El Diputado de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, ha remitido un escrito a las autoridades de la Cámara aragonesa a fin de asumir como propias y trasladar dos preguntas parlamentarias procedentes de la iniciativa ciudadana del Colectivo Emigrante Aragonés.
Las preguntas registradas por el Diputado Sanz se dirigen al Gobierno de Aragón y se refieren al anteproyecto de Ley de los aragoneses y aragonesas en el exterior y de sus centros, actualmente en tramitación. Este anteproyecto de Ley es de especial interés para la diáspora aragonesa.
El Ejecutivo aragonés había anunciado hace unos meses que se había fijado como objetivo en la actual legislatura reforzar los vínculos con los aragoneses y las aragonesas que viven en el exterior. En este sentido, se afirmaba desde el Gobierno de Aragón que se estaba trabajando en la redacción de un anteproyecto de Ley que impulsaría la creación de un estatuto que regulará los derechos y prestaciones de los aragoneses y aragonesas en el extranjero, y que reformará el papel que cumplen hoy día las Casas y Centros de Aragón situados fuera de Aragón.
En la actualidad, la Ley 5/2000, de 28 de noviembre, es la que regula las relaciones con las comunidades aragonesas en el exterior. A juicio del Colectivo Emigrante Aragonés (C.E.A.), dicha Ley requiere ser modificada para incluir otros derechos y prestaciones en favor de la ciudadanía exterior aragonesa, que actualmente no están contemplados en la norma legal en vigor.
El coordinador del Colectivo Emigrante Aragonés, José Luis Martínez, expresó su satisfacción y agradecimiento por el apoyo brindado desde la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida a esta iniciativa ciudadana y expresó que "otros parlamentarios pertenecientes a otros Grupos Parlamentarios también han manifestado apoyos en favor de la citada iniciativa parlamentaria impulsada desde el Colectivo Emigrante Aragonés".
El C.E.A. ha trasladado en varias ocasiones la necesidad "imperiosa" de modificar la Ley en cuestión para favorecer la extensión de derechos y prestaciones que reclama buena parte de los aragoneses y las aragonesas que residen fuera del Estado español de manera permanente.
