El Gobierno de Aragón ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza por el incumplimiento de los planes urbanísticos de la calle Embarcadero, que acumulan tres años de paralización, impidiendo al Ejecutivo sacar adelante sus proyectos de construcción de viviendas de alquiler para jóvenes.
El recurso se ha materializado, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón, después de varios intentos “de buscar un acuerdo ágil, que pusiera fin a la situación de bloqueo y que contemplara además, la permuta de los suelos, tal y como había sugerido el concejal de Urbanismo”. Esta solución permitiría al consistorio estimar las peticiones de los vecinos y vecinas de seguir utilizando esa superficie como aparcamiento libre, a la vez que el Gobierno de Aragón podría construir vivienda de alquiler para jóvenes en otros barrios de la ciudad.
Pérez Anadón ha informado en este sentido a los vecinos y vecinas en una reunión que ha mantenido este lunes con los responsables de las asociaciones Tomás Pelayo y Olivar de Casablanca-Las Nieves, donde ha dado referencia puntual de las gestiones que a lo largo del tiempo se han realizado con el Ayuntamiento de Zaragoza.
Previamente, ha dirigido una nueva carta al concejal de Urbanismo de Zaragoza, Víctor Serrano, comunicándole la interposición del recurso contencioso-administrativo y expresándole su "profunda decepción" por la última respuesta, recibida el 8 de marzo, por cuanto "desiste absolutamente de la posibilidad de dar satisfacción a lo aprobado en la comisión bilateral de noviembre de 2021". Es decir, la aprobación del plan especial de los suelos de Embarcadero. En la carta, el consejero de Hacienda recrimina a Serrano que el desentendimiento de los acuerdos los justifique en base a tres razonamientos "fraudulentos".
Utilización de la bilateral
En concreto, censura que Serrano reclamara la vuelta a la negociación en el seno de la Bilateral, ya que la última sesión se cerró con un acuerdo concreto que ha incumplido el Ayuntamiento. "Plantear una nueva negociación sobre un acuerdo ya adoptado", prosigue la carta, "y que te compromete es insólito y un ejemplo manifiesto de mala fe y quebranto absoluto de la lealtad institucional".
De la misma manera, el consejero de Hacienda ha señalado que es "absolutamente falso mantener que el Gobierno de Aragón ha roto unilateralmente las negociaciones". En este sentido, recuerda que el Gobierno en la Bilateral de 2021 creyó en la palabra de edil, pero más de 400 días después de ese compromiso y tres años después de la firma del convenio, del que surge una figura contractual, que crea derechos y obligaciones para las partes que lo han suscrito, nada ha cambiado en el solar de Embarcadero.
Requerimiento
En diciembre de 2021 la dirección de Patrimonio y Organización envió un requerimiento al Ayuntamiento de Zaragoza, en el que recalcaba la situación de parálisis que se vive con los planes urbanísticos, a la vez que anunciaba la intención de hacer valer los derechos que asisten al Gobierno de Aragón, acudiendo a los tribunales si no se desbloqueaba de manera inmediata la tramitación urbanística.
Según la DGA, el Gobierno municipal exarcebó más sus posturas, profundizando en las políticas de enfrentamiento que propiciaron una mayor dilación en la tramitación urbanística.
Desde ese momento, han mediado dos cartas del consejero de Hacienda y Administración Pública, Carlos Pérez Anadón. El Gobierno aragonés quiere llegar a un acuerdo sobre la permuta, de manera que el Gobierno culminase la cesión de los suelos al Ayuntamiento y recibiese otros del mismo valor en otros barrios de Zaragoza, pactando incluso el criterio de una tasadora independiente si había divergencias en la valoración de los terrenos.
De la misma manera, el consejero del Gobierno de Aragón retrasó la decisión de acudir a los tribunales en favor del acuerdo, aunque esta postura tampoco ha cristalizado en una respuesta positiva por parte del Gobierno municipal, que dirige Jorge Azcón.
"Falta de voluntad"
De esta manera, el Gobierno aragonés alega "una falta absoluta de voluntad por parte del Ayuntamiento de Zaragoza de cumplir lo pactado, manteniendo a los vecinos como escudo humano para ocultar sus incumplimientos".
Finalmente, pone de manifiesto "el cinismo de Serrano” al alegar que abandonar la vía jurisdiccional sería la demostración de una voluntad sincera de cerrar acuerdos, primero porque no se había iniciado este proceso, y, segundo, “porque el Ayuntamiento ha utilizado con profusión este mecanismo contra el Gobierno de Aragón”, según el mismo Gobierno. El relato de los hechos, del que son conocedores tanto los vecinos, como la presidenta el distrito de Carmen Rouco, es un "sabotaje", según la DGA, de los derechos legítimos del Gobierno de Aragón.
Por lo tanto, ante la inactividad del Ayuntamiento de Zaragoza, la falta de transparencia en la tramitación urbanística y ante el manifiesto incumplimiento del convenio de marzo de 2020 para la gestión de los suelos de la calle Embarcadero, los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Zaragoza para que los tribunales diriman esta cuestión.
Sin ordenación urbanística
Los terrenos de la calle Embarcadero en el barrio de Casablanca, proceden de una cesión del Estado al Gobierno de Aragón en el año 2010, después de que el intento de ordenación de los suelos que había impulsado el Ayuntamiento en 1995 se encontrarse con la oposición del Estado y, posteriormente, con una sentencia del Supremo que obligaba a retrotraer los trámites a 1995, justo después de la aprobación inicial del plan especial.
Posteriores conversaciones entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza favorecieron la ordenación del espacio y ambas instituciones volvieran a valorar, ya en esta legislatura, la conveniencia de impulsar de nuevo la transformación de los terrenos, ajustándose a la sentencia del Supremo, que incrementa la superficie de zona verde y de equipamientos que se ceden al Ayuntamiento, aunque manteniendo el aprovechamiento lucrativo al que tiene derecho el Gobierno de Aragón.
Con este espíritu se firmó en marzo de 2020 el convenio de planeamiento y gestión que daba un plazo de tres meses para lograr la aprobación definitiva del plan especial. Este acuerdo no se cumplió y volvió repescarse en los pactos de la Bilateral de noviembre de 2021, que acordó concluir el proceso de información pública –del que derivaron unas alegaciones que tardaron 13 meses a llegar a la DGA-, valorar los suelos y aprobar el plan especial definitivamente en febrero de 2022, que tampoco se cumplió.
