Aragón vuelve a salir a la calle contra la expansión de los megacentros de datos. El próximo sábado 7 de noviembre, a las 12:00 horas, una manifestación partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la plaza Paraíso, para reclamar una moratoria a la instalación de estas infraestructuras y denunciar el modelo de implantación que está impulsando el Gobierno de Aragón (PP-Vox). La convocatoria, promovida por el colectivo ‘No es sequía, es saqueo’ junto a organizaciones vecinales, sociales y ecologistas de distintos territorios aragoneses, se enmarca en una movilización europea que tendrá lugar el fin de semana.
La protesta llega después de meses de asambleas, charlas multitudinarias, alegaciones, denuncias y movilizaciones en los municipios afectados. También un año después de la primera gran manifestación contra los centros de datos celebrada en Aragón y en el Estado español. Desde entonces, la oposición a estos proyectos ha ido creciendo, especialmente allí donde las multinacionales tecnológicas y los fondos de inversión proyectan nuevas instalaciones.
Salvemos los Pinares de Venecia, Stop Centros de Datos La Puebla, Paisajes de Teruel, Ecologistas en Acción y la Plataforma 13M figuran entre las más de diez organizaciones que respaldan la convocatoria. A ellas se suman colectivos y el tejido vecinal de distintos municipios que cuestionan las consecuencias de esta expansión sobre los recursos naturales, los servicios públicos, el empleo y la capacidad de decisión de sus territorios.
La movilización tendrá además un prólogo en Uesca. El viernes 6 de noviembre, a las 18:00 horas, Ecologistas en Acción y otras plataformas y movimientos ciudadanos del Alto Aragón convocan una concentración en la plaza Navarra, coincidiendo con el Día Europeo contra los centros de datos. Denuncian que estas instalaciones se están implantando masivamente sin suficiente transparencia ni información pública y anuncian una recogida de firmas para exigir una moratoria en Uesca.
La cita de Zaragoza pretende reunir las distintas luchas abiertas en Aragón y conectarlas con un movimiento que ya atraviesa buena parte de Europa. Sus convocantes reclaman detener la expansión de los centros de datos hiperescalares hasta que se evalúen sus impactos y se decida democráticamente qué infraestructuras digitales son necesarias, dónde deben instalarse y bajo qué condiciones.
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“Necesitamos detenernos y reflexionar”
La magnitud de los proyectos previstos en Aragón es uno de los principales argumentos de la convocatoria. Según los datos difundidos por ‘No es sequía, es saqueo’, Aragón ocupa ya el tercer puesto entre los territorios europeos con mayor número de centros de datos proyectados. El colectivo estima que, si se cumplen las previsiones de expansión, estas instalaciones podrían sumar una demanda eléctrica anual de 40.000 GWh, cuatro veces el consumo eléctrico total de Aragón en 2025. Una dimensión que, advierten, tendría profundas consecuencias sobre el sistema energético, la disponibilidad de recursos y la implantación de otras actividades económicas.
Son estimaciones de las organizaciones convocantes sobre proyectos futuros, no consumos actuales. Pero sirven para ilustrar la escala del problema que denuncian: la llegada de infraestructuras que podrían transformar profundamente el sistema energético aragonés sin que, a su juicio, exista un debate público proporcional a sus consecuencias.
Javier Morán, integrante de ‘No es sequía, es saqueo’, cuestiona que esta expansión se presente como inevitable: “Parece que la expansión de los centros de datos por todo el mundo, ocupando territorio y consumiendo recursos, se presenta como algo inevitable. Necesitamos detenernos y reflexionar sobre si realmente es necesaria toda esta infraestructura, cómo se está desarrollando y quién está detrás de su despliegue”.
Los colectivos advierten de que la concentración de demanda eléctrica puede saturar la capacidad disponible en la red y dificultar la llegada o ampliación de otras actividades industriales. También alertan del riesgo de que el crecimiento del consumo repercuta sobre las facturas eléctricas y obligue a desplegar nuevas infraestructuras de generación y transporte de energía.
La demanda continua de los centros de datos, que funcionan durante las 24 horas, plantea además interrogantes sobre la cobertura de su consumo cuando no existe generación renovable suficiente. Para las organizaciones convocantes, esa circunstancia puede incrementar la dependencia de centrales de gas y acelerar la ocupación de suelo con nuevos parques renovables.
El agua constituye el otro gran frente. Los sistemas de refrigeración de determinadas instalaciones pueden requerir importantes volúmenes de agua, en un territorio sometido a episodios recurrentes de sequía y restricciones. ‘No es sequía, es saqueo’ recuerda que el abastecimiento de estas infraestructuras puede competir con otros usos y cuestiona el régimen de prioridades que, en situaciones de escasez, puede situar determinados suministros industriales por delante del regadío.
El colectivo señala lo ocurrido este año en la cuenca del Galligo, donde los regantes han sufrido restricciones mientras continúa la expansión de proyectos vinculados a las grandes tecnológicas. AraInfo ya abordó esta contradicción en la información “Restricciones a los regantes del Galligo durante el congreso Tech4Water de Amazon”.
La crítica no se limita al consumo directo. Los convocantes sostienen que el acceso privilegiado a energía, agua y suelo puede desplazar actividades productivas con mayor capacidad de generar empleo y riqueza local. Frente a las promesas de inversión multimillonaria, reclaman examinar el empleo estable realmente previsto, la recaudación fiscal, las necesidades de infraestructuras públicas y los costes ambientales que asumirán los municipios.
Crece la protesta: Torrero, Uesca, Calatorao o Villamayor
La manifestación del 7N no parte de cero. Durante los últimos meses, la oposición a los megacentros de datos ha protagonizado movilizaciones y debates públicos en diferentes puntos de Aragón.
En Zaragoza, la defensa de los Pinares de Venecia se ha convertido en uno de los principales focos de resistencia. El pasado 27 de septiembre, más de 2.000 personas recorrieron casi cuatro kilómetros desde Torrero hasta los terrenos donde Microsoft proyecta sus instalaciones en Puerto Venecia. La manifestación, convocada bajo el lema “Ni centros de datos ni viales, protejamos los Pinares”, expresó el rechazo tanto al proyecto tecnológico como a las nuevas infraestructuras previstas en este espacio natural.
“Microsoft y Amazon fuera de Aragón”, “Nuestros Pinares no son un vertedero” y “Frente al capital, la fuerza vecinal” fueron algunas de las consignas de aquella movilización. La protesta culminó frente a los terrenos de la multinacional con un grito que resumía la determinación de los participantes: “Estas obras las vamos a parar”.
La oposición vecinal ha tenido también continuidad en las alegaciones ambientales y urbanísticas. Salvemos los Pinares de Venecia presentó más de 350 alegaciones contra el proyecto de Microsoft, mientras las denuncias por la gestión de residuos peligrosos y amianto en Puerto Venecia han llegado a Fiscalía.
En septiembre, una charla organizada por Salvemos los Pinares de Venecia y ‘No es sequía, es saqueo’ llenó la Sala Venecia de Torrero, dejando a unas 200 personas fuera por falta de aforo. Días después, ambos colectivos trasladaron sus protestas a las puertas de un encuentro empresarial sobre la expansión de los centros de datos celebrado en Zaragoza, donde participaron representantes de algunas de las principales compañías promotoras.
La actividad se ha extendido también a otros municipios. El 22 de octubre, ‘No es sequía, es saqueo’ celebró un encuentro informativo en Villamayor de Galligo, donde coinciden proyectos de Microsoft y Azora. La plataforma cuestiona el trato fiscal dispensado a estas inversiones y cifra en 71 millones de euros el ICIO que, según sus cálculos, dejaría de abonar Azora, y en otros 34 millones el correspondiente a Microsoft.
La cuestión fiscal se repite en Calatorao, donde Blackstone, a través de QTS, impulsa un gran complejo de centros de datos. En este caso, AraInfo ha documentado que el municipio podría dejar de ingresar unos 57 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), una cifra calculada teniendo en cuenta una posible bonificación municipal del 80% condicionada al cumplimiento de determinados compromisos de empleo. La situación fue abordada también en una charla celebrada el 23 de octubre en la Casa de Cultura de Alfamén, localidad próxima al proyecto de Blackstone.
Estas cantidades responden a estimaciones y controversias sobre la aplicación del impuesto, no a exenciones expresamente reconocidas y definitivamente resueltas en todos los casos. La interpretación jurídica que permite a los promotores evitar el ICIO está cuestionada, entre otros procedimientos, por el recurso contencioso-administrativo de Villanueva de Galligo contra la expansión de Amazon, con una reclamación municipal de 23 millones de euros.
En Uesca, las asambleas ciudadanas y las organizaciones ecologistas han intensificado igualmente sus actividades informativas ante los proyectos de Amazon y otras instalaciones previstas en el territorio. ‘No es sequía, es saqueo’ programó una charla el 27 de octubre junto a la Asociación Vecinal Perpetuo Socorro, mientras que este 28 de octubre tuvo lugar una reunión con colectivos de Zaragoza en la sede de la FABZ para preparar la movilización.
La agenda continúa el próximo martes 3 de noviembre, con la participación del colectivo en una mesa redonda de las Fiestas del Pinar, en Torrero, antes de las concentraciones y manifestaciones del 6 y 7 de noviembre.
De Aragón a Europa: una moratoria frente al poder de las grandes tecnológicas
La convocatoria aragonesa forma parte de las jornadas de acción impulsadas por Stop Dirty Data Centres, una red internacional que une a organizaciones ecologistas, movimientos vecinales, colectivos de defensa de los derechos digitales y plataformas de territorios afectados por estas infraestructuras.
La convocatoria europea reúne ya a más de 82 colectivos de diez países, que preparan manifestaciones, concentraciones, actos públicos, presentaciones de libros y marchas en bicicleta para los días 6 y 7 de noviembre. La variedad de acciones refleja las diferentes preocupaciones que suscita la expansión de los centros de datos hiperescalares en distintos territorios.
El objetivo común es reclamar una moratoria a estas infraestructuras en los ámbitos municipal, estatal y europeo. “No se trata únicamente de suspender nuevos proyectos, sino de abrir un proceso de evaluación ambiental, social y democrática que permita decidir qué necesidades digitales deben atenderse y cómo hacerlo sin comprometer los recursos de las comunidades que albergan estas instalaciones”, subrayan desde Stop Dirty Data Centres.
Owen Espley, coordinador de esta red internacional, recuerda que numerosas comunidades europeas llevan tiempo enfrentándose individualmente a grandes corporaciones tecnológicas, frecuentemente respaldadas por sus respectivos gobiernos. La coordinación internacional pretende superar ese aislamiento y demostrar que la oposición vecinal puede condicionar las decisiones sobre nuevas infraestructuras.
“Las comunidades de toda Europa se han opuesto a la imposición de centros de datos que consumen grandes cantidades de energía, agua y suelo en los lugares donde viven”, señala Espley. El coordinador reclama moratorias que permitan abordar las preocupaciones vecinales y analizar adecuadamente los impactos de estas instalaciones.
La campaña plantea preguntas que, a juicio de sus promotores, siguen sin respuesta: cuántos centros de datos necesita realmente Europa, para qué se utilizarán, quién controlará sus servicios, qué territorios soportarán sus impactos y cómo se garantizará que sus beneficios lleguen a las comunidades locales.
Las organizaciones señalan que la expansión de la inteligencia artificial (IA) está acelerando la demanda de suelo, electricidad y agua, al tiempo que aumenta la concentración de infraestructuras digitales en manos de un reducido número de empresas.
Pero el debate europeo incorpora otras preocupaciones. Entre ellas, la vigilancia masiva, la privacidad, la dependencia tecnológica, la militarización de las infraestructuras digitales y la utilización de servicios informáticos en operaciones militares y vulneraciones de derechos humanos, incluido el genocidio en Palestina.
También se cuestiona la influencia de las grandes corporaciones sobre las políticas públicas, especialmente cuando los gobiernos aceleran autorizaciones urbanísticas y ambientales sin una participación suficiente de las poblaciones afectadas.
“Es nuestra tierra, nuestra agua, nuestra electricidad y nuestra salud”
Irlanda es uno de los territorios donde la oposición a los centros de datos ha adquirido mayor dimensión. Rosi Leonard, responsable de la campaña sobre estas infraestructuras en Friends of the Earth Ireland, denuncia que su expansión está incrementando la dependencia de combustibles fósiles, presionando las facturas energéticas y desviando recursos que deberían destinarse a la transición climática.
Desde Data Centre Awareness Kildare, Niamh Fitzgibbon resume la preocupación de las comunidades afectadas: “Es nuestra tierra, nuestra agua, nuestra electricidad y nuestra salud”. La activista reclama que las decisiones sobre estas instalaciones no queden exclusivamente en manos de gobiernos y promotores.
En Inglaterra, Oliver Hayes, responsable de campañas de Global Action Plan, cuestiona que la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial avance sin respuestas suficientes sobre sus necesidades reales y sus impactos. En Leeds, la campaña No Leeds Datacentre reclama una moratoria que permita debatir la soberanía digital y la compatibilidad de estas instalaciones con los compromisos climáticos.
La movilización se extenderá también a Escocia, donde Action to Protect Rural Scotland alerta de nuevos proyectos de enorme potencia y reclama que las comunidades puedan intervenir en las decisiones urbanísticas.
En el Estado francés, Lou Welgryn, secretaria general de Data for Good, cuestiona la utilización de la soberanía digital como argumento para justificar nuevas instalaciones cuando, según los datos que maneja su organización, el 91% de los centros de datos están gestionados por operadores no europeos.
Desde los Países Bajos, Fieke Jansen, de Critical Infrastructure Lab, denuncia que la concentración de la capacidad informática en unas pocas compañías permite trasladar los beneficios económicos a otros territorios mientras las comunidades locales soportan los costes ambientales y sociales.
Christiaan van Veen, de Leitmotiv, rechaza además que se presente a quienes cuestionan estos proyectos como personas contrarias al progreso. Para el activista, preguntar qué capacidad informática necesita Europa, quién se beneficia de ella y cómo afecta a los compromisos climáticos constituye una exigencia democrática.
La crítica también alcanza a la dimensión militar. Sarah Chander, de Equinox Initiative for Racial Justice, advierte del papel que pueden desempeñar estas infraestructuras en la creciente militarización europea y reclama que los recursos públicos se destinen prioritariamente a las necesidades sociales.
En Catalunya, Agustí Emperador, de Ecologistes en Acció, vincula la expansión de los megacentros de datos con el aumento de la demanda energética y el riesgo de prolongar el uso de combustibles fósiles. Para su organización, estas infraestructuras pueden comprometer los recursos renovables necesarios para descarbonizar otras actividades.
En el Estado español, Aurora Gómez, de Tu Nube Seca Mi Río, sitúa el agua en el centro de la discusión y defiende la moratoria como una oportunidad para reunir a los colectivos afectados por la inteligencia artificial y abrir un debate ciudadano sobre justicia social y climática.
Enol Nieto y Marina Otero, del Grupo de Litigio Estratégico, coinciden en la necesidad de detener temporalmente la expansión para examinar sus consecuencias. Nieto defiende que esa pausa permitiría a la ciudadanía deliberar sobre el modelo de infraestructura digital, mientras Otero alerta de los riesgos ambientales de una industria que continúa creciendo pese a conocer sus impactos.
La red internacional también recuerda experiencias de resistencia que han logrado modificar o detener proyectos. Entre ellas, la oposición al centro de datos de Meta en Zeewolde, Países Bajos, las movilizaciones frente a Google en Santiago de Chile y diferentes campañas municipales en Estados Unidos. Las organizaciones convocantes aragonesas presentan estos precedentes como ejemplos de la capacidad de organización de las comunidades afectadas.
La alfombra roja del Gobierno de Aragón, en cuestión
En Aragón, las organizaciones convocantes consideran que el modelo de implantación de centros de datos impulsado por los sucesivos gobiernos autonómicos ha situado los intereses de las grandes empresas tecnológicas y los fondos de inversión por delante de las necesidades de los territorios.
Su principal crítica se dirige a la utilización de los Proyectos de Interés General de Aragón (PIGA), una figura administrativa que permite al Gobierno autonómico intervenir de manera decisiva en la tramitación urbanística de estas instalaciones.
Los colectivos denuncian que este mecanismo reduce la capacidad de decisión de los ayuntamientos y facilita proyectos de gran consumo energético e hídrico sin una evaluación conjunta de sus consecuencias. También cuestionan las interpretaciones fiscales que están permitiendo a distintos promotores evitar el pago de impuestos municipales millonarios.
En paralelo, advierten de una posible burbuja especulativa asociada a la construcción de infraestructuras digitales. A su juicio, la llegada de nuevos proyectos responde tanto a las necesidades de las grandes tecnológicas como a las estrategias de fondos de inversión que buscan rentabilizar suelo, energía y capacidad de conexión eléctrica.
Las organizaciones reclaman que las promesas de empleo y actividad económica se contrasten con los puestos de trabajo efectivos, los ingresos municipales y las consecuencias sobre otras industrias, la agricultura y los servicios públicos.
Para ‘No es sequía, es saqueo’, la moratoria constituye una herramienta para recuperar capacidad de decisión sobre el territorio. La reivindicación no se limita a exigir medidas ambientales adicionales: plantea revisar el modelo de digitalización, la distribución de sus beneficios y el papel de las administraciones públicas frente a las grandes corporaciones.
Esa serán la reivindicaciones que recorrerán las calles de Zaragoza el próximo sábado, 7 de noviembre. Un año después de la primera gran manifestación contra los centros de datos en Aragón y el Estado español, las plataformas aragonesas quieren reunir las luchas de Torrero, Uesca, Villamayor de Galligo, Calatorao, La Puebla de Alfindén, Teruel, Uesca y otros municipios afectados.
Más información sobre centros de datos en Aragón en este especial.
