La FABZ reclama a la DGA y al IAA los expedientes de adjudicación del contrato de gestión de cobro del ICA

La FABZ pide a dichas entidades los requisitos y condicionantes que debería conllevar esta adjudicación, así como los convenios de cesión de datos de carácter personal que legalmente se exigen en este tipo de servicios, para comprobar que cumple normativa y legislación

Carmen Turégano (FABZ) en una reciente protesta contra el ICA. Foto: Charo Jiménez Lambán.

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza ha reclamado a la Diputación General de Aragón y al Instituto Aragonés del Agua los documentos y expedientes relacionados con la adjudicación del contrato de gestión de cobro del ICA por la empresa Servicios de Colaboración Integral.

Asimismo la FABZ pide a dichas entidades los requisitos y condicionantes que debería conllevar esta adjudicación, así como los convenios de cesión de datos de carácter personal que legalmente se exigen en este tipo de servicios. Todo ello en aras conseguir la información necesaria para comprobar que dicho procedimiento administrativo cumple con la normativa y con la legislación de protección de datos de carácter personal.

En la reclamación presentada por la FABZ se señala que el contrato adjudicado a la empresa Servicios de Colaboración Integral (SCI) tiene como último objetivo la gestión del cobro del denominado ICA. La empresa tiene entre sus cometidos girar la totalidad de los recibos para los municipios de Aragón que están dentro del sistema, un total de 750.000 recibos, sin Zaragoza, y más de 2 millones con ella. Sus ingresos anuales con este contrato serían de 1,15 millones de euros "si logra recaudar el cien por cien de este tributo", es decir, 44 millones de euros -sin contar la capital aragonesa- que irán directamente a las arcas del IAA.

Para la FABZ, un servicio tan importante para Aragón debe ser controlado y fiscalizado en todos sus términos por los organismos competentes, así como todo ciudadano tiene derecho de acceso a la información del Expediente Administrativo que habilita para ello en aras de garantizar la legalidad vigente en base a la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

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