La minera australiana Highfield Resources, impulsora del proyecto Mina Muga a través de su filial Geoalcali, ha anunciado este viernes la dimisión inmediata de su consejero delegado, Ignacio Salazar. Su salida, tras casi cinco años al frente, coincide con el bloqueo judicial de la mina, una creciente contestación ambiental y una paulatina sensación de fracaso del proyecto.
En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) anuló la concesión de explotación y paralizó Mina Muga tras la demanda de Ecologistas en Acción, Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa de la Bal d’Onsella y El Perdón.
Geoalcali recurrió la sentencia y, mientras tanto, desplegó una intensa campaña mediática y de presión institucional: el CEO presionó públicamente a los gobiernos navarro y español para tratar de encontrar “soluciones administrativas” fuera del cauce judicial. Además, varios alcaldes del entorno de Zangoza firmaron un comunicado respaldando los argumentos de la empresa, ignorando los posibles efectos sobre la población, el paisaje y la calidad de vida rural, y haciendo caso a las infladas cifras sobre puestos de trabajo que argumentaba la empresa.
En su defensa, Geoalcali siempre ha esgrimido que la potasa es “mineral estratégico” tras la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia y Bielorrusia. Sin embargo, en un nuevo varapalo para la compañía, el 25 de marzo la Unión Europea publicó una lista europea de proyectos prioritarios en materias primas críticas en la que ni Mina Muga ni la potasa aparecían.
En paralelo, Geoalcali aplicó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus 30 trabajadores, del 1 al 31 de marzo, aduciendo “inseguridad jurídica” derivada del fallo del TSJN. Un plazo para el ERTE que tuvo que ser ampliado al mes de abril.
Las asociaciones contrarias al proyecto aseguran, sin embargo, que Mina Muga encarna un modelo extractivista caduco, incapaz de fijar población o generar empleo estable. “Estos proyectos expulsan a la gente y degradan el entorno”, afirman. En su opinión, la prioridad debe ser una economía local sostenible, que apueste por energías renovables, agricultura ecológica y proyectos de bajo impacto.
La renuncia de Salazar marca un punto de inflexión. Aunque Highfield Resources asegura que seguirá avanzando en financiación y licencias, el desenlace judicial —con recursos aún pendientes en Aragón y Madrid— y la presión social configuran un escenario incierto.
El futuro de Mina Muga dependerá de las resoluciones de los tribunales pero también de que la compañía sostenga unas relaciones con inversores mientras las señales de solidez del proyecto estrella de Geoalcali se desmoronan.
