Las torturas y los malos tratos contra personas migrantes en Ceuta no han cesado pese al anuncio del Ministerio de Defensa de investigar las denuncias. Amnistía Internacional (AI) ha realizado una segunda investigación sobre el terreno y documenta otros 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos, trece de ellos contra menores de edad. Dieciocho se produjeron después de que Defensa anunciara que investigaría las violaciones de derechos humanos denunciadas por la organización y los videos publicados por elDiario.es.
La nueva documentación, facilitada a AraInfo por Amnistía Internacional, recoge agresiones con puñetazos, patadas, porras e incluso armas eléctricas tipo táser, generalmente atribuidas a militares de Regulares. Personas migrantes que dormían en la calle fueron despertadas a golpes. Algunas sufrieron fracturas de piernas, lesiones en las órbitas oculares, traumatismos craneales, heridas que necesitaron puntos de sutura y hematomas.
La organización ha vuelto a contrastar testimonios con fotografías, vídeos y partes médicos. En total, desde el 30 de julio ha documentado 50 casos de torturas, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, atribuidos principalmente a militares, aunque también a miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sus equipos visitaron Ceuta entre el 10 y el 15 de septiembre y nuevamente entre el 23 y el 26 de octubre.
Los abusos continúan pese al anuncio de Defensa
El pasado 30 de septiembre, Amnistía Internacional hizo pública su primera investigación sobre la violencia ejercida contra personas migrantes en Ceuta. Como informó entonces AraInfo, la organización documentó agresiones, amenazas, expulsiones sumarias y condiciones indignas de acogida. Señaló especialmente a unidades de Regulares y de la Legión y advirtió de que algunos abusos podían constituir tortura.
Tras aquellas denuncias, el Ministerio español de Defensa, dirigido por Margarita Robles, anunció una investigación. Sin embargo, Amnistía asegura que no tiene constancia de militares concretos investigados por torturas y malos tratos, ni de que hayan sido apartados de sus funciones o de que se hayan establecido medidas suficientes para proteger a víctimas y testigos.
“Tras el anuncio del Ministerio de Defensa de la apertura de una investigación, era de esperar que cesaran los malos tratos, pero no ha sido así: son persistentes, y muestran la impunidad con la que los perpetradores de violaciones de derechos humanos han actuado y, en algunas ocasiones, siguen actuando”, denuncia la organización.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en el Estado español, advierte de que algunas víctimas reconocen a sus agresores y han relatado nuevas amenazas para impedir que denuncien. La continuidad de las agresiones y el temor a las represalias cuestionan la eficacia de las medidas adoptadas hasta ahora por Defensa, sobre las que Amnistía asegura no haber recibido información.
“Hemos hablado con personas migrantes que no logran dormir en toda la noche por miedo a que los militares les despierten a porrazos, puñetazos y patadas”, añade Beltrán.
Descargas eléctricas mientras dormía
Uno de los testimonios más recientes es el de R., padre de tres hijos. Sobre las 3:00 horas del 24 de octubre dormía en la carretera de Sidi Embarek cuando, según su relato, un militar le aplicó directamente un arma táser en el pecho.
Recibió varias descargas eléctricas. Aturdido, intentó levantarse y escapar, pero tropezó con las mantas que todavía llevaba encima y cayó de bruces. Cuando Amnistía Internacional lo entrevistó, conservaba marcas del golpe en la cara.
“Me mareé, vomité y me desvanecí, pero nadie me llevó al hospital. Cuando volví a despertar me fui andando, pero no conté lo que había pasado por miedo a preocupar a mi familia”, explicó.
Otro testimonio corresponde a M., un tunecino de 40 años. Dormía a las 7:00 horas en playa Benítez junto a tres jóvenes marroquíes cuando llegaron cuatro soldados. Denuncia que le golpearon repetidamente en la cara, provocándole un hematoma que le impidió ver correctamente por un ojo durante dos semanas.
Era la segunda agresión militar que denunciaba. En la primera, según su relato, un soldado rajó su tienda y le sustrajeron el teléfono móvil, la documentación, 50 euros, tabaco y otros teléfonos.
Golpeado con porras y rociado con espray pimienta
H., de 27 años, denunció una agresión el 5 de octubre en las inmediaciones de un supermercado Mercadona. Según explicó a Amnistía, entre seis y ocho militares lo llevaron a un callejón sin salida, comprobaron que nadie los observaba y comenzaron a golpearlo.
Recibió puñetazos, patadas y porrazos. También denuncia que le rociaron los ojos y la cara con espray pimienta. Parte de la agresión se produjo cuando ya estaba tendido en el suelo.
Los militares lo abandonaron allí. Integrantes de una organización humanitaria lo atendieron y facilitaron su traslado al hospital. “Desde entonces siento temor y procuro no estar cerca de ellos”, asegura.
La segunda investigación vuelve a señalar la situación de los niños y adolescentes migrantes que permanecen sin protección. Amnistía Internacional estima que al menos 500 menores no acompañados continúan durmiendo en las calles de Ceuta, más de tres meses después de las llegadas masivas desde Marruecos. Según los datos del Gobierno ceutí recogidos por la organización, 3.626 menores han sido registrados y retirados de las calles, pero centenares siguen esperando un recurso de emergencia.
Muchos carecen de alimentación adecuada y están expuestos tanto a la violencia de militares y policías como a agresiones de particulares.
Los menores entrevistados denuncian golpes mientras duermen, amenazas, humillaciones y robos o destrucción de sus pertenencias, incluidos los teléfonos móviles y la documentación.
Diez puntos de sutura en la cabeza de un menor de 17 años
Z., de 17 años, relata dos agresiones de militares, los días 18 y 23 de octubre. La primera ocurrió mientras dormía entre vehículos en la zona de Los Rosales. Según su testimonio, unos militares aparecieron por detrás y uno le golpeó en la cabeza con una porra. Consiguió huir, pero estaba sangrando abundantemente. En el hospital tuvieron que darle diez puntos de sutura.
Cinco días después volvió a sufrir golpes de porra, esta vez en las piernas, cuando intentaba escapar. Los militares le ordenaron en “lengua dariya” que se marchara. Cuando habló con Amnistía todavía cojeaba. Se escondió para prestar su testimonio.
M., de 15 años, también denunció una agresión a principios de septiembre. Según relató, un militar le dio un rodillazo en la boca y trató de lesionarle una pierna forzándola en sentido contrario al movimiento natural de la articulación.
El menor explicó además que los militares le habían roto el teléfono móvil, su única forma de comunicarse con su madre. Cuando preguntó por qué lo hacían, recibió una amenaza: si no se callaba, lo romperían a él también.
“¿Te acuerdas de mí? Te voy a pegar otra vez”
Los hermanos saharauis A. y H., de 17 y 16 años, dormían en la calle a principios de octubre cuando llegaron unos ocho soldados.
A. denuncia que lo despertaron a patadas, lo deslumbraron con linternas y, cuando preguntó por qué les golpeaban, recibió varias bofetadas. Después, pese a alejarse como le ordenaban, sufrió nuevos golpes de porra. Parte de aquella agresión aparece en un vídeo publicado por elDiario.es.
El adolescente asegura que reconoce a uno de sus agresores y que este regresó posteriormente para amenazarlo: “¿Te acuerdas de mí? Te voy a pegar otra vez”.
Los testimonios recabados por Amnistía Internacional apuntan así a un problema añadido: las víctimas pueden seguir encontrándose con los militares a quienes identifican como responsables de las agresiones, sin garantías conocidas de protección frente a nuevas amenazas.
Secuestros, desnudos forzados y amenazas con armas de fuego
La nueva investigación incluye también diez casos anteriores al anuncio de Defensa, cuatro de ellos contra menores. Los otros 18 casos documentados son posteriores.
Amnistía considera especialmente graves cuatro episodios que reproducen un patrón ya identificado en septiembre: personas migrantes trasladadas contra su voluntad en vehículos militares a lugares apartados, inmovilizadas con bridas y sometidas a violencia y humillaciones que pueden constituir tortura.
Uno de los testimonios corresponde a M., un joven de 20 años que se ganaba la vida trabajando como mimo en las calles de Ceuta.
Según su relato, unos militares lo introdujeron en un vehículo en la zona de Los Rosales y lo trasladaron durante unos quince minutos hasta un lugar que cree próximo al CETI. Allí se reunieron entre 16 y 17 soldados.
Le obligaron a desnudarse completamente, incluidos los calzoncillos, mientras se reían de él. Todavía llevaba la cara pintada de mimo.
Uno de los militares comenzó a grabarlo con un teléfono y le ordenó bailar. El joven, aterrorizado, no pudo reaccionar y comenzaron a golpearlo. Finalmente bailó durante varios minutos, hasta que su cuerpo dejó de responder.
Entonces volvieron a agredirlo. Según su denuncia, uno de los militares cargó un arma, le apuntó y lo amenazó: “Como no bailes te voy a enterrar aquí mismo”.
El joven asegura que desde aquella agresión apenas duerme ni sale a la calle. Ha presentado una denuncia, pero sigue temiendo encontrarse con militares. “Aunque he denunciado, lo que me han hecho nunca lo voy a poder olvidar”, relata.
Maniatados, amordazados y golpeados contra un árbol
Otro de los casos es el de A., trasladado a una zona boscosa después de ser interceptado en las inmediaciones de unas naves. Junto con O., cuyo caso ya había sido denunciado en la primera investigación, fue amordazado, inmovilizado con bridas e introducido en el maletero de un vehículo militar.
Al llegar al bosque, según su testimonio, los ataron a un árbol y les propinaron una paliza con porras y puñetazos. A. relata que perdió el conocimiento varias veces. Cuando los abandonaron, todavía llevaba las bridas en los brazos y tuvo que esperar hasta el amanecer para orientarse y conseguir llegar al hospital.
Es una de las pocas víctimas que se ha atrevido a denunciar judicialmente. “Tengo esperanza en que la justicia española tome cartas sobre el asunto”, asegura. Pero también describe las consecuencias psicológicas: apenas consigue dormir y, cuando lo hace, se despierta sobresaltado y gritando. Teme por su salud mental.
Cigarrillos apagados en la piel y amenazas de violación
B. denunció otra agresión especialmente grave. Estaba comprando tabaco cuando aparecieron cuatro soldados, a los que posteriormente se sumaron otros. Lo trasladaron a unas escaleras apartadas de playa Benítez y lo inmovilizaron con bridas.
Según su relato, recibió puñetazos en un ojo, patadas en las costillas y golpes en la cabeza con una carcasa metálica de teléfono móvil. También denuncia que le pincharon la nuca con una navaja, sin llegar a cortar la piel.
Uno de los militares habría cargado una pistola y le habría apuntado a la cabeza, amenazándolo de muerte y con ocultar su cadáver. Otro lo amenazó con violarlo. B. asegura además que le apagaron cigarrillos sobre la piel.
Le golpearon los dedos hasta hacerlo caer de un puente
El 11 de septiembre, sobre las 22:00 horas, N., de 22 años, caminaba con su primo hacia Loma Colmenar para dormir cuando se encontraron con varios militares.
Según su denuncia, los soldados les dijeron que querían ayudarlos, pero N. desconfió e intentó escapar. Durante la huida quedó colgado de un puente de unos cuatro metros de altura.
Uno de los militares comenzó a golpearle los nudillos hasta que cayó al suelo y se fracturó un tobillo. El joven asegura que los militares se reían y le hacían fotografías desde arriba.
Una persona lo trasladó en motocicleta al hospital. Allí tuvo que esperar tres horas en la calle, llorando y gritando de dolor. Tras recibir atención de urgencia, denuncia que fue dado de alta sin muletas ni medicación analgésica. Una enfermera le proporcionó por iniciativa propia tres pastillas para el dolor.
Siete casos más atribuidos a policías y guardias civiles
Amnistía Internacional también ha documentado siete casos de malos tratos atribuidos a integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algunos durante operaciones para desalojar a personas migrantes de los lugares donde duermen.
Entre las denuncias figuran persecuciones con porras que provocan caídas desde muros elevados, teléfonos móviles rotos mediante golpes contra la cabeza y tratos degradantes a personas que intentan denunciar o solicitar su identificación administrativa para acceder a centros de acogida.
Uno de los casos es el de R., localizado por Amnistía durmiendo en la calle con ambas piernas lesionadas, una vendada y otra escayolada. El 24 de octubre, según su testimonio, se despertó cuando un policía levantaba una porra para golpearlo. Intentó esquivar la agresión saltando un muro, pero la altura era mayor de lo que esperaba y sufrió graves lesiones al caer.
Denuncia que los agentes lo colocaron contra una pared y le exigieron ponerse de pie pese a que no podía hacerlo. Permaneció aproximadamente una hora en el suelo antes de ser trasladado al hospital.
Criminalizar la solidaridad
La investigación dedica un apartado específico a la actuación policial y judicial contra No Name Kitchen (NNK), un movimiento ciudadano que proporciona asistencia humanitaria a personas migrantes en Ceuta.
El 22 de octubre, su sede fue registrada en una operación policial ordenada judicialmente. Amnistía Internacional ha entrevistado a integrantes de la organización presentes durante la intervención y examinado documentación del procedimiento.
La entidad ya había denunciado anteriormente detenciones de activistas, difusión de fotografías de sus documentos de identidad por grupos de WhatsApp y redes sociales y acusaciones que considera falsas, como haber proporcionado espray pimienta a personas migrantes.
También recuerda que el 12 de septiembre un vehículo militar bloqueó su sede en Ceuta y dificultó el reparto de alimentos.
Amnistía considera que, con la información examinada hasta ahora, la acusación de organización criminal contra No Name Kitchen carece de bases sólidas y constituye una escalada en el hostigamiento contra quienes prestan ayuda humanitaria.
Especialmente preocupante le parece la actuación de la Fiscalía de Ceuta, que solicitó prisión provisional para dos activistas y promovió que la declaración de tres testigos se incorporara como prueba preconstituida sin presencia de las personas investigadas. Esta última petición fue rechazada por el juzgado.
La organización contrasta esa iniciativa de la Fiscalía con lo que considera una falta de actuación suficientemente proactiva ante las denuncias de torturas y malos tratos atribuidos a militares.
Beltrán advierte de que criminalizar a quienes proporcionan alimentos, atención médica y acompañamiento supone dificultar su trabajo y agravar el desamparo de personas que ya viven en condiciones precarias.
Amnistía Internacional recuerda además las dificultades denunciadas por las Brigadas de Apoyo Mutuo para repartir compresas y productos de higiene a mujeres migrantes, así como los insultos y el acoso que integrantes de Luna Blanca han sufrido por parte de particulares durante su actividad de reparto de comida caliente.
La organización reconoce expresamente la labor de No Name Kitchen y Border Resistance, así como su colaboración en las investigaciones desarrolladas sobre el terreno. También agradece los testimonios de las personas migrantes que han denunciado las agresiones sufridas.
Amnistía reclama apartar a los militares implicados y proteger a las víctimas
Ante la continuidad de los abusos, Amnistía Internacional reclama órdenes expresas para que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad cesen inmediatamente cualquier ataque, humillación, hostigamiento o práctica de perfilamiento racial contra personas migrantes.
La organización sostiene que algunos de los hechos denunciados, por sus características y medios de ejecución, pueden constituir crímenes de derecho internacional, lo que obliga a las autoridades a investigarlos.
Amnistía ha remitido cartas a la Presidencia del Gobierno español y al Ministerio de Defensa para reclamar el cese de la violencia y solicitar información sobre las investigaciones anunciadas. Hasta la fecha del comunicado, no había obtenido respuesta.
Tampoco conoce las diligencias de oficio que hayan podido desarrollar la Fiscalía y los juzgados de Ceuta sobre los abusos denunciados.
Por ello exige investigaciones “prontas, imparciales, independientes y exhaustivas“, el apartamiento cautelar de los militares implicados y la determinación de las responsabilidades penales y disciplinarias que correspondan.
La organización reclama además garantizar el acceso a la justicia y a una eventual reparación para las víctimas, así como protegerlas frente a amenazas y represalias, junto con sus familiares y testigos.
En este sentido, recuerda a la Fiscalía de Ceuta las obligaciones derivadas de la Convención contra la Tortura y pide autorizaciones temporales de residencia para las personas migrantes en situación administrativa irregular que denuncien agresiones militares o deban declarar como testigos.
Amnistía Internacional solicita igualmente el cierre de la investigación por organización criminal contra No Name Kitchen y garantías para que periodistas, activistas y organizaciones humanitarias puedan trabajar sin sufrir amenazas, agresiones ni obstáculos.
La organización mantiene abiertas sus investigaciones en Ceuta y sigue examinando las condiciones de acogida, especialmente de menores, los procedimientos de identificación y protección internacional, las devoluciones y el cumplimiento del principio de no devolución a países donde las personas puedan sufrir vulneraciones de derechos humanos.
