Tras el largo periodo, seis años, de reivindicaciones “para poder mejorar las condiciones laborales” de las trabajadoras y trabajadores del sector de Protección y Reforma de Menores en Aragón, finalmente los sindicatos CGT, UGT y CCOO han iniciado la negociación con las patronales mayoritarias del sector en muestro país.
Así, se ha procedido a constituir formalmente la mesa negociadora “lo que asegura un primer paso esencial para llegar a tener un Convenio Colectivo propio que pueda recoger las necesidades específicas del sector en Aragón”, señalan desde la representación sindical.
“Era necesario dar este paso ya que Aragón en estos momentos se encuentra” entre los territorios “con peores condiciones laborales” del estado. “Salarios mileuristas y una alarmante fuga de profesionales a otros sectores laborales son algunas de las consecuencias que vivimos todos los días”, ha señalado Héctor García de CGT.
“Hemos dado un paso decisivo con las patronales del sector que agrupan una clara mayoría para poder negociar y cambiar la situación actual. El Gobierno de Aragón debe cumplir con los compromisos dados para acabar con la precariedad laboral que ha llevado a trabajadoras y trabajadores al límite”, indicaba por su parte Angélica Mazo de UGT.
“Salarios, jornada y permisos van a ser las claves para poder dignificar el sector. Valoramos positivamente los avances dados, pero seremos exigentes en la firma de un convenio que nos lleve a igualar o mejorar condiciones laborales” con el resto de territorios “que tienen desde hace años un convenio propio”, apostillaba Jesús Esteban de CCOO.
“Hemos dado un paso importante, pero la lucha continua”
El de Protección y Reforma de menores es un sector laboral que requiere de una alta cualificación y experiencia “en el que se ha intentado durante los últimos años invisibilizar la profesión del Educador y Educadora Social, con el único objetivo de abaratar los costes económicos, consiguiendo que el sector de reforma y protección de menores perciba los salarios más bajos del ámbito social”, destacan los sindicatos.
Los trabajadores y trabajadoras han soportado una pérdida económica del 50% del salario desde el 2003 año en que se iniciaron las externalizaciones de este servicio público. En la actualidad, “resulta difícil encontrar profesionales cualificados y con la experiencia suficiente, dispuestos a desempeñar una labor que implica un alto desgaste emocional, en el que a menudo sufrimos agresiones físicas y verbales”, recalcan, y añaden que se trata de “un trabajo que exige alta implicación, pero con unos salarios y condiciones laborales cada vez peores”.
Por todo ello, CGT, UGT y CCOO señalan que “van a ser exigentes en la negociación, tanto hacia las empresas y patronales, como hacia la administración -DGA- que va a tener un importante papel en poder conseguir la firma del I Convenio Colectivo de Protección y Reforma de Aragón”, concluyen.
