El auto dictado el pasado 20 de septiembre por el Juzgado de lo Penal número 1 de Uesca, no dejaba lugar a dudas en su parte dispositiva: "Acuerdo autorizar –señala el documento legal–, de forma urgente, el acceso al yacimiento arqueológico de la cueva de Chaves y su entorno inmediato, al equipo de la Universidad de Zaragoza", así como también, continúa el magistrado, "se autoriza la celebración de las jornadas de puertas abiertas que se consideren pertinentes al objeto de dar a conocer a la sociedad aragonesa las actuaciones emprendidas para la recuperación de este relevante patrimonio".
Se da la circunstancia de que la petición oficial para acceder a la cueva de Chaves y su entorno también declarado BIC, Solencio I, II y III, la formuló con carácter oficial la propia Dirección General de Patrimonio, organismo que a pesar de las reiteradas solicitudes formuladas por Apudepa, Asociación Valle de la Gloria, Ecologistas en Acción de Uesca y la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca, "responde con evasivas e inexplicables dilaciones a la convocatoria de puertas abiertas", subrayan fuentes de las entidades demandantes.
"Hemos presentado ante el Juzgado la solicitud de apertura al coto de Bastarás ya que no entendemos la equívoca actitud de Patrimonio en lo que nos parece una interpretación sesgada y restrictiva del auto judicial, máxime cuando el propio juez titular de lo penal sostiene su decisión apelando a la Ley del Patrimonio cultural aragonés que, no olvidemos, prevé la apertura de un BIC cuatro días al mes. No obstante, incluso consideraríamos admisible inicialmente que, dadas las circunstancias legales y propietarias, se dictara una visita pública mensual", advierte Belén Boloqui, presidenta de Apudepa.
Cabe añadir que el auto judicial citado refiere que "este bien inmueble está pendiente de entrega a la Diputación General de Aragón, plenamente legitimada, atendiendo a la encomienda estatutaria de defensa del patrimonio arqueológico aragonés, para acceder a la finca de referencia". Precisamente, el fiscal de lo penal ha interesado al juzgado "que se realice la entrega de la finca a la DGA a todos los efectos y sin perjuicio de que en el plazo más breve posible se aporte la pericial que falta", señala en relación con la peritación pendiente desde el pasado mes de abril, de varias de las fincas del coto de Bastarás que deben ser tituladas a favor de la DGA.
"La solicitud de la Fiscalía nos parece un paso satisfactorio y necesario para avanzar en la resolución del conflicto que generó el delincuente Victorino Alonso, pero como entidades patrimonialistas junto con las asociaciones ecologistas que integramos la plataforma que reivindica Chaves como espacio público, nos manifestamos con absoluta rotundidad de forma crítica con las administraciones concernidas, en particular con la Dirección General de Patrimonio de la DGA, donde lejos de encontrar apoyo y satisfacción a nuestras demandas, se interponen procesos burocráticos y administrativos inexplicables y exasperantes", prosigue Belén Boloqui. Quienes presentaron la demanda, se muestran en disposición de continuar con las acciones reivindicativas emprendidas durante el último año, recordando que la sentencia definitiva que atiende todas sus razones tiene fecha de 2018.
