El número de trabajadores con contrato temporal en la Administración de Aragón ha aumentado casi dos puntos en solo seis meses y ya supone el 55,1% del total de la plantilla, según los datos oficiales del último Boletín estadístico del personal al servicio de Aragón.
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) denuncia que estas cifras “vuelven a evidenciar que el Gobierno de Javier Lambán no defiende un empleo público estable y no va a cumplir con el compromiso de reducir al 8% las cifras de temporalidad a las que le obliga la Unión Europea y la legislación española”.
La publicación del último Boletín de personal, con datos del pasado mes de diciembre, y su comparación con el anterior, con datos de junio, muestra que la Administración General de la DGA ha pasado en este periodo de 12.079 a 12.113 empleados y empleadas, 34 más. Sin embargo, el número de quienes tienen contrato temporal ha ascendido en 239 personas. De esta manera, el porcentaje de temporalidad ha pasado del 53,3% a la cifra récord del 55,1%.
STEPA subraya que este aumento de la temporalidad en la Administración territorial ha sido una constante durante las dos legislaturas de Javier Lambán. Los datos de su propia Dirección General de la Función Pública señalan que cuando llegó a la presidencia de Aragón, en junio de 2015, este porcentaje de temporales era del 35,7% y no ha dejado de crecer, ya que “infringe sistemáticamente la ley que obliga a que las necesidades permanentes estén cubiertas por personal fijo, lo que pone de manifiesto la inoperancia de su Gobierno, y en particular del director general de Función Pública, Esteban del Ruste”.
El sindicato resalta la paradoja de que el Gobierno de Aragón castigaría con duras sanciones a cualquier empresa privada que practicase esta política laboral “cuando el encargado de hacer cumplir las leyes por la estabilidad en el empleo es, precisamente, el principal incumplidor”.
La mitad de toda la plantilla de la DGA es temporal
La Administración General es el colectivo de la Administración de Aragón con peores datos de temporalidad, pero los números y la evolución temporal son igualmente negativos si se considera el total de empleados y empleadas públicas, incluyendo también a los de Educación, Sanidad y otras áreas. Así, los datos globales que arroja el boletín de diciembre son de 58.487 personas en total y 28.929 con contrato temporal, el 49,5%, con un aumento del 10% durante el mandato de Lambán.
Los datos oficiales, publicados semestralmente, revelan que en el periodo de junio de 2015 a diciembre de 2022 hubo 7.562 trabajadores y trabajadoras más, pero 1.022 menos con contrato fijo. El número total de empleados y empleadas de la DGA ha aumentado todos los años, sin embargo la cifra de contratos fijos que había en 2015 ya no se ha superado en ninguna ocasión.
El aumento de la temporalidad en la Administración aragonesa ha sido una tendencia constante durante las dos legislaturas de Javier Lambán, con leves bajadas ocasionales, totalmente eclipsadas por subidas mucho más fuertes y otros datos. Por ejemplo, la temporalidad ha bajado un 0,1 respecto de junio a diciembre de 2022; pero el número total de la plantilla ha descendido en un porcentaje mayor.
“El Gobierno de Aragón defiende el trabajo público solo de boquilla”
STEPA denuncia que la política laboral del cuatripartito de Javier Lambán “es la opuesta a la de un supuesto gobierno progresista” y se ha basado en prácticas como “la privatización de los servicios, la amortización de plazas, las convocatorias fraudulentas, la ocultación de información y el incumplimiento de la ley”, de manera que “el actual Gobierno de Aragón defiende un modelo basado en el trabajo público y la estabilidad solo de boquilla, porque sus actos muestran todo lo contrario”.
Como prueba, el sindicato incide en que este aumento de la temporalidad convive con el despido masivo de temporales en abuso, que se están echando a la calle, tras décadas de servicio, por el “empecinamiento en incumplir la Ley que obliga a estabilizar sus plazas. Un atentado contra los derechos de cerca del 30% de sus trabajadores, que además supone empeorar gravemente la calidad de los servicios públicos”.
En cumplimiento de la normativa europea, la Ley 20/21 de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad obliga a dar la posibilidad de consolidar su puesto en un proceso extraordinario a todos los empleados y empleadas públicas con más de tres años encadenando contratos temporales, de la misma manera que sucede en el sector privado.
Pese a que casi la mitad de su personal es temporales, el Ejecutivo aragonés solo ha anunciado 2.552 plazas por esta vía para el total de trabajadores y trabajadoras de del territorio (571 plazas en Administración General). Mientras, sigue despidiendo a personas con décadas de experiencia mediante prácticas muy poco ortodoxas, como modificar las plantillas amortizando puestos, ofrecer a los nuevos funcionarios plazas en adscripción provisional incluidos los puestos con reserva de plaza, etc.
Así, se suceden los despidos ilegales “de trabajadores con mucha experiencia en el sector público; en su mayoría mujeres mayores de 50 años y con cargas familiares” y “sin reducir la temporalidad porque todas las semanas se están realizando llamamientos a la lista de interinidad y la rotación es constante; a la vez, que se mantiene sin cubrir alrededor del 8% de plazas vacantes”.
STEPA subraya que no se va a cumplir con la obligación legal y las exigencias de la Unión Europea de reducir la temporalidad en la administración aragonesa por debajo del 8%, lo que pone en peligro la llegada de fondos europeos y también dará lugar, finalmente, al pago de indemnizaciones, con cargo a las cuentas públicas, a las personas afectadas; por lo que en suma “el Gobierno de Lambán suspende estrepitosamente en gestión de personal y no defiende un empleo público estable y de calidad”.
