CHA ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigida al consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, “para conocer los motivos, el coste económico y las condiciones en las que se va a llevar a cabo la externalización del Archivo de Historias Clínicas del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza”.
La decisión supone “trasladar a una empresa externa la gestión y custodia de la documentación clínica, tanto activa como pasiva, y desalojar los espacios que actualmente ocupa este servicio en el propio centro hospitalario”,destacan desde CHA.
Isabel Lasobras quiere conocer “qué criterios asistenciales, organizativos y económicos justifican esta decisión”, así como el procedimiento administrativo utilizado, la cuantía de la contratación, los plazos previstos y las condiciones establecidas en el pliego.
Asimismo, CHA reclama información detallada para evaluar el impacto de esta reorganización y comparar su coste con el mantenimiento de la gestión directa mediante recursos propios del Servicio Aragonés de Salud (SALUD).
La iniciativa de CHA también pone el foco en la situación de las trabajadoras y los trabajadores afectados, incluidos el personal estatutario fijo, interino, temporal y eventual. Lasobras pregunta al Departamento de Sanidad de la DGA “cuál será el destino de toda la plantilla, en qué condiciones se producirá su reubicación y qué garantías existen para evitar la destrucción de empleo o el deterioro de sus condiciones profesionales”. CHA considera “imprescindible” aclarar las consecuencias laborales de una decisión que afecta directamente a quienes desempeñan este servicio.
Finalmente, CHA solicita información “sobre las medidas de seguridad y trazabilidad que se exigirán a la empresa adjudicataria para preservar la confidencialidad, integridad y correcta custodia de las historias clínicas durante su traslado y almacenamiento fuera de las instalaciones sanitarias públicas”.
Lasobras pregunta asimismo por las razones que han motivado la tramitación urgente y por la falta de información previa y detallada a los representantes sindicales y profesionales afectados.
CHA considera necesario que el gobierno rectifique esta decisión y exige “transparencia sobre una decisión que compromete recursos públicos, afecta a la plantilla y requiere las máximas garantías para proteger una documentación esencial para la atención sanitaria”.
