El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado las “graves irregularidades” detectadas por la Intervención municipal en sus informes sobre los convenios suscritos por el gobierno de Natalia Chueca (PP y Vox) con las entidades antiabortistas Ainkaren y RedMadre. Entre las cuestiones señaladas figuran proyectos financiados dos veces, ayudas públicas sin declarar y advertencias sobre la falta de justificación de gastos.
En rueda de prensa, Elena Tomás y Suso Domínguez han detallado que, en el caso del convenio con Ainkaren, el órgano de control municipal alerta sobre “el incumplimiento del beneficiario de declarar todas las ayudas públicas, pese a que la Ordenanza de Subvenciones y la propia cláusula octava del convenio obligan a ello”.
“El informe no menciona la subvención autonómica de 60.000 euros concedida por el Gobierno de Aragón en julio de 2024 a la asociación Ainkaren, lo que constituye una insuficiencia del control técnico, al impedir verificar adecuadamente la financiación global del servicio”, remarcan.
ZeC recuerda que ya denunció esta situación en 2024, cuando la entidad pasó de contar con una financiación de apenas 10.000 euros a disponer ese año de dos convenios nominativos por un total de 91.000 euros. Entonces la formación ya cuestionó la duplicidad de la financiación pública para un mismo proyecto: un centro de acogida para 17 mujeres y sus hijos, con alojamiento, guardería, formación y acompañamiento. Además, reprochan que “Ainkaren omitió la existencia del convenio con el Gobierno de Aragón en la memoria del proyecto presentada al Ayuntamiento”.
Intervención municipal da la razón a ZeC al señalar que “ambos convenios financian en la práctica el mismo dispositivo asistencial: la Casa Cuna gestionada por Ainkaren (...). Se trata, por tanto, de financiaciones estructurales complementarias de una misma actividad continuada de atención social, con diferente origen administrativo pero idéntico destino funcional”.
Incremento de cuantía en 2025
Para Zaragoza en Común la situación es “especialmente grave” porque estas irregularidades han vuelto a producirse en 2025, con la diferencia de que la cuantía financiada con dinero público asciende a 103.500 euros. El incremento se debe a que el convenio del Ayuntamiento de Zaragoza ha pasado de 31.050 euros en 2024 a 43.500 euros en 2025.
“En el convenio de 2025 firmado por la consejera Orós, vuelve a no aparecer ninguna referencia a la financiación por parte del Gobierno de Aragón lo que impide verificar adecuadamente la financiación global de la entidad”, critican.
En este sentido, añaden que Intervención señala que “dado que este órgano de control no ha tenido acceso a la justificación presentada por la entidad ante la Administración autonómica, no puede verificarse si existen facturas o justificantes de gasto imputados simultáneamente a ambas subvenciones”.
Baja inversión y calidad del servicio
ZeC también cuestiona la baja inversión en el servicio, que cifran como “entre cuatro y ocho veces menor a lo establecido en los módulos económicos oficiales establecidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para recursos residenciales especializados”.
“Aunque los recursos no son homologables en muchos casos, esta escasa inversión señala la baja calidad de la intervención, que se lleva a cabo con precarización y falta de personal suficiente para llevar a cabo de manera adecuada todas las tareas que supuestamente se llevan a cabo, así como la selección en los perfiles a atender que desdeñan aquellas situaciones que requieren respuestas más complejas y con una intensidad de recursos mayor”, han detallado Tomás y Domínguez.
RedMadre y deficiencias en la justificación
En cuanto al convenio firmado con la entidad antiabortista RedMadre, Intervención municipal pone en cuestión la actuación del Área de Políticas Sociales. Según ZeC, el servicio gestor “mantuvo desde fases tempranas una valoración positiva de la justificación, proponiendo en dos ocasiones su aprobación y el abono del 20% restante de la subvención al tiempo que la Intervención General detectaba grandes deficiencias en la acreditación de los gastos”.
La formación sostiene que “desde la consejería existe un mayor interés en resolver esta subvención de acuerdo a los intereses de esta entidad que en garantizar el cumplimiento de la legalidad y su correcto uso”.
Las advertencias de Intervención, añaden, provocaron que el Ayuntamiento no abonara el 20% restante de la subvención y exigiera el reintegro parcial de 1.891,26 euros por la imputación inicial de gastos no subvencionables y por deficiencias en la acreditación de determinados costes, especialmente de personal.
Pese a ello, en diciembre de 2025 se firmó un nuevo convenio que, según ZeC, “tiene la curiosidad de cubrir el 100% del proyecto en lugar del 80% como en los últimos años viene siendo habitual”. La formación recuerda que, en casos como el del Consejo de la Juventud, esta distribución porcentual se ha utilizado para forzar a la entidad a renunciar al convenio al no poder financiar el otro 20%.
Falta de indicadores y transparencia
En ambos casos, tanto en el de Ainkaren como en el de RedMadre, Intervención señala la falta de “datos objetivos o indicadores cuantitativos que permitan dimensionar la demanda atendida, la cobertura o la suficiencia de la financiación propuesta”, así como la ausencia de indicadores de resultados, “limitándose a reproducir los datos declarados por la entidad, sin valorar la correspondencia entre los objetivos del convenio y los resultados obtenidos”.
Zaragoza en Común critica la falta de transparencia en la concesión de estos convenios, que se suman a otros suscritos con entidades “de corte reaccionario” como el Centro Diocesano de Orientación Familiar.
Por último, la formación alerta de que “con estos convenios, la señora Orós y la señora Chueca asumen de buen grado la agenda ideológica de Vox, con fórmulas claramente clientelistas en la gestión de los fondos públicos”.
El PSOE pedirá explicaciones en Comisión
Por su parte, el concejal socialista Paco Galán ha lamentado que “una vez más, las cesiones a Vox por parte de Chueca salen caras a los zaragozanos”. El PSOE recuerda que el convenio con RedMadre es una exigencia de la ultraderecha desde 2021 para aprobar los presupuestos y que siempre ha contado con la “complicidad de PP y VOX”.
La formación rememora además la polémica generada por las declaraciones de la presidenta de RedMadre en una sala de prensa institucional junto a la consejera Orós y la portavoz de Vox, Eva Torres, vinculando a hijos e hijas de madres migrantes con “quinquis y pandilleros”, lo que motivó la petición de reprobación de la consejera.
El PSOE sostiene que tanto RedMadre como Ainkaren “han demostrado que no son capaces de justificar el dinero que se les ha asignado”, un dinero que, a su juicio, podría haberse destinado a combatir la pobreza infantil o apoyar a familias frágiles. Por ello, solicitará explicaciones en la próxima Comisión de Políticas Sociales para que el Gobierno municipal aclare estas “concesiones ideológicas a la ultraderecha”.
