Los sindicatos CSIF, CCOO y STEA han presentado este lunes un recurso contencioso-administrativo contra la orden de servicios mínimos fijada por el Gobierno de Aragón para la huelga educativa convocada este martes y miércoles, 19 y 20 de mayo. Las organizaciones consideran que los servicios mínimos impuestos son “abusivos y desproporcionados” y han solicitado además medidas cautelares para intentar suspender su aplicación.
La orden establece unos servicios mínimos equivalentes al 25% del personal docente en los centros públicos aragoneses. Sin embargo, los sindicatos denuncian que ese porcentaje “no es real” y que, en la práctica, el número de docentes obligados a trabajar durante la huelga es considerablemente superior.
CSIF, CCOO y STEA recuerdan que antes de la pandemia las huelgas educativas funcionaban con unos servicios mínimos mucho más reducidos, consistentes habitualmente en una persona docente y un miembro del equipo directivo por centro. Fue durante la crisis sanitaria de la COVID-19 cuando el porcentaje se elevó excepcionalmente hasta el 25% de las plantillas por motivos de salud pública.
Seis años después y sin ninguna situación sanitaria que lo justifique, los sindicatos denuncian que el Departamento de Educación mantiene intactas aquellas restricciones excepcionales, limitando de forma injustificada el derecho fundamental de huelga.
En algunos centros pequeños los mínimos pueden alcanzar el 60%
Las organizaciones explican además que el impacto es especialmente grave en centros pequeños, donde el porcentaje efectivo de servicios mínimos se dispara por encima de la cifra oficial anunciada por la administración.
Según detallan desde CCOO, el problema deriva tanto del redondeo obligatorio de personal como de la obligación de mantener siempre miembros del equipo directivo. Así, en un centro donde el 25% de plantilla equivalga, por ejemplo, a 1,25 docentes, el servicio mínimo nunca puede quedarse en una persona y obliga a fijar al menos dos. A ello se suma además la presencia obligatoria de personal directivo.
En la práctica, esto provoca que en algunos colegios pequeños los servicios mínimos reales puedan situarse en torno al 60% de la plantilla, mientras que en centros más grandes el porcentaje también supera el 25% anunciado oficialmente.
Los sindicatos consideran que esta situación busca “desactivar la movilización” y reducir el impacto de una huelga convocada para denunciar la concertación del Bachillerato, la falta de inversión en la enseñanza pública, la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones educativas en Aragón.
