La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha presentado alegaciones al Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, impulsado por el Gobierno de Jorge Azcón. La organización vecinal denuncia que la norma no ofrece soluciones al principal problema que afrontan miles de personas: la imposibilidad de acceder a una vivienda a precios asequibles, tanto en alquiler como en compra. Por el contrario, considera que el texto mantiene la vivienda como objeto de negocio y apuesta por aumentar la construcción sin intervenir sobre los precios del mercado.
Las alegaciones llegan mientras el proyecto continúa su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia. En septiembre superó el debate de totalidad con 37 votos favorables de PP y Vox, el rechazo de PSOE, CHA e IU y la abstención de Aragón-Teruel Existe. Las dos formaciones que sostienen al Ejecutivo aragonés pretenden introducir mediante enmiendas su denominada “prioridad nacional”, una propuesta que establece preferencias vinculadas a la nacionalidad en el acceso a determinadas políticas de vivienda y que ha recibido críticas por su carácter discriminatorio, racista y xenófobo.
El Gobierno aragonés ya intentó sacar adelante una ley de vivienda en la anterior legislatura, pero la ruptura con Vox dejó el proyecto sin los apoyos necesarios. Ahora recupera el texto y acelera su tramitación con una mayoría parlamentaria que permite a PP y Vox introducir sus modificaciones.
La vivienda protegida, en riesgo de acabar en el mercado libre
Uno de los principales reproches de la FABZ se dirige al tratamiento de la vivienda protegida. Según denuncia la federación, el proyecto permite que estas viviendas pierdan su calificación transcurridos 15 años, un plazo muy inferior al contemplado en anteriores borradores autonómicos y en otros instrumentos de planificación, que establecían periodos de al menos 30 años o incluso una protección permanente.
Para la organización vecinal, esta decisión supone que las inversiones públicas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda asequible terminen beneficiando al mercado privado cuando desaparece la protección.
La FABZ reclama en sus alegaciones que la calificación de las viviendas protegidas sea definitiva, de modo que los recursos públicos invertidos sirvan para consolidar un parque estable y no para financiar viviendas que, pasado un tiempo, puedan comercializarse sin las limitaciones propias de la protección.
La federación aporta un dato para ilustrar las consecuencias de décadas de descalificaciones: sostiene que, si históricamente se hubiera mantenido la protección permanente, el 30% de las viviendas de Zaragoza seguirían siendo protegidas. Una proporción que, a su juicio, habría permitido disponer de muchas más viviendas asequibles.
El planteamiento coincide con una reivindicación que distintas organizaciones sociales y políticas vienen trasladando a las Cortes. En febrero de 2025, Izquierda Unida y Zaragoza en Común reclamaron la protección permanente de las VPO, junto con recursos para ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre estas viviendas.
Construir viviendas a costa de los equipamientos de los barrios
La segunda gran objeción de la FABZ afecta a la utilización de suelos reservados para equipamientos públicos. El proyecto contempla destinar a la construcción residencial terrenos que define como vacantes u ociosos, una consideración que la federación rechaza.
“No son ociosos”, sostiene la organización vecinal, que recuerda que esos espacios están destinados a cubrir las necesidades de equipamientos de quienes ya viven en los barrios.
La FABZ advierte de que levantar viviendas sobre esas parcelas puede incrementar la población sin garantizar los servicios públicos necesarios para atenderla. De este modo, una medida presentada como solución a la escasez de vivienda terminaría reduciendo las posibilidades de construir equipamientos educativos, sanitarios, sociales o comunitarios.
Para la federación, se trata de una política contraria a las necesidades de los barrios y a una planificación urbana que tenga en cuenta tanto la vivienda como los servicios públicos y los espacios colectivos.
Sin límites a los pisos turísticos ni políticas de rehabilitación
Las alegaciones señalan también dos grandes ausencias en el proyecto: la regulación de las viviendas de uso turístico y las políticas de rehabilitación.
La FABZ denuncia que, pese a la proliferación de alojamientos turísticos y sus consecuencias sobre el mercado residencial, la futura ley no establece límites, moratorias ni medidas específicas para frenar su expansión.
La federación advierte de que ya existen barrios de Zaragoza donde la presencia creciente de viviendas turísticas está dificultando el acceso a una residencia habitual. Considera que ignorar esta realidad supone dejar sin respuesta uno de los factores que agravan los problemas habitacionales.
La rehabilitación constituye la otra gran carencia. La organización recuerda que buena parte de los barrios tradicionales de Zaragoza presentan necesidades importantes de intervención en sus edificios y viviendas, algunas de ellas urgentes.
Sin embargo, reprocha al Gobierno de Aragón que el proyecto no contemple una política decidida de rehabilitación liderada por las administraciones públicas. Para la FABZ, mejorar el parque residencial existente debería formar parte de cualquier estrategia destinada a garantizar el derecho a la vivienda, en lugar de concentrar las respuestas en la promoción de nuevas construcciones.
Una ley por la vía de urgencia y con la “prioridad nacional” de Vox
El proyecto ha superado su debate de totalidad, pero todavía debe completar su tramitación parlamentaria. El Gobierno de Aragón pretende que la nueva ley entre en vigor durante el primer trimestre de 2027. La Mesa de las Cortes acordó tramitarla por el procedimiento de urgencia a petición del Ejecutivo.
A las críticas sobre su modelo de vivienda se suma el acuerdo entre PP y Vox para incorporar la denominada “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social. El Ejecutivo de Jorge Azcón recuperó el texto de la anterior legislatura con la intención de introducir mediante enmiendas requisitos de arraigo vinculados al acceso a estas viviendas. La medida ha sido cuestionada por racista.
La tramitación se produce, además, en un momento de creciente movilización por el derecho a la vivienda. La histórica manifestación de Zaragoza, las protestas contra los desahucios y la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre han situado el acceso a un hogar entre las principales reivindicaciones sociales.
La FABZ sostiene que el problema no puede resolverse únicamente aumentando la oferta de nueva construcción. Recuerda que los anteriores ciclos de expansión inmobiliaria no garantizaron precios asequibles y defiende la intervención pública para regular el mercado y consolidar un parque permanente de vivienda protegida.
Su propuesta pasa por impedir que las viviendas financiadas con recursos públicos terminen incorporándose al mercado libre, preservar los suelos destinados a equipamientos, regular los alojamientos turísticos e impulsar la rehabilitación de los barrios existentes.
La federación vecinal reclama, en definitiva, que la futura ley deje de tratar la vivienda principalmente como una oportunidad de negocio y se oriente a garantizar el acceso a un hogar asequible.
