En la asamblea celebrada el 20 de abril en la Facultad de Economía y Empresa, por una mayoría del 95% de personas asistentes, se acordó iniciar un calendario de paros y movilizaciones que culminasen en una huelga los días 6, 7 y 8 de junio de 2023. Por ese motivo, los órganos de representación del Personal Funcionario y del Personal Laboral, han acordado formalmente presentar la convocatoria ante la autoridad laboral y el Rectorado.
Además del paro y los días de huelga, la Junta de Personal y el Comité de Empresa han establecido una serie de asambleas y concentraciones que correrán paralelas a las negociaciones con el Rectorado a quien ofrecen un plazo de un mes para que se comprometa con una solución que garantice que ninguna persona perderá parte de sus retribuciones actuales.
Tal y como puso de manifiesto la asamblea, la suspensión de la retribución por la jubilación ha sido “la gota que ha colmado el vaso” del deterioro de las condiciones laborales de este personal, que por múltiples motivos se considera despreciado por su Rectorado.
Por ello, en la convocatoria de huelga, además de la exigencia a no perder su derecho consolidado a la retribución por jubilación, se incorporan las principales reivindicaciones del colectivo como, por ejemplo, el establecimiento de una carrera profesional equiparable a la del personal de la Administración de Aragón.
Actualmente la carrera profesional del personal universitario está congelada desde hace ocho años, lo que supone que ninguna persona que alcanza los cinco años de servicios prestados puede solicitar el acceso al tramo que le corresponde. Además, el importe de ese complemento ronda los 18 euros al mes, algo completamente ridículo si se compara con las retribuciones de este complemento en cualquier administración pública aragonesa.
Una representación del personal mantuvo ayer una reunión con Maru Díaz, consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento y con Ramón Guirado, director general de Universidades, quienes se han ofrecido a mediar en este conflicto.
Mientras que en otras empresas o administraciones públicas se han ido negociando retribuciones o primas en materia de acción social, en la Universidad estos incrementos se han destinado a la retribución por jubilación que ahora el Rectorado no se compromete a abonar.
La representación de los 1.700 trabajadores y trabajadoras universitarias han expresado su “hondo malestar” con el Rectorado y su intención de paralizar la actividad universitaria en caso de que no se resuelva el conflicto.
