La nueva Ley de Formación Profesional, aprobada por el gobierno estatal, incluía la integración, económica y profesional, del profesorado funcionario de carrera de este cuerpo en el de secundaria, integración que debía ser, desde el punto de vista económico, con retroactividad desde enero de 2021. En abril de 2023, la Consejería del anterior gobierno aragonés, cerró el proceso de integración con la vista puesta en enero de 2024, previa inclusión en los presupuestos, para hacer efectivo el pago de la integración, y así se informó a los sindicatos en mesa sectorial, apunta en una nota de prensa CGT Enseñanza.
"La llegada de un nuevo gobierno, y una nueva consejería, en principio no suponía ningún cambio en el calendario de aplicación. De hecho la consejera Claudia Pérez, afirmó en declaraciones a medios de comunicación el pasado noviembre, que los presupuestos aragoneses de 2024 incluían una partida presupuestaria para el pago de la integración", añade el sindicato.
Sin embargo, llegado enero, "comenzaron los supuestos problema". "La imposibilidad de calcular para la citada fecha el dinero que se debe a cada uno de los 300 docentes hizo que la Dirección General de Personal afirmase que el pago se realizaría en el primer trimestre de 2024. Ya en mayo, y ante este nuevo incumplimiento, desde la misma Dirección General de Personal se puso una nueva excusa a pregunta de CGT en Mesa Sectorial, 'que no se iba a pagar estos atrasos sino adelantaba el dinero el Ministerio de Educación'. Y, ya por último, la consejera Claudia Pérez, en Cortes de Aragón, y a pregunta de CHA, afirmó que se incluirá en los presupuestos de 2025 y se pagará en marzo del próximo año, esta vez la excusa de mal pagador, nunca mejor dicho, ha sido que han esperado a la respuesta del Tribunal Supremo sobre la demanda referida a la inclusión del personal funcionario interino en esta integración, demanda que ha resultado ser negativa", apunta CGT Enseñanza.
Pero "ni la demanda, ni ninguna de las otras excusas argumentadas por la administración educativa les han supuesto problema alguno al resto de Comunidades Autónomas pagar los atrasos resultantes del proceso de integración del funcionariado de carrera. Solo Aragón queda por saldar su deuda con este profesorado", recuerda el sindicato.
Esta situación ha llevado a CGT a los tribunales. "No nos creemos ya las mentiras de esta Consejería y vamos a facilitar al profesorado afectado el reclamar por vía judicial el pago retroactivo de la integración, pago que puede llegar hasta los 7.000 euros por docente, a los que añadir sus correspondientes intereses", zanjan.
