A comienzos de este mes de marzo cientos de familias e inquilinas de pisos sociales del Ayuntamiento de Zaragoza recibieron la notifcación por sms de que a partir de este mes el precio de sus alquileres iba a subir.
Se trata de la primera vez en la historia de Zaragoza Vivienda, gestora de la vivienda pública del ayuntamiento de Zaragoza, que se realiza este tipo de subida. La justifcan por una actualización de los precios, en base a la subida del más del 6% del IPC (índice de precios al consumo, que refleja el aumento del coste de la vida).
Esto es, desde este mes de marzo de 2022 en adelante, todas las viviendas sociales en manos de Zaragoza Vivienda aumentarán su precio en el mismo porcentaje que el IPC, que llegó a un 6,5% este mes.
Una vivienda de 400 euros pasará a costar casi 30 euros más al mes, suponiendo un aumento del gasto en más de 460 anuales. “Un durísimo golpe y una subida injusta”, aseguran desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza que recuerdan que se suma a la ya precaria situación de las familias, sometidas a unos salarios estancados y precarizados y a un aumento de coste de la vida con la subida de la luz y combustibles.
Si desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ya señalaron que el objetivo principal de Zaragoza Vivienda bajo la gerencia de José María Ruiz de Temiño es el benefcio económico a toda costa, este nuevo movimiento deja clara la postura del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) en torno a la vivienda pública: “desmantelar su condición de ‘social’ y transformarla en una fuente de ingresos y que permita especular con nuevas formas de hacer negocio con los derechos de las trabajadoras”.
“En defnitiva, la posición del Ayuntamiento (PP) comparte la del Gobierno Autonómico (PSOE-CHA) y Estatal (PSOE-UP) esta defensa de la vivienda como bien de mercado en detrimento de los derechos de las familias trabajadoras de vivir dignamente”, añaden.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza tienen claro que sin un parque público de vivienda con alquileres sociales suficientemente grande que garantice este acceso igualitario a la vivienda, “seguiremos enfrentándonos a la realidad de que la consideración de la vivienda únicamente por su capacidad dentro del mercado seguirá manteniendo la especulación con la misma a costa del empobrecimiento de las trabajadoras”.
La realidad de las personas que viven de alquiler es que ante una legislación insuficiente y una administración pública sin voluntad de definir un parque público de vivienda que ataje de raíz el problema de la especulación con la vivienda, “seguiremos expuestas a unas condiciones de vida precarias en beneficio de la banca y los rentistas”, denuncian desde este colectivo.
Desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza además reclaman respuestas, que los propietarios cumplan, y que de una vez por todas la administración defienda la vivienda como un derecho, y no como un bien de mercado sobre el que especular.
Zaragoza Vivienda asegura que revisará las condiciones de los contratos
Tras la publicación de la denuncia del Sindicato de Inquilinas la sociedad municipal Zaragoza Vivienda ha anunciado que revisará las condiciones de renovación de los contratos de alquiler social para evitar entre sus inquilinos el impacto de una “inflación disparada”.
“Los servicios jurídicos ya estudian la fórmula para evitar el impacto del Indice de Precios al Consumo general, el IPC, en los alquileres sociales a los que hacen frente los inquilinos de las viviendas municipales, algo especialmente importante si tenemos en cuenta que se trata de familias especialmente vulnerables”, asegura el Ayuntamiento de Zaragoza en una nota de prensa.
El consistorio se defiende asegurando que la subida del IPC en la renovación de contratos relacionados con las diferentes administraciones “es algo habitual que se aplica en ámbitos autonómicos y estatales, pero, teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa el conjunto de la sociedad, Zaragoza Vivienda estudia la manera de paliar este impacto en los recibos de los alquileres sociales”.
La concejal delegada de Vivienda y vicepresidenta de Zaragoza Vivienda, Carolina Andreu ha incidido en que “nunca habíamos conocido un IPC en estos niveles y, por eso, es necesario revisar las condiciones”. “Estamos trabajando de la mano de los servicios jurídicos para replantear este impacto y evitarlo” ha dicho Andreu.
