El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES-Aragón) celebra este año el vigésimo aniversario de su creación y aprovecha esta fecha para denunciar la situación que plantea la nueva orden firmada por Alejandro Nolasco, consejero ultraderechista de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que permite, de manera excepcional, contratar personal que no disponga de la acreditación o cualificación requerida para la prestación del servicio de atención educativa residencial integral en centros propios de protección a la infancia.
La entidad recuerda que la Ley 9/2005, de 10 de octubre, del Gobierno de Aragón, "supuso un antes y un después en el desarrollo profesional de la Educación Social en nuestra Comunidad Autónoma". Tras años de reivindicaciones de colectivos como la Asociación Aragonesa de Educadores Especializados o la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Aragón, se creó un Colegio Profesional amparado en el ámbito estatal por el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales.
El CEES-Aragón reivindica que su creación permitió la "dignificación y visibilidad de la profesión" en un territorio que, según recuerda, carece de estudios presenciales de Educación Social. Durante estas dos décadas, señala, fueron muchas las personas que apostaron por la profesionalización y por la prestación de servicios destinados a educadores y educadoras sociales, una profesión "en permanente desarrollo y formación continua para la mejora de la calidad de vida de las personas y colectivos a los que se dirige".
La entidad destaca también los espacios profesionales conquistados durante estos veinte años, entre ellos las plazas de Técnico Medio Educador del Ayuntamiento de Zaragoza, el acceso a puestos en distintos departamentos del Gobierno de Aragón o el crecimiento en las Comarcas, "siempre desde la defensa de la profesión y contando indispensablemente con nuestra asesoría jurídica".
En este sentido, el Colegio subraya que "el Intrusismo Profesional nunca ha sido una cuestión negociable" y considera que "que un Colegio Profesional no defienda puestos específicos es un contrasentido que resultaría implanteable con otras profesiones". La organización recuerda que aprobó en una de sus asambleas extraordinarias emprender acciones contra el intrusismo profesional y que cuenta con un protocolo de actuación presentado ante las entidades y la Administración Pública.
El CEES-Aragón asegura que nunca se había encontrado ante una situación como la que plantea actualmente el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia mediante la "Orden por la que se interpretan los elementos personales para la prestación del servicio de atención educativa residencial integral de centros propios de protección a la infancia".
Según denuncia el colegio profesional, esta orden establece que, "de manera excepcional, se podrá contratar personal que no disponga de la acreditación o cualificación requerida", lo que, a su juicio, supone "un intrusismo claro y evidente que sólo puede redundar en la precarización de nuestro trabajo y en una calidad del servicio sin garantías, ninguneando una profesión histórica en Aragón y tirando por tierra toda nuestra área competencial".
La organización relaciona esta situación con lo ocurrido hace dos años en el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, concertado con el IASS y cerrado judicialmente a principios de agosto de 2024, donde se cometieron "abusos gravísimos, que siguen siendo investigados". El Colegio recuerda que estos hechos fueron llevados a cabo por personas que, "contratadas como educadorxs, no sólo no lo eran, sino que carecían de cualquier tipo de cualificación para el desempeño de las funciones requeridas en ese centro".
"Entonces se puso el grito en el cielo por el intrusismo profesional acontecido", señala el comunicado, que recuerda que tanto desde la Administración como desde las entidades y el propio Colegio se trabajó en "un claro itinerario de reconocimiento profesional que no permitiera que hechos tan graves pudieran volver a repetirse".
"Dos años después", denuncia el CEES-Aragón, "se plantea, insólitamente, que pueda ejercer de educador-a social cualquier profesional que acredite experiencia y formación «parecidas»", obviando, a su juicio, "una titulación universitaria que dota de herramientas necesarias para el ejercicio profesional específico". La entidad considera que esta situación supone "lanzar balones fuera en lugar de reconocer la escasez de recursos, la precariedad laboral de profesionales cualificados y otros aspectos que hacen mella en la intervención socioeducativa de las personas con las que trabajamos".
Solicita la revocación de la orden
Por todo ello, la Junta de Gobierno del CEES-Aragón solicita "la revocación de la orden y su nulidad" por tres motivos. En primer lugar, por la "Vulneración de la Ley de Creación de la Profesión y el Intrusismo Profesional", al considerar que la Educación Social es una profesión regulada por la Ley 9/2005 de creación del Colegio Profesional y un grado universitario con competencias específicas.
En segundo lugar, por el "Perjuicio al Interés Superior del Menor", ya que, según sostiene la entidad, en los centros de protección y reforma la labor socioeducativa requiere "un perfil profesional con formación específica en el ámbito socioeducativo, el diseño de proyectos educativos individuales y la mediación".
En tercer lugar, denuncia "Desviación de poder y Precarización" y considera que la declaración de "difícil cobertura" no puede utilizarse para "eludir la obligación de mantener plantillas suficientes y condiciones laborales dignas", normalizando la contratación de personal sin la titulación requerida "en detrimento de la calidad asistencial".
El Colegio manifiesta asimismo "su repulsa hacia el desprestigio profesional y el agravio comparativo que supone la Orden recién publicada" y solicita que sea revocada "a la mayor brevedad posible". Al mismo tiempo, se ofrece a mantener las reuniones necesarias para explicar sus líneas estratégicas y las consecuencias que tendría, según advierte, para la ciudadanía y, especialmente, para las personas que habitan contextos vulnerables, "carecer de profesionales especializados en crear vínculo educativo y acompañamiento pedagógico".
"Vamos a seguir emprendiendo las acciones que consideremos oportunas para defender una profesión esencial", concluye el comunicado.
