El IASS mantuvo el 15 de enero una reunión con la Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores “para informar de la situación actual de emergencia por sobreocupación de las Unidades de Acogida Residenciales que se encuentran desbordadas”.
“En el texto al que hemos tenido acceso se especifica que el número de plazas se determinara teniendo en cuenta los espacios disponibles como camas plegables, colchones, sillones, y si contrastamos esto con la realidad en ocasiones los menores tienen que dormir en pasillos. El servicio de Atención a la Infancia es el responsable de esta situación tan deshumanizada. Nos preguntamos si este es un entorno seguro para menores que necesitan una atención integral que están en situación de especial vulnerabilidad y exclusión social”, detallan desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores.
“Sillones igual a plazas”
“Tal vez algún político tiene que dar explicaciones públicas ante esta situación de emergencia en la que se supone nos encontramos y nombrar lo recursos existentes en Aragón, porque tiene una lista de los plegatines, colchonetas, sillones, etc. con los que cuentan los recursos residenciales que ha elaborado el IASS como criterio para determinar el máximo de sobreocupación. El comunicado viene a decir que existe una situación de emergencia por sobreocupación en centros de acogida de NNMSRF (protección internacional y temporal) y hay que buscar nuevas ubicaciones y para ello han decido realizar ingresos sobreplaza en centros de protección”, denuncian desde la Plataforma.
Por su parte, los sindicatos CGT, UGT y CCOO reclaman “que se tenga en consideración la labor que desempeñan los profesionales del sector de Protección a la Infancia y Adolescencia. Los trabajadores se sienten abandonados y menospreciados por la administración pública y las entidades que gestionan los recursos. Se esta normalizando la sobreocupación en los Centros Residenciales y no se puede permitir. Si son necesarios más recursos se deben abrir y dotarlos de personal, pero no sobrecargar los existentes que están al límite”.
En el caso de un recurso de protección de ocho plazas ubicado en Teruel gestionado por la entidad Faim - Rey Ardid “los trabajadores se quejan de que están solo dos educadores para atender a nueve menores, los cuales tienen características especiales, uno de ellos con discapacidad, otro con espectro autista, dos menores con rasgos conductuales muy marcados, dos protocolos de suicidio abiertos con lo que ello conlleva. Estos menores requieren de atención individualizada la cual se hace muy difícil dada la sobreocupación y el inexistente refuerzo de la plantilla”, enfatizan desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores.
Los profesionales se han quejado de la situación “a la Sección de Menores de Teruel y la respuesta es que dada la situación de emergencia se debe actuar en base al comunicado que dice que ‘todo vale’, pero el refuerzo del personal es inexistente y la infraestructura insuficiente. Un dato que es el reflejo de la dificultad del trabajo que desempeñan los educadores es la constante fuga de profesionales, por poner números en este centro de protección han sido 28 educadores cualificados los que, dadas las cargas laborales, el bajo salario, la turnicidad, el estrés, han abandonado el puesto de trabajo. Es importante recalcar la importancia de la labor que hacen los educadores que atienden a los menores en situación de vulnerabilidad y exclusión social y se sienten infravalorados”, recalcan.
La Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores recuerda también que “en un centro gestionado por Ozanam en Zaragoza la sobreocupación ha llegado casi al doble de su ocupación 42 menores cuando el centro Residencial CATIM está preparado para atender a 24 menores y solo han tenido un refuerzo de un educador a media jornada. Los educadores realizan su trabajo bajo situaciones límites. Las entidades que gestionan los centros residenciales deben atender a sus trabajadores y no exigirles desempeñar su labor profesional en condiciones extremas que deshumanizan la atención al menor”.
“Entendemos que se pueden sufrir situaciones excepcionales, y hay que dar respuesta, pero hay líneas rojas que no se deberían cruzar”, por eso, la Plataforma junto con los sindicatos CGT, UGT y CCOO piden “dignificar la labor que realizan todos los días los profesionales que atienden a los menores, sin que se les reconozca su trabajo”.
“La administración externaliza los recursos a entidades de gestión privada como Faim (Rey Ardid), Kairos, Ymca, Ozanam que se les llena la boca con sus eslóganes que vienen a decir: cuidemos al menor, démosle una lugar donde crecer seguro y atendido que se parezca a un entorno familiar. La realidad es otra y es momento de hacerla pública, decimos no a la sobreocupación y reclamamos más recursos de protección y dotar a los centros de plantillas de profesionales que aseguren una atención de calidad y no a mínimos como nos encontramos en la actualidad. Pensamos, que bajo este criterio no se está priorizando el interés superior del menor”, concluyen desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Protección y Reforma de Menores.
