La Asociación Pirulí por un Urbanismo Justo (APUJ) mantuvo la semana pasada una reunión con los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Zaragoza “para hacerles llegar, con anterioridad al debate del Estado de la ciudad”, los argumentos por los cuales se oponen a la modificación del PGOU que fue aprobada inicialmente el en pleno del 30 de enero de 2025.
En la reunión con los grupos políticos se les facilito un documento en el que se resumen los argumentos jurídicos por los que se oponen a la citada modificación “que implica la destrucción de dos equipamientos deportivos del sector que actualmente disfrutan y usan niños y jóvenes a diario”.
Pelotazo de 50 millones para la Nueva Romareda
“Con la venta de la parcela en la que está ubicado el equipamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza pretende obtener 50 millones de euros para financiar el campo de fútbol de la Romareda, tal y como consta en la primera página del expediente de modificación del PGOU y en otras sucesivas”, detallan desde APUJ.
La asociación ya advirtió durante el trámite de información pública de la existencia de importantes argumentos jurídicos que demuestran “la evidente ilegalidad de esta operación. El ordenamiento jurídico, y más concretamente la legislación urbanística, no contemplan de ningún modo que se pueda producir una operación especulativa de tal calibre”.
Desde sus inicios históricos a mediados del siglo pasado, la legislación urbanística ha establecido la obligación de ceder y proteger las dotaciones públicas evitando la especulación. Es un principio que se incluye expresamente en los primeros artículos de todas las Leyes urbanísticas. “El objetivo de la Ley es precisamente que no ocurra lo que el Ayuntamiento de Zaragoza pretende en este caso concreto: aprovechar el aumento del precio del suelo en una zona consolidada de la ciudad eliminando las dotaciones deportivas existentes en dichas áreas y alejándolas cada vez más a la periferia, donde el suelo es más barato. Hay multitud de ejemplos de sentencias judiciales anulando este tipo de modificaciones”, recalcan desde la Asociación Pirulí por un Urbanismo Justo.
La gestión de Chueca “insulta a la inteligencia”
La asociación ha manifestado en más de una ocasión “la realidad oculta tras esta modificación” y rechaza “tajantemente afirmaciones que se insultan a la inteligencia, como la de que nos hallamos ante un simple traslado del equipamiento sin mayores consecuencias para la población del barrio, o la de que se crean nuevas zonas verdes. Se ha demostrado que no se crea nada, sólo se destruye, y deja un déficit importantísimo de dotaciones y masifica más y más un barrio ya muy por encima del límite máximo de densidad de población que permite la legislación urbanística. Esa es la realidad y aunque se intente embarrar con infundados argumentos políticos, lo seguirá siendo”, enfatizan.
“Recientemente se ha demostrado que la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha avalado otras modificaciones aisladas que posteriormente han sido anuladas por los Tribunales. De seguir adelante, estamos convencidos de que este será un caso más porque la justicia nunca permitirá que se vulnere la Ley”, por lo que la asociación confía “plenamente en la justicia” y recurrirá a ella si finalmente se aprueba definitivamente.
Por último, desde la Asociación Pirulí por un Urbanismo Justo recuerdan que “la nuestra, aunque es la más grave y evidente porque afectar a un equipamiento público ya consolidado y en uso, no es la única actuación de este tipo en la ciudad. No puede admitirse un modelo de ciudad en el que se apuesta todo al uso residencial de alta densidad, a la masificación del suelo ya urbanizado y a la construcción de viviendas de lujo a costa de los espacios públicos”.
“No podemos admitir que se eliminen dotaciones públicas de las zonas en las que son necesarias a cambio de dinero porque eso no es un argumento urbanístico, porque en ningún caso es legal y, lo que es más importante, porque no es justo”, concluyen.
