Zaragoza en Común critica que el Gobierno PP-Cs priorice el pago a grandes empresas antes que la inversión social

Como ha explicado Zaragoza en Común, en la pasada legislatura se optó por elaborar un plan de pago a plazos a las grandes empresas que “son más que solventes”. Ahora, a pesar de que la ley permite destinar un 20% a gasto social el equipo de Azcón ha escogido enriquecer a las multinacionales antes que a la ciudadanía.

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FCC es una de las contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Foto: Daniel Marcos.

El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento ha denunciado el uso que el gobierno de PP y Cs, bajo la supervisión de la ultraderecha de Vox, quiere realizar del dinero del remanente municipal, al destinar más de 33 millones de euros a pagar las revisiones de precios de las grandes contratas de empresas, en lugar de gastarlo en políticas sociales, tal y como establecen los Decretos del Estado 8/2020 y 11/2020.

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con 40,5 millones de euros de remanente, un montante económico del que podría detraerse el 20% para políticas sociales, tras acometer los gastos a los que le obliga la Ley (9,2 millones en facturas pendientes de pagar y 2,6 millones en Inversiones Financieramente Sostenibles).

Por esta razón, Zaragoza en Común ha pedido que se establezcan planes de pago con las empresas para así abonar las cantidades correspondientes, evitar generar intereses de demora y, al mismo tiempo, disponer del 20% del remanente -cantidad permitida por ley- para destinarlo a gasto social.

“A pesar de que compartimos la conveniencia de no esperar a que esas revisiones de precios se judicialicen, consideramos que habría que negociar unos planes de pago con las empresas, tal y como hicimos en la anterior legislatura, lo que también evitaría la generación de intereses de demora y abriría la posibilidad de realizar una importante inversión social de entre 5 y 6 millones de euros. Se pueden pagar esas deudas y a la vez aumentar el gasto social, pero el Gobierno PP-Cs prefiere dedicar el dinero municipal a grandes empresas en lugar de destinarlo a políticas sociales”, ha señalado Santisteve.

En la situación actual, el Ayuntamiento destinará alrededor de 37 millones al pago de las deudas de las sentencias firmes por revisión de precios (principalmente para FCC y Avanza), a las facturas pendientes de pagar y a las Inversiones Financieramente Sostenibles. Sin embargo, la consejera María Navarro ha solicitado 37 millones al Fondo de Impulso Económico (FIE) para pagar las sentencias firmes, con lo que hay margen en el remanente municipal para acometer inversión social.

“No estamos hablando de deudas con autónomos o PYMEs que sufren por falta de liquidez, sino de grandes multinacionales que no tienen ninguna necesidad de cobrar enseguida esas cantidades, ya que son más que solventes para ir recibiendo ese dinero poco a poco. Negociar un plan de pago, como hicimos en la anterior legislatura, permitiría pagar a las empresas, no aumentar la deuda e invertir en gasto social”, ha insistido Pedro Santisteve.

“No podemos permitirnos desaprovechar la oportunidad de gastar el 20% del remanente en gasto social, en un momento de desempleo masivo y pobreza creciente”, ha concluido.

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