Este lunes día 8 de abril tiene previsto reunirse la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, en dicha reunión la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerá para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento.
Las organizaciones y movimientos de pensionistas “aprovechamos la ocasión para recordarle a la ministra y a la comisión que cuestiones fundamentales para garantizar pensiones públicas dignas y suficientes siguen pendientes” así como que los “compromisos recogidos en la Ley como la Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social y la tasa de reemplazo de las pensiones públicas, siguen sin realizarse”.
Las personas pensionistas “seguimos comprobando que debido a la insuficiencia de las pensiones públicas nuestras condiciones de vida se están deteriorando y sufrimos especialmente las consecuencias de la privatización de los servicios de sanidad, residencias y el encarecimiento de dichos servicios”, explican. “Los efectos sobre nuestra economía del incremento de los costes de productos y servicios básicos (38% según OCU), hacen que cada vez más personas mayores no puedan acceder a una medicación correcta, alimentación sana, una vivienda confortable con servicios básicos garantizados (luz, agua, etc.) y pensiones públicas por encima del umbral de la pobreza”.
“Las decisiones adoptadas para mejorar las pensiones mínimas son muy insuficientes y después de más de seis años de exigir una pensión mínima de 1080 euros seguimos esperando. La pobreza e insuficiencia de las pensiones, tiene cara de mujer y se sigue sin adoptar medidas eficaces para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones y mejorar sustancialmente la pensión de viudedad”, enfatizan desde el movimiento de pensionistas.
La tasa de reemplazo de las pensiones sigue disminuyendo “debido a que los recortes introducidos en la reforma del 2011 se mantienen en la del 2021 y se siguen reduciendo a medio plazo, la edad de jubilación aumenta de manera progresiva, se van profundizando las medidas de contraer al máximo el sistema público de pensiones y la seguridad social, sin resolver de manera definitiva la grave medida de reducir las pensiones a aquellas trabajadoras y trabajadores con 40 años o más de cotización en su vida laboral”, recalcan.
Por todo ello, reclaman “que todo el esfuerzo que se está realizando por construir un sistema complementario de pensiones privadas, basadas en la recomendación número 16 del Pacto de Toledo, a través de los eufemísticamente llamados ‘planes de empleo’ se aplique en garantizar el sistema público y mejorar las pensiones públicas”.
Las organizaciones de pensionistas dicen con contundencia “¡no al Pacto de Toledo! y pedimos se derogue la ley de creación del fondo de pensiones privadas (PPEs) a través de la negociación colectiva, y que ni un solo euro de los salarios diferidos en la vida laboral de las trabajadoras y trabajadores, se destinen a fomentarlos”.
“Estas demandas deben ser contempladas no sólo en las líneas generales del ministerio, sino en las decisiones concretas del gobierno y sus apoyos parlamentarios. Sólo es cuestión de voluntad política hacerlas realidad”, afirman.
“El conjunto de pensionistas de los diferentes pueblos del estado seguiremos luchando porque estamos convencidos que esta batalla la vamos a ganar, celebramos lo conseguido, pero queda mucho por conseguir, tras decenas de años de trabajo es de justicia lograrlo”, relatan, y concluyen reafirmando su “no al Pacto de Toledo, gobierne quien gobierne los derechos y las pensiones públicas se defienden”.
