La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha propuesto una sanción de 5.000 euros contra El Salto por sus investigaciones sobre agentes del Cuerpo Nacional de Policía infiltrados en movimientos sociales y políticos. El organismo exige además al medio cooperativo modificar varios de los artículos publicados, suprimiendo información que El Salto considera imprescindible para acreditar y hacer trazables sus investigaciones.
El expediente está abierto desde agosto de 2025. Tras desestimar las alegaciones del medio, que solicitaba el archivo del procedimiento, la AEPD ha formulado ahora su propuesta de sanción. Las investigaciones cuestionadas forman parte del trabajo desarrollado desde 2022 por El Salto y la Directa para destapar la infiltración de agentes policiales en organizaciones y colectivos legales.
No es el primer medio afectado. Este verano recibieron procedimientos similares la Directa, Vilaweb y Diari de Balears. Según la nota remitida por El Salto, las sanciones propuestas o impuestas a los cuatro medios superan conjuntamente los 30.000 euros, una cantidad especialmente relevante para proyectos periodísticos independientes con una capacidad económica limitada.
Borrar los elementos que permiten demostrar la investigación
La AEPD no cuestiona, según explica El Salto, que las informaciones publicadas sean fidedignas y precisas. Sin embargo, exige retirar imágenes —que ya habían sido tratadas para dificultar la identificación de los agentes—, las iniciales de sus nombres reales, las identidades ficticias utilizadas durante las infiltraciones, referencias a las coartadas empleadas, la promoción en la que se graduaron en la Academia de Ávila y datos sobre su pasado, formación u opiniones relacionadas con su actuación.
Para el abogado de El Salto, Raúl Maíllo, la consecuencia es directa: estas exigencias suponen “mutilar los textos para impedir cualquier trazabilidad, cualquier elemento objetivo comprobable” con el que acreditar la investigación periodística. El medio anuncia que acudirá “a todas las instancias” para defender tanto la libertad de información como el derecho de la sociedad a recibir información “veraz y contrastable”.
Sara Plaza, periodista de El Salto, interpreta el procedimiento como una “represalia por haber destapado la práctica ilegal de espionaje a disidencia política” y advierte de que puede convertirse en un freno a futuras investigaciones sobre infiltraciones policiales en movimientos sociales que no desarrollan actividades delictivas.
El medio defiende que actuó precisamente para preservar la intimidad de los funcionarios: utilizó fotografías pixeladas e iniciales en lugar de publicar sus nombres completos. A su juicio, esa decisión permite equilibrar la protección de la intimidad con principios básicos del periodismo de investigación como la trazabilidad, la credibilidad y la posibilidad de contrastar los hechos.
Doce agentes infiltrados desde 2022
Las investigaciones de la Directa y El Salto han permitido sacar a la luz desde 2022 la infiltración de, al menos, doce agentes policiales en movimientos sociales y políticos. Las informaciones documentaron los procedimientos empleados para introducirse durante largos periodos en colectivos y organizaciones y establecer relaciones personales con las personas investigadas.
El asunto ha llegado además a las instituciones. El Parlament de Catalunya cuenta con una comisión de investigación para esclarecer estas prácticas y diferentes iniciativas parlamentarias han alcanzado el Congreso español.
El Ministerio del Interior no ha reconocido abiertamente los casos destapados. Según recoge la documentación de El Salto, la Secretaría de Estado de Seguridad ha aludido a la figura del “agente de inteligencia”, distinta de la de “agente encubierto”, esta última sometida a autorización y supervisión judicial.
Mientras las personas afectadas por las infiltraciones continúan intentando que los hechos sean juzgados, las investigaciones periodísticas sí están encontrando consecuencias administrativas. El propio dossier de El Salto resume la paradoja señalando que, hasta el momento, la consecuencia legal derivada de lo destapado por sus investigaciones ha recaído sobre los medios que lo publicaron.
Después de la Directa, Vilaweb y Diari de Balears
AraInfo ya informó el pasado mes de julio de la resolución contra la Directa, derivada igualmente de sus investigaciones sobre agentes policiales infiltrados. Entonces, el medio catalán e Irídia denunciaron que la decisión de la AEPD amenazaba la integridad de las investigaciones, la libertad de información y el derecho de la ciudadanía a conocer hechos de interés público. AraInfo se sumó además al manifiesto “Sancionen qui investiga, protegeixen qui s’infiltra”, junto a otros medios y organizaciones.
La sucesión ha continuado. El dossier presentado ahora por El Salto confirma procedimientos contra cuatro medios: la Directa, Vilaweb, Diari de Balears y El Salto. En el caso de Vilaweb, explica el documento, la actuación de la AEPD alcanzó incluso una fotografía de una manifestación en la que aparecían carteles sostenidos por personas afectadas por el espionaje con la imagen de uno de los agentes.
Los cuatro medios han trasladado los casos a organizaciones periodísticas europeas. El Media Freedom Rapid Response los ha incorporado a Mapping Media Freedom, la plataforma que documenta amenazas y ataques contra periodistas y medios de comunicación en Europa.
El Salto denuncia un claro caso de SLAPP
El Salto enmarca el procedimiento dentro de los denominados SLAPP, litigios estratégicos contra la participación pública utilizados contra periodistas, organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y otras voces que investigan o difunden asuntos de interés público.
El medio recuerda además la existencia de la Directiva europea 2024/1069 contra este tipo de prácticas, destinada precisamente a proteger a periodistas, editoras, medios, denunciantes, organizaciones sociales, sindicatos, investigadoras y otras personas y entidades frente a actuaciones destinadas a disuadir su participación pública.
Dos informes periciales encargados por El Salto sostienen, según el dossier, que las informaciones cumplen las exigencias profesionales del periodismo, que los mecanismos utilizados para anonimizar a los agentes respetan su honor y propia imagen y que los datos publicados son necesarios para proporcionar veracidad y trazabilidad a las investigaciones.
Para El Salto, el alcance del procedimiento va mucho más allá de los 5.000 euros. El medio considera que puede sentar un precedente que desincentive nuevas investigaciones sobre las infiltraciones policiales y aumente la opacidad alrededor de estas prácticas.
AraInfo se une a la solidaridad con las compañeras y compañeros de El Salto, como ya hizo con la Directa, y a la defensa del periodismo de investigación frente a cualquier actuación que pretenda impedir que informaciones de evidente interés público puedan ser documentadas, contrastadas y publicadas. Investigar al poder y poder demostrar lo investigado forma parte del derecho a la información.
