El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado la firma de un nuevo convenio con la entidad antiabortista Ainkaren por un valor de 30.000 euros, que se suma a otro ya existente firmado con el Gobierno de Aragón por 60.000 euros, lo que supone una financiación pública total de 91.000 euros. La asociación Ainkaren defiende que "si estás pensando en abortar y crees que no puedes tener a tu hijo, te ofrecemos otra opción", según puede leerse en su web.
Zaragoza en Común ha criticado la falta de transparencia en la concesión de estos convenios, que "se han tramitado sin difusión pública", y que se suman a otros acuerdos con entidades "de corte reaccionario" como Red Madre, el Centro Diocesano de Orientación Familiar, 3yMás e YMCA, los 25.000 euros concedidos a la escuela taurina Mar de Nubes.
Con este nuevo convenio con Ainkaren, la concejala Marian Orós "firma el repoker de convenios acordados con Vox en un área, como la de Políticas Sociales, secuestrada por políticas de ultraderecha y de la que cada vez es más difícil saber quién es la consejera", ha criticado el edil Suso Domínguez.
El concejal de ZeC ha destacado que esta entidad, que en el año 2023 contaba con una financiación de apenas 10.000 euros, ha pasado en 2024 a contar con dos convenios nominativos por un total de 81.000 euros.
Zaragoza en Común ha cuestionado la "duplicidad de la financiación", ya que ambos convenios "parecen financiar el mismo proyecto", un centro de acogida para 17 mujeres y sus hijos que incluye alojamiento, guardería, formación y acompañamiento. Además, denuncian que Ainkaren "omitió la existencia del convenio con el Gobierno de Aragón en la memoria del proyecto presentada al Ayuntamiento".
Aunque ambos convenios permiten la compatibilidad con otras ayudas, siempre que no se supere el coste del proyecto, Zaragoza en Común considera difícil valorar si se cumple esta condición, ya que "se desconoce el coste total del proyecto y parece que ha sido presentado de manera parcial".
En este sentido, ZeC detalla que en la memoria explicativa del proyecto en el expediente municipal, la entidad señala que se plantea la contratación de tres personas, entre ellas una trabajadora social y una persona ordenanza, cuyas funciones se darían en áreas como organización general de la residencia, oficina, guardería, atención al público, realización de actividades de formación y de ocio, mejorar el acompañamiento a las usuarias, entre otras.
"Estas tareas parecen muy similares a las establecidas en el convenio firmado con el Gobierno de Aragón que recoge entre las funciones subvencionadas, el centro de acogida con alojamiento, el servicio de cuidado de niños (guardería), la información y orientación desde el área de trabajo social, la formación en áreas de cultura general, capacitación doméstica, cuidados básicos del bebé y de la mujer y parentalidad positiva", ha señalado Domínguez.
Zaragoza en Común ha condenado estas prácticas que consideran "clientelistas", exigen transparencia en la gestión de los fondos públicos y acusan a Azcón y Chueca de "seguir las prácticas de la ultraderecha".
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