PP, Vox y la concejala no adscrita Marisa Gaspar —ex de Vox— han dado luz verde este jueves, 3 de septiembre, a la nueva Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana de Zaragoza en el primer pleno municipal tras el verano. La norma recupera una regulación que fue derogada en 2014 después de una fuerte contestación vecinal y social y llega a su aprobación definitiva tras una tramitación marcada por las críticas, las alegaciones de entidades ciudadanas y el choque político entre los grupos municipales.
“Libertad sí, libertinaje no”, ha proclamado Natalia Chueca durante el debate para defender una ordenanza que la alcaldesa presentó en mayo como “la ordenanza de las ordenanzas” para “construir una Zaragoza más cívica, más limpia y más segura”, y con la que el Gobierno municipal endurece el régimen sancionador y amplía las conductas sujetas a multas.
El texto establece multas de entre 50 y 3.000 euros para conductas muy diversas. Entre las infracciones muy graves, sancionadas con hasta 3.000 euros, figuran actos vandálicos contra infraestructuras y mobiliario municipal, determinados grafitis, vertidos incontrolados, “eventos ilegales multitudinarios” y la venta ambulante. Como graves, con multas de hasta 1.500 euros, se incluyen el botellón, la contratación o prestación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, determinadas despedidas de soltero e insultos y humillaciones en la vía pública. Las leves, con sanciones de hasta 750 euros, abarcan desde orinar o escupir en la calle hasta arrojar colillas o basura, abandonar bicicletas o patinetes y la pernocta en parques y jardines. La ordenanza incorpora además una disposición específica que impide el acceso a edificios y equipamientos municipales ocultando el rostro o impidiendo la identificación visual sin identificarse previamente ante la Policía Local.
La aprobación llega después de un proceso especialmente accidentado. Durante la exposición pública se presentaron 23 alegaciones y los grupos municipales registraron decenas de votos particulares, entre ellos 22 de Zaragoza en Común. El expediente quedó inicialmente fuera del pleno de julio después de varios aplazamientos, incluido uno provocado por la exigencia de Vox de retirarlo de comisión y otro justificado posteriormente por el Gobierno municipal como un “fallo técnico”. Finalmente, la norma ha regresado al pleno extraordinario de este 3 de septiembre para su aprobación definitiva. El propio Ayuntamiento reconoce que la anterior ordenanza había sido derogada en 2014.
ZeC: una ordenanza “cínica” basada en sancionar y castigar
Zaragoza en Común ha votado en contra de una normativa que Suso Domínguez ha rebautizado como ordenanza “cínica”. Para el concejal, el texto “no tiene nada que ver con mejorar la convivencia” y constituye “un instrumento más para introducir la agenda ideológica de Vox y del PP, tanto monta, monta tanto”.
ZeC denuncia que la normativa limita libertades, restringe el uso del espacio público, “inventa problemas inexistentes” y criminaliza tanto a la juventud como a las personas más vulnerables. Domínguez ha censurado además que durante la tramitación se hayan eliminado referencias a la vulnerabilidad asimétrica entre hombres y mujeres, a las personas LGTBIQA+ y a la igualdad de género recogidas en el informe de impacto correspondiente.
Uno de los principales reproches de la formación vuelve a ser la ausencia de participación ciudadana real. Según Domínguez, no hubo consulta previa ni debate en el Consejo de Ciudad, tampoco se consultó a las principales entidades ciudadanas y “no se ha admitido ni una sola de las alegaciones” presentadas por estas organizaciones.
“No es la ordenanza de todos y de todas, es solamente su ordenanza, la de ustedes, la de Vox y del PP”, ha afirmado.
ZeC sostiene además que el modelo aprobado se apoya “única y exclusivamente en la sanción y el castigo” y prescinde de herramientas educativas y de mediación. La formación había presentado 22 votos particulares precisamente para introducir la mediación comunitaria como instrumento prioritario ante los conflictos y para eliminar varios de los artículos que consideraba restrictivos de derechos y libertades.
“Se sanciona lo que no gusta aunque no genere ningún problema”
Domínguez ha puesto el foco en varias conductas incluidas en la ordenanza que, a juicio de ZeC, pueden resultar molestas o discutibles pero no constituyen necesariamente un problema de convivencia.
“¿Atenta contra la convivencia que alguien vaya sin camiseta por la ciudad sin molestar a nadie? ¿Que alguien lleve lo que quiera en la cabeza? ¿Que alguien coloque una pancarta sin causar ningún daño?”, ha planteado. Para ZeC, el Ayuntamiento pretende convertirse así en “guardián del gusto y de la moral” de la ciudad.
La formación cuestiona igualmente que pueda considerarse botellón una reunión de tres personas consumiendo alcohol aunque no produzcan ruido ni molestias. Domínguez ha contrapuesto ese supuesto al de cuatro personas tomando una bebida sin alcohol pero generando molestias y ha denunciado que la ordenanza sanciona determinadas conductas por lo que son y no por sus consecuencias reales sobre la convivencia.
También rechaza las restricciones sobre música, megafonía e instrumentos en el espacio público cuando puedan afectar a actividades culturales o al ejercicio del derecho de protesta. “Una pancarta de protesta no es un problema de convivencia. Una manifestación no es un problema de convivencia”, ha defendido.
Burka: ZeC denuncia “racismo institucional” y una “agenda islamófoba”
Otro de los puntos más cuestionados es la prohibición de acceder a edificios y equipamientos municipales ocultando el rostro sin identificarse previamente ante la Policía Local. La formulación afecta, entre otras prendas y elementos, al burka y al niqab. El Ayuntamiento sostiene que la medida pretende reforzar la seguridad y que deberá aplicarse respetando la legalidad y la no discriminación.
Para ZeC, sin embargo, se trata de “una agenda islamófoba” camuflada bajo un supuesto problema de seguridad que la formación considera inexistente.
“El tema del burka no es una ficción que intenta camuflar bajo un supuesto problema de seguridad una agenda islamófoba que no tiene nada que ver con la defensa de las mujeres, sino directamente con los prejuicios y la xenofobia”, ha denunciado Domínguez, que sitúa esta disposición dentro de una lógica de racismo institucional.
“La pobreza no se combate con multas”
ZeC también ha vuelto a cargar contra el tratamiento de las personas sin hogar. Durante la tramitación, el Ayuntamiento modificó el régimen previsto inicialmente para la pernocta en parques. Dormir en estos espacios dejó de considerarse una infracción grave, pero continúa prohibido y sancionado como infracción leve, con multas de hasta 750 euros, dentro de lo que la ordenanza denomina “uso indiscriminado y excluyente del espacio público”.
Domínguez considera insuficiente esa modificación. “¿Saben qué atenta contra la convivencia? Que haya cientos de personas durmiendo en nuestras calles sin alojamiento, sin ningún recurso, a las que ustedes expulsan de los espacios y que intentan invisibilizar”, ha señalado.
“La pobreza no se combate con multas”, ha resumido la formación.
El PSOE acusa a Chueca de elegir a Vox antes que el consenso
El PSOE también ha rechazado la ordenanza y ha reprochado a Natalia Chueca haber priorizado desde el principio el entendimiento con Vox frente a la búsqueda de acuerdos con el resto de fuerzas municipales.
El concejal Horacio Royo ha ironizado con que el Gobierno haya conseguido “a la tercera” llevar el expediente a votación cumpliendo el Reglamento Orgánico y ha contrapuesto la actitud de Chueca con la búsqueda de consensos que, a su juicio, caracterizó otros momentos de la política municipal.
“Lo que pasa con esta ordenanza es que su empeño en priorizar el acuerdo con Vox y rechazar el acuerdo con el Partido Socialista no solamente genera una sensación incómoda desde el punto de vista formal, sino que tiene consecuencias sobre el fondo”, ha señalado.
Royo ha puesto como ejemplo la regulación sobre el burka y ha acusado a PP y Vox de dar más importancia a la posibilidad de que alguien intente acceder al Ayuntamiento con esta prenda que a propuestas socialistas relacionadas con el derecho al descanso o la protección del patrimonio.
El edil socialista también ha cuestionado la solidez jurídica de esa disposición. A su juicio, el Ayuntamiento carece de competencias para establecer una prohibición general y la fórmula de exigir identificación previa puede colisionar con la legislación estatal de seguridad ciudadana.
“Han hecho un contorsionismo jurídico”, ha afirmado Royo, recordando que Vox llegó a plantear durante la tramitación prohibiciones todavía más amplias, como la relativa al burkini, que no prosperaron.
CHA exige separar incivismo y vulnerabilidad
Fuera del pleno municipal, Chunta Aragonesista también ha criticado la nueva normativa y ha reclamado que diferencie claramente entre las conductas incívicas y las situaciones derivadas de la pobreza, la exclusión o la vulnerabilidad.
Su presidente en Zaragoza, Chuaquín Bernal, ha valorado positivamente la rectificación realizada durante la tramitación respecto a la pernocta de personas sin hogar en parques y jardines, pero considera que el problema sigue abordándose desde una perspectiva equivocada.
“Quien duerme en un parque porque no tiene otro lugar donde hacerlo no está protagonizando un problema de civismo, sino una situación de exclusión que necesita una respuesta social”, ha defendido.
Para CHA, prohibir la pernocta no resuelve el problema: “Podemos prohibir dormir en un parque, pero con eso no conseguimos que esa persona tenga un lugar donde dormir. El problema simplemente se desplaza a otra calle o a otro barrio”.
La formación aragonesista ha centrado otra de sus críticas en la posibilidad de sancionar tanto a quien solicita como a quien presta servicios sexuales retribuidos en el espacio público.
“No entendemos qué problema solucionamos multando a una mujer en situación de prostitución que se encuentra en una situación de pobreza, explotación o incluso ser víctima de trata”, ha señalado Bernal.
CHA defiende que las mujeres en situación de prostitución no deben ser sancionadas ni criminalizadas y plantea que las actuaciones municipales se dirijan contra quienes demandan y compran esos servicios sexuales.
“Una ciudad necesita normas, pero las multas no pueden sustituir a las políticas sociales. La convivencia se construye afrontando los problemas, no haciendo desaparecer de nuestra vista a quienes los padecen”, ha concluido Bernal.
Una norma contestada desde su nacimiento
La ordenanza aprobada este jueves llega después de meses de rechazo por parte de organizaciones vecinales, sociales, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Buena parte de las alegaciones cuestionaron precisamente el endurecimiento sancionador y los posibles efectos de determinados artículos sobre personas sin hogar, población migrante, juventud, protesta social y uso comunitario del espacio público.
El Gobierno municipal, por su parte, mantiene que la norma responde a una amplia demanda ciudadana. En julio aseguró que el 91,5% de las personas consultadas en el Barómetro Municipal consideraba necesaria una regulación de estas características y defendió que el texto había sido enriquecido durante su tramitación con aportaciones de entidades sociales y grupos políticos.
La ordenanza recupera así, doce años después, una regulación municipal específica sobre convivencia. La anterior había sido derogada en 2014 con el apoyo de PSOE, CHA e IU después de una amplia contestación ciudadana. La nueva vuelve ahora de la mano de PP y Vox y con el voto de la concejala no adscrita Marisa Gaspar, bajo unas críticas que resumen dos modelos enfrentados de ciudad: el de las multas, prohibiciones y control del espacio público frente al de la educación, la mediación, la participación y las políticas sociales.
