¿Y si abolimos la pobreza?

Vivimos tiempos de dominación de la imagen sobre la política de hechos. La polémica de esta semana será sustituida por otra de manera inmediata, en numerosas ocasiones con afán de suerte taurina destinada al despiste y posterior y cruel descabello. Ante este panorama nos involucramos en la siempre difícil tarea de ensanchar el campo de juego, ampliar el foco de atención. Al fin y al cabo, siempre he creído que esta ha sido, y es, la principal misión de cualquier movimiento transformador, incluida la política institucional. Solo así podremos combatir a aquellos, incluso algunos autodefinidos de izquierda, empeñados en solucionar …

Vivimos tiempos de dominación de la imagen sobre la política de hechos. La polémica de esta semana será sustituida por otra de manera inmediata, en numerosas ocasiones con afán de suerte taurina destinada al despiste y posterior y cruel descabello.

Ante este panorama nos involucramos en la siempre difícil tarea de ensanchar el campo de juego, ampliar el foco de atención. Al fin y al cabo, siempre he creído que esta ha sido, y es, la principal misión de cualquier movimiento transformador, incluida la política institucional. Solo así podremos combatir a aquellos, incluso algunos autodefinidos de izquierda, empeñados en solucionar todo conflicto socioeconómico a través del Código Penal cuando éste tendría que ser el último mecanismo. Solo debería utilizarse (no el actual, sino otro completamente reformado) tras agotar todas las demás medidas, con una visión plenamente restaurativa y no meramente punitiva.

En un escenario de palabras retorcidas (democracia, familias, género, historia, memoria, violencia …) a las que nos vemos en la obligación de añadir adjetivos para arrebatarlas a los manipuladores de conciencias y neoliberales de salón, cuando hablamos de abolición ¿por qué no pedimos su aplicación al concepto “pobreza”?

Los Objetos de Desarrollo Sostenible, asumidos por España, reconocen que la pobreza es el mayor reto mundial y determinan que, en el periodo 2015-2030, se debe “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”. La aplicación de esta meta al caso de España, según los indicadores europeos acordados, obligaría a rebajar, al menos, el porcentaje (y subrayo el “al menos”) al 11,05 %. Menos de 5.132.677 personas.

Hay quien lo solucionaría con la subida del número de personas empleadas y/o el incremento del PIB. Los datos son tozudos en su contra. Entre 2014 y 2019 el incremento del segundo fue del 18,9 %; sin embargo, en ese período se consiguió una disminución de un parco 1,5 puntos porcentuales en la tasa de pobreza. En 2020, la renta media por persona aumentó por sexto año consecutivo, con un incremento del 5,2% con respecto a 2019, y las condiciones materiales empeoraron para varios millones de personas. Las dos terceras partes de personas pobres tienen trabajo, aunque sea precario.

Otro tipo de políticas deben ser la causa de la reversión de toda la pobreza. Y una de las vías se llama inversión pública. Una misión suficiente, viable y factible en el corto plazo, incluso con las restricciones derivadas del marco europeo. Por ello llama la atención que el PSOE, firmante de este acuerdo europeo, se olvide de él en el día a día normativo. Resulta sorprendente, por ejemplo, que posponga una reforma estructural del sistema tributario de carácter progresivo que grave más la renta y/o la riqueza de las grandes empresas y patrimonios.

Las empresas que facturan menos de 100 millones al año casi triplicaron en 2018 el porcentaje de su impuesto de sociedades frente a las que tienen más de 1.000 millones de facturación, el 14 % frente al 5,4 %. El promedio de los impuestos de las 57 grandes empresas multinacionales españolas en impuesto sobre beneficios en todo el mundo fue la mitad del porcentaje de tributación de un mileurista. Mientras, 11 millones de personas viven en situación de exclusión social, 2,5 millones más que en 2018, el 20% de los hogares con menor renta no puede cubrir dignamente el coste de la crianza y se escatima el incremento de las cuantías y de las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ¿Hacen falta más datos?

Es inaplazable la mejora de los servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales, vivienda...), reformas legales derivadas de la aprobación del convenio 189 de la OIT para las trabajadoras del hogar, derogación de la Ley de Extranjería que condena a la infravivienda y al infratrabajo a 500.000 residentes en España como mínimo, máxima prioridad a la ley integral sobre la trata, a la de vivienda y a la de las familias, IMV y Prestación Aragonesa Complementaria para todas las personas en situación de pobreza, impulso decidido del parque público de vivienda en Aragón y en Zaragoza...

En suma, mejorar las condiciones materiales de todas, empezando por las pobres y vulneradas. Ahí (y en otros campos que habré olvidado) debemos dedicar nuestros esfuerzos, tanto dentro como fuera de la institución. Seguro que esta abolición permitirá elegir con libertad nuestras condiciones de vida, ahora y en el futuro. Que no nos mareen. Al tajo.

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