La Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores recalca que “en esta ocasión han sido las profesionales de FAIM, que trabajan para el IASS en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol. Pero hace unos días les ocurrió a profesionales de SAMU, que también atienden a los menores trasladados desde Ateca en instalaciones anexas al mismo CEIMJ”.
Este pasado sábado “la violencia verbal y física ha vuelto a explotar y exceder los límites de lo ‘asumible’, esto no son gajes del oficio”, enfatizan. “Las profesionales que estaban de turno han sufrido insultos, amenazas e intentos de agresión, que han logrado evitar por su alta cualificación y conocimiento del medio y los internos con los que intervienen a diario”, destacan.
“Los medios de contención y seguridad del centro han sido incapaces de controlar la situación y han tenido que ser varias dotaciones de la policía quienes han intervenido, sufriendo varias agresiones, hasta que han podido sofocar el incidente”, relatan desde la Plataforma que agrupa a los sindicatos CGT, CCOO y UGT.
En el mismo sentido, recuerdan que “los equipos siempre trabajan en mínimos: el mínimo de educadoras que marca el pliego, el mínimo de equipos de seguridad que marca el IASS, el mínimo de recursos económicos, etc, y todo por el mínimo sueldo posible que marca un Convenio Estatal indigno y el mínimo de cuidado de las profesionales por parte de las entidades que gestionan los recursos, del IASS y especialmente de las mutuas como la MAZ, que sistemáticamente niegan la atención psicológica o psiquiátrica a profesionales que acuden a urgencias tras incidentes tan graves como los del pasado sábado”.
“Todo el equipo que sufrió el incidente de este pasado sábado acudió a la MAZ, y a todas las remitieron a su medico de cabecera, sin que les viera un profesional de Salud Mental, para tramitar una baja por estrés o ansiedad”, denuncian desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores.
Por todo ello, entienden que “la precariedad laboral y salarial de este sector se mezcla con los intereses económicos de los contratos que firman las entidades como FAIM con las mutuas”, y aseveran que “se da la paradoja de que si una educadora se pilla un dedo con un cajón del despacho le darán una baja laboral instantánea, pero si te insulta, amenaza o intenta agredir un interno te mandan a trabajar o a tu casa instándote a que pidas la baja a tu medico de cabecera”.
“¿Se merecen este trato profesionales con varias carreras universitarias que se dedican a atender a los menores tutelados por el Gobierno de Aragón? Son sus menores, su responsabilidad, y la delegan en entidades a través de concursos y conciertos dotados insuficientemente, generando todos los problemas que estamos viendo desde el verano en Ateca”, recalcan desde la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores.
Finalmente y como conclusión, insisten en que “la única forma de atajar este problema es dotar a los recursos con más dinero público”, así como “fomentar la adjudicación de aquellas entidades que mejoren las condiciones del indigno Convenio Estatal”, y, por supuesto “defender el I Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores” para nuestro país.
