Educadoras y educadores sociales, junto con otros y otras profesionales, reclaman desde hace mucho tiempo un convenio aragonés que dignifique un trabajo que actualmente desarrollan en condiciones de absoluta precariedad.
El Gobierno de Aragón fue quien en plena pandemia "les consideró esenciales, cuando, careciendo de información y equipos de protección, lo dieron todo, arriesgando incluso sus propias vidas para acompañar a estos niños y niñas en aquellos dramáticos momentos", añaden desde el colegio.
"Son equipos profesionales multidisciplinares con formación, con compromiso y para quienes la experiencia es crucial a la hora de resolver con éxito intervenciones generalmente muy delicadas. En resumen, son quienes cuidan las 24 horas del día de los 365 días del año a la gente más pequeña en situación de riesgo", prosigue el CEES en su comunicado.
En su opinión "la colegiación obligatoria de nuestra profesión, para el ejercicio profesional y el código deontológico, hace de nuestra profesión garantía de derechos para la ciudadanía".
El código deontológico de educadoras y educadores sociales señala en su Capítulo III, sección cuarta, artículo 23, en relación con la institución donde realiza su trabajo que “informara al colegio profesional acerca de las irregularidades cometidas por la institución donde perjudiquen seriamente la dignidad y el respeto de las personas en el ejercicio profesional”, recuerdan.
Una dignidad y respeto profesional que se ven claramente vulnerados "al sobrellevar una vida precaria, con salarios indignos, de subsistencia en muchas ocasiones, que abocan a una angustia cotidiana para llegar a fin de mes e impiden la realización personal de un proyecto vital y familiar dignos".
Es por ello "que nuestro colegio profesional, sin pretender interferir en ‘cuestiones laborales’ y con absoluto respeto a quienes negocian este convenio aragonés, se posiciona, al igual que lo hemos hecho en anteriores ocasiones y en otros ámbitos de intervención, del lado de sus profesionales e insta al Gobierno de Aragón y a las empresas intervinientes a sentarse a dialogar y a intentar llegar a un acuerdo para que mejore la vida de las personas que cuidan de nuestras niñas y niños", afirman desde el CEES.
Anita Zetina, secretaria general de la Integración Social Centroamericana –SISCA-, señalaba hace unos días en el marco del segundo intercambio sobre profesionalización de trabajadoras y trabajadores de los cuidados organizado en las Naciones Unidas que “Apostar a la profesionalización es crucial para asegurar la sostenibilidad de los sistemas de cuidados”.
La firma de este convenio aragonés es "sin lugar a dudas una apuesta por esa profesionalización que junto con nuestro compromiso personal asegurará la sostenibilidad de este sistema en los cuidados tan frágil y a su vez redundará en una mejora, no sólo de las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores sino en la calidad del trabajo que desarrollan y, por ende, en la posibilidad de que los niños y niñas a su cargo tengan en el futuro la vida digna que merecen", concluyen en su comunicado.
