Tras celebrar la desestimación del macroproyecto eólico de Capital Energy, el Matarranya vuelve a alzar la voz. Esta vez, para denunciar la desigualdad de trato respecto a otro plan similar, promovido por Forestalia y aprobado en tiempo récord con argumentos ambientales contradictorios.
La Plataforma a favor de los paisajes de Teruel —que acaba de presentar también la primera demanda contra el clúster Maestrazgo— y la Associació Gent del Matarranya emitieron este lunes un comunicado en el que, junto a la satisfacción por la Declaración de Impacto Ambiental negativa del Ministerio de Transición Ecológica sobre el clúster eólico de Capital Energy en la comarcas del Matarranya y Baixo Aragón, expresan una profunda preocupación por el “doble rasero” aplicado por la administración estatal.
Ambas organizaciones consideran que los megaproyectos de Capital Energy (2021) y Forestalia (2022) son prácticamente gemelos: más de 40 aerogeneradores cada uno, en zonas de fuerte pendiente, con afección directa a hábitats protegidos, especies en peligro como el quebrantahuesos o el águila perdicera, riesgo de incendios y visibilidad desde numerosos núcleos habitados.
Sin embargo, mientras el proyecto de Capital Energy —compuesto por los parques Arlo, Céfiro, Paucali y Argestes, con una potencia inicial de 504 MW— ha sido rechazado de plano tras tres años de tramitación y más de 1.500 alegaciones, el de Forestalia fue aprobado parcialmente en apenas doce meses, validando la instalación de siete parques eólicos y más de 50 aerogeneradores. Solo el parque “Cretón” quedó excluido.
“La administración ha aplicado criterios ambientales radicalmente distintos a proyectos con impactos similares”, denuncian ambas entidades. Lo que en un expediente ha sido considerado inasumible —ocupación de 21 km² de hábitats prioritarios, afecciones a la Red Natura 2000, impactos sobre el turismo rural— en el otro se ha calificado como “compatible”, “moderado” o incluso “mitigable” mediante detectores de aves o planes de vigilancia sin eficacia demostrada.
“La administración ha aplicado criterios ambientales radicalmente distintos a proyectos con impactos similares”
Para la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y la Asociación Gent del Matarranya, este caso evidencia que la transición energética no se está gestionando con transparencia ni rigor técnico, sino que se mueve entre “equilibrios políticos, intereses empresariales y zonas grises administrativas”, lo que “pone en peligro no solo nuestros paisajes y ecosistemas, sino también la credibilidad de las instituciones encargadas de protegerlos”. Y advierten: “Los daños que se pretenden esquivar en un caso, pero se consienten en el otro, son para siempre y sin margen de reparación”.
Ante esta disparidad, exigen al Ministerio para la Transición Ecológica una explicación pública y una auditoría de los procedimientos aplicados. “La transición ecológica no puede convertirse en una vía rápida para intereses privados, camuflada tras informes a medida. Queremos energías renovables, pero no a cualquier precio, no en cualquier lugar y no bajo el viejo modelo de colonización energética que margina a los territorios rurales”, subrayan.
Las plataformas cierran el comunicado con un mensaje claro: “Aplaudimos el acierto del Ministerio al rechazar de pleno el proyecto de Capital Energy. Pero el criterio debe ser igual para todos. Y mientras no lo sea, este territorio seguirá exigiendo justicia, transparencia y futuro”.
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