La operación de recalificación urbanística propuesta, y aprobada inicialmente por Partido Popular y Vox, supondría la destrucción de dos equipamientos deportivos de propiedad municipal y el cambio de usos de la parcela. El objetivo de la operación no son las necesidades sociales del entorno, las demandas del vecindario o una mejora del planeamiento urbanístico de la zona, la motivación declarada por el propio gobierno municipal de Natalia Chueca es "hacer caja" para financiar la costosa construcción de un nuevo estadio de fútbol que sustituirá a la vieja Romareda.
En concreto el derribo del Campo Municipal de Fútbol (CMF) García Traid y del único Skatepark "de ciudad", como lo definen con acierto quiénes le dan uso, traerá la construcción de 470 viviendas de lujo. Una edificación que romperá el horizonte del barrio con sus más de 20 plantas previstas y que añadirá más densidad de población al incorporar a 1.500 nuevos residentes. Todo ello sin previsión de aumentar los equipamientos públicos. El Ayuntamiento de Zaragoza obtendría 50 millones de euros para financiar la nueva Romareda y la empresa que se haga con los suelos unas jugosas plusvalías, todo a costa de la calidad de vida de las personas que residen en la zona. El término "pelotazo" no es ninguna exageración a la hora de definir estos planes urbanísticos.
Una operación ajena a la norma
Precisamente, el objetivo de la operación, recalificar los suelos para financiar la llamada "operación Romareda", "vulnera de forma frontal el ordenamiento jurídico", sostiene la asociación vecinal. "La jurisprudencia considera contrario a Derecho el ejercicio de la potestad de poder cambiar el planeamiento urbanístico para la conseguir objetivos o intereses distintos de las necesidades y fines estrictamente urbanísticos", explican. Al respecto, ponen luz sobre los intentos de maquillaje de la naturaleza de la operación, "aunque el Ayuntamiento haya querido cambiar el discurso, en el expediente se reconocía abiertamente, en su primera página, que la finalidad de esta operación era sufragar los gastos de la nueva Romareda lo cual constituye un claro supuesto de ejercicio de la potestad de planeamiento para un objetivo distinto del de ordenación urbanística". Es un hecho que ya en el mandato de Jorge Azcón, como alcalde de Zaragoza, se propuso que dichos suelos formaran parte de una operación que pretendía enajenar suelos públicos para financiar la construcción del estadio de fútbol.
Además señalan que "con la supresión del equipamiento, el sector incumplirá las reservas de dotaciones públicas de carácter mínimo que en cumplimiento de la legislación urbanística previó el Plan Parcial (23-28) e incumplirá la densidad máxima de 75 viviendas por hectárea". La entidad también apunta que "la previsión de las reservas dotacionales que exige la legislación en caso de incremento de densidad residencial en suelo urbano no suponen un incremento real dado que conlleva la supresión del existente y además se localizan en otros ámbitos de la ciudad". Y por último recuerdan que la promoción de nuevas viviendas exige "la reserva de un 20% de vivienda protegida", según dispone el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Todos estos argumentos, y otros de carácter social o deportivo, han sido respaldados por las más de 1.500 alegaciones presentadas. Que el Área de Urbanismo que dirige, Víctor Serrano, aún no ha cuantificado (o no lo ha hecho público) y a las que aún no ha contestado. "¿De qué sirven las leyes si la Administración las puede interpretar en su propio provecho e incumplirlas perjudicando y restando derechos a los ciudadanos?", se preguntan desde ‘Pirulí por un urbanismo justo’.
Las consecuencias sociales y deportivas
Las alegaciones presentadas, describen los efectos indeseados que una operación como esta traerán a esta zona. La destrucción del campo municipal de fútbol supone para el barrio la pérdida de un importante equipamiento deportivo que "debería dar servicio a 6.500 niños y adolescentes que residen cerca y estudian en colegio", explican la asociación vecinal. "Esto tiene graves consecuencias: rompe un espacio de convivencia para los niños de distintos barrios y desincentiva la práctica deportiva", recalcan. También señalan los perjuicios que creará la destrucción del Skatepark que tiene una gran demanda y "es la única de toda la ciudad que cumple con los requisitos que exige la Federación Española de Patinaje para este deporte que ya es olímpico".
En las alegaciones los vecinos y las vecinas señalan que tienen "un déficit de zonas verdes de más de 5.000 metros cuadrados. Si además consideramos el Barrio de La Bozada, rodeado por nuestro sector, que carece de equipamientos y tiene 6.625 metros cuadrados menos de lo que le corresponde, tenemos casi 12.000 metros cuadrados menos de zonas verdes". Si ahora se incrementa en 470 el número de viviendas, "el déficit pasaría a ser de 16.000 metros cuadrados". Las alegaciones también señalan la saturación que alcanzarían los viales del barrio y el déficit de zonas de aparcamiento.
Algo que también preocupa en el vecindario es la saturación del Centro de Salud. La llegada de 1.500 nuevos habitantes "saturarían todavía más nuestro centro de salud ya está saturado desde 2016. Tenemos un centro de salud dotado para atender 14.400 cartillas, pero ya atiende a 17.462 pacientes, y pasaría a 18.962, superando en más de 4.000 usuarios su capacidad y sus recursos".
El Skatepark es un equipamiento único en la ciudad
Los clubes deportivos Zaragoza Skateboarding y RSBS Club, que agrupan a una parte de los usuarios y usuarias del Skatepark Ignacio Echeverría, coinciden con las apreciaciones vecinales. De hecho, ambos colectivos han mantenido una amplia sinergia y colaboración para intentar detener el desaguisado que supondrá la operación de prosperar.
Para los clubes esta instalación deportiva cumple "una función principal en lo tocante a los deportes de freestyle de la ciudad; su remodelación es reciente; su ubicación es muy acertada, dado que está muy bien comunicado en transporte público y es fácilmente accesible en coche, a pie o por carril bici; es cercano a numerosos centros educativos; es el único skatepark amplio de la ciudad; cumple con todos los parámetros de la Federación de Patinaje para la elección de la ubicación de estos equipamientos deportivos; es percibido como un entorno seguro por los usuarios y constituye un importante punto de encuentro intergeneracional e intercultural, contribuyendo así a la cohesión social de la ciudad". Sostienen en una batería de argumentos que ponen en valor la rentabilidad social de este skatepark.
Además rechazan el traslado de la instalación. Y señalan, que más allá de las promesas anunciadas, el expediente municipal de la operación "no incluye una propuesta en firme de ubicación para la recuperación del equipamiento deportivo conocido como skatepark Ignacio Echeverría, que sería destruido, ni mucho menos incluye un diseño del mismo".
Respecto a la ubicación señalada por Víctor Serrano para la construcción de un nuevo skatepark, los clubes explican que "es un terreno con pendiente; es cercana a grandes masas de agua, mayormente estancada, que contribuyen a la proliferación de mosquitos en el entorno". Añaden que "su modificación para usos deportivos ha sido desaconsejada por el Servicio de Conservación de Arquitectura, ya que bajo la misma discurren tuberías de suministro de agua vitales para la ciudad" y otra cuestión clave es que la parcela propuesta "está muy mal comunicada en transporte público y en coche".
La representación de las personas usuarias del skatepark añaden un argumento cargado de lógica: "La sustitución de equipamientos deportivos de uso consolidado por otros situados en zonas periféricas de la ciudad implica un gasto público innecesario". Además, "no contribuye a aumentar el número de instalaciones deportivas existentes" y "dificulta el acceso al deporte a los ciudadanos, especialmente a los menores y a aquellos de bajos recursos sociales y económicos". También apuntan que "es contrario a los objetivos de sostenibilidad de las ciudades, pues incentiva el uso del vehículo particular, y destruye el tejido social de la ciudad".
