciones temporales han resuelto estructuralmente las listas de espera.
El estudio estatal señala que las demoras para consultas especializadas e intervenciones quirúrgicas se mantienen o han aumentado respecto a 2019, mientras la espera media en Atención Primaria supera los siete días.
La FADSP denuncia también prácticas de falta de transparencia y lo que denomina “maquillaje” de las listas, como los sistemas que retrasan la asignación de citas y dificultan contabilizar todas las solicitudes pendientes.
Para la federación, el problema no se resuelve exclusivamente incrementando la actividad asistencial, sino reforzando la capacidad de planificación y organización de los servicios públicos.
Entre las medidas que plantea figuran mejorar la coordinación directa entre Atención Primaria y hospitales, revisar las derivaciones, garantizar plantillas estables y recuperar la dedicación exclusiva de quienes ejercen responsabilidades directivas.
Madrid, Illes Balears y Catalunya encabezan el informe estatal
El duodécimo informe de la FADSP examina las diferencias territoriales a partir de indicadores de aseguramiento, financiación, utilización de servicios privados y fórmulas de gestión sanitaria.
Según su clasificación, Madrid obtiene 34 puntos, mientras Illes Balears y Catalunya alcanzan 28. Les siguen Canarias, con 26; la CAV, con 24; Asturies, con 23,5; y Aragón y Galiza, con 22.
El informe destaca que la evolución desde 2014 presenta diferencias importantes. Entre los incrementos más acusados figuran Asturies, con un 95,8%; Extremadura, con un 94,4%; Castilla-La Mancha, con un 90%; Andalucía, con un 70,8%; e Illes Balears, con un 55,6%.
En el conjunto estatal, el gasto sanitario privado ronda los 34.000 millones de euros, aproximadamente el 27% del gasto sanitario total, según los datos utilizados por la federación. El aseguramiento privado alcanzó en 2025 los 14,2 millones de personas.
La FADSP advierte de que la evolución no es uniforme y atribuye las diferencias a las políticas sanitarias desarrolladas en cada territorio. También subraya las limitaciones de la información disponible. Los datos oficiales sobre contratación y externalizaciones no siempre permiten identificar todos los recursos públicos que terminan financiando prestaciones privadas.
La federación considera que esta falta de transparencia impide evaluar adecuadamente los resultados y los costes de determinadas decisiones de gestión.
La FADSP advierte de los efectos de la privatización sobre la salud
Más allá de las cifras presupuestarias, el informe estatal incorpora investigaciones científicas sobre las consecuencias de la externalización sanitaria. Entre ellas cita estudios desarrollados en Inglaterra que encontraron asociaciones entre el incremento de servicios externalizados y mayores tasas de mortalidad evitable, así como investigaciones sobre los efectos de privatizar servicios hospitalarios de limpieza.
También recoge trabajos comparativos internacionales que cuestionan que la gestión privada resulte necesariamente más eficiente que la pública.
A partir de estas investigaciones, la FADSP sostiene que la privatización no puede evaluarse únicamente por el coste económico de los servicios, sino también por sus resultados asistenciales, su accesibilidad y sus efectos sobre la salud de la población.
La federación resume su posición con una afirmación contundente: “Privatizar los servicios sanitarios públicos mata”. Se trata de una conclusión de la organización basada en la literatura científica que recoge su informe, no de una estimación específica de mortalidad atribuible a las externalizaciones sanitarias en Aragón.
ADSPA reclama recuperar la Atención Primaria, reforzar las plantillas y democratizar la sanidad
Frente a este escenario, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón plantea que la respuesta no puede limitarse a aumentar la financiación o defender formalmente la titularidad pública de los centros sanitarios.
La entidad considera imprescindible recuperar el protagonismo de la Atención Primaria y la Salud Pública y Comunitaria, reforzar la prevención y orientar los recursos hacia las necesidades reales de la población.
Reclama igualmente una planificación sanitaria pública capaz de garantizar plantillas suficientes, convocatorias regulares de plazas, condiciones laborales adecuadas y continuidad asistencial, especialmente en los territorios rurales.
ADSPA defiende que las administraciones mantengan el liderazgo sobre las tecnologías sanitarias y los medicamentos, reconozcan al personal sanitario como el principal activo del sistema y recuperen la participación profesional y ciudadana en las decisiones.
La asociación considera que la gestión de la sanidad no puede quedar subordinada a indicadores empresariales ni a la rentabilidad de los servicios. Su informe concluye reclamando una transformación de la gobernanza sanitaria que sitúe nuevamente la prevención, la equidad y la atención comunitaria en el centro de las políticas públicas.
“La sanidad pública no es una empresa que presta servicios sanitarios, es una institución social al servicio de un derecho”, concluye ADSPA.
