Justo cuando multinacionales tecnológicas y promotores especuladores han lanzado una campaña victimista quejándose de “inseguridad jurídica” por una futura normativa que ponga coto a la alfombra roja de los centros de datos en Aragón, la última narrativa fantasiosa de Azcón, el impacto fiscal en los municipios, se derrumba. AraInfo ha podido certificar que Amazon aún no ha pagado al Ayuntamiento de Villanueva de Galligo el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) correspondiente por sus centros de datos, aprobados en 2020, y en funcionamiento desde 2022. Este impago se suma al de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ya conocido desde el inicio del proyecto, y al de Actividades Económicas (IAE), desvelado recientemente por Heraldo de Aragón.
Los centros de datos de Amazon en Villanueva de Galligo fueron aprobados en el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) en julio de 2020. Seis años después, los distintos ejecutivos aragoneses y la multinacional aún no han actualizado el valor catastral del suelo donde están edificadas estas infraestructuras, en funcionamiento desde 2022. Es por ello que no están pagando el IBI correspondiente a su nuevo uso de suelo y a las instalaciones edificadas, sino una cifra desproporcionadamente inferior, justo la que era vigente en 2020. En la misma web del catastro se puede comprobar como la parcela recoge la calificación de urbano y el uso principal sin edificar.
Consultadas fuentes municipales del Ayuntamiento de Villanueva de Galligo, manifiestan que el Gobierno de Aragón acusa a Catastro de esta larguísima demora en esta tramitación administrativa. Sin embargo, esta versión del ejecutivo aragonés, para no asumir responsabilidad, no cuadra con la investigación realizada por AraInfo. Se ha podido certificar que, respecto a esta parcela, existen actualmente dos expedientes abiertos, uno INGF y otro PSCU. Este último, tiene como fecha de inicio de registro, el 4 de septiembre de 2026, hace poco más de un mes. En la actualidad ya no se puede obtener esta información sobre este último expediente en la web del catastro.
Puestos en contacto con la Dirección General de Catastro, su gabinete de prensa ha confirmado a AraInfo que es correcta la fecha de inicio de este expediente. Aclaran que este trámite corresponde a la posibilidad existente de actualizar la valoración mediante un procedimiento simplificado cuando se produce “una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles”. En este caso, se toma como valor del suelo el mínimo que corresponda a su nuevo uso, de los previstos en el polígono, pero siempre respetando “los criterios de coordinación de valores del municipio”.
Respecto a la fecha que se toma como referencia para el inicio del valor actualizado, Catastro informa que los efectos son desde el 1 de enero del año siguiente a la aprobación del instrumento de ordenación o gestión urbanística del que traigan causa. En este caso, informan que: “El Procedimiento Simplificado responde a una aprobación definitiva de un Proyecto de Interés General de Aragón, que se produjo el 30 de julio de 2020, por lo que los efectos tributarios son desde el 1-1-2021”.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Villanueva de Galligo no va a poder cobrar con retroactividad estos últimos cinco años, ya que la Ley General Tributaria limita a cuatro años el derecho de la administración local a realizar esta liquidación. Este perjuicio que sufrirá el consistorio contrasta con la futura inseguridad jurídica que lamenta Amazon, mientras la realidad es que ni siquiera cumple la normativa actual. La legislación que aplica el Gobierno de Aragón para sacar adelante los PIGA beneficia a los promotores acelerando sus operaciones y consintiendo impagos fiscales, mientras, los ayuntamientos son víctimas al ser desprovistos de sus competencias municipales en materia de urbanismo.
El Burgo de Ebro también ha sufrido este impago de IBI, como desveló recientemente su alcalde en Cadena Ser. Amazon justificó este hecho a “un error interno”, mientras mentía afirmando que sí había hecho efectivo este impuesto en Villanueva de Galligo. Finalmente, manifestó su intención de abonar todos los retrasos, pero limitados a la prescripción de cuatro años ya explicada.
El IAE, la otra gran mentira de Amazon
La semana pasada también fue desvelado que Amazon tampoco está pagando el IAE en ninguno de los tres municipios, que sufren actualmente el impacto de sus centros de datos. La tecnológica manifestó cumplir con la legalidad al pagar una cuota estatal, en lugar de municipal. Incluso, la directora ejecutiva de Spain DVD, Begoña Villacís, se jactó de este hecho en un evento de CEOE Aragón al afirmar que las compañías “no diseñan el sistema tributario español”.
Sin embargo, la Dirección General de Tributos discrepa rotundamente de la legalidad que justifica Amazon. En una consulta vinculante (V0392-26 del 25 de febrero), esta dirección explica a una empresa, que presta los mismos servicios que la tecnológica en sus centros de datos, la imposición de abonar la cuota municipal. Está motivado porque la entidad queda encuadrada en el grupo de actividad 845: Explotación electrónica por cuenta de terceros. Esta respuesta, sí que abre la posibilidad de haber pagado cuota estatal durante la fase de construcción, pero no así desde que comenzaron a prestar servicios en 2022.
Las mentiras de Amazon se hacen más flagrantes comprobando la documentación que ha presentado en su segundo proyecto de expansión de centros de datos, que también afecta a Villanueva de Galligo. El ‘Informe de sostenibilidad económica y estudio económico financiero’ de este PIGA reconoce como normativa aplicable para el pago del IAE las ordenanzas municipales de las localidades que albergan estas instalaciones. Incluso llega a realizar una estimación de pago: 384.503,36 euros para Zaragoza, 90.817,74 euros para Uesca, 33.400,42 euros para Villanueva de Galligo, y 14.056,30 euros para El Burgo de Ebro.
Respecto al ICIO, es de sobra conocido como Villanueva de Galligo reclamó el impago de este impuesto a la multinacional durante la construcción de estos centros de datos. Finalmente, se llegó a un acuerdo con el ejecutivo aragonés para desistir de esta petición. Sin embargo, en el segundo PIGA de Amazon que se ha visto afectado esta localidad, no ha habido acuerdo posible. De tal forma, que el pasado mes de julio, el municipio ratificó su contencioso-administrativo para reclamar 23 millones de euros a Amazon por este concepto, al tiempo que reclama por otras competencias urbanísticas municipales suplantadas por el Gobierno de Aragón.
