Así arranca el comunicado de Xnet: “Llámanos miedicas pero que quieres que te diga, cuando el CIS sugiere prohibir la difusión de bulos por las redes - y únicamente por las redes - obligando a publicar solo lo que decide el Estado; y la Guardia Civil declara que patrulla internet para minimizar el clima contrario al Gobierno, nosotras nos preocupamos”, que recuerda que esta preocupación “viene de lejos”.
El año pasado publicaron, en la editorial Rayo Verde, el libro “#FakeYou, Fake News y Desinformación - Gobiernos, partidos políticos, mass media, corporaciones, grandes fortunas: monopolios de la manipulación informativa y recortes de la libertad de expresión” y ahora presentan una propuesta normativa. Una especie de maqueta de montaje rápido para legislar.
“Porque la respuesta al CIS de la gente - e incluso del Ministro de Justicia - se han de interpretar a la luz de esa pregunta esperpéntica que no da alternativas sensatas” y añaden, “lo que queremos es que se legisle contra los bulos. Sí, queremos que se legisle. Pero que se legisle para proteger la libertad de expresión de quienes la atacan con soluciones como las que sugiere el CIS”.
Como muestran en el libro, las políticas públicas y legislativas de lucha contra la desinformación que se han planteado tanto en el Estado español como en otros territorios a razón “o mejor dicho, con la excusa” de este pretendido “nuevo” fenómeno de las fake news, frecuentemente en realidad sirven para distraer de la solución: “Atacan Internet como si solo en Internet hubiese desinformación tóxica. Apuntan a limitar la libertad de expresión de los usuarios, dejando impunes a los verdaderos promotores de la desinformación colectiva”.
Las medidas y la narrativa que preparan el terreno a legislaciones liberticidas, se focalizan en las y los usuarios de Internet y abrazan una lógica de control y censura de la red por parte de actores públicos o privados, señalan desde Xnet. “Estas políticas descuidan los sujetos que en realidad más generan y se benefician de la desinformación”, y aseguran desde Xnet que han demostrado claramente en #FakeYou que todos los caminos del origen de la desinformación sistémica llevan al mismo sitio: “los partidos políticos e instituciones y sus estructuras de intereses e influencia, incluyendo otros actores privilegiados y con poder adquisitivo y de visibilidad”.
El uso de la libertad de expresión por parte de las personas es perfectible, cierto, pero es un derecho fundamental que irá mejorando en su despliegue a medida que podamos ejercitarlo sin asimetrías; “no lo es – un derecho fundamental - el negocio que se hace con los contenidos de la comunicación. Como todo negocio o práctica institucional, debe tener límites cuando perjudica al interés general”, subrayan desde este proyecto de defensa de los derechos en la red.
Por último, quieren poner el foco de atención en que las acciones no deben afectar únicamente a los intermediarios de Internet (las plataformas de contenidos y redes sociales) en cuanto tales, sino solo como parte de la cadena de inversiones: “Centrar toda la normativa en las plataformas en línea, tal y como está sucediendo ahora, ha demostrado muy claramente tener como resultado que estas, en arras de salvaguardar sus intereses comerciales y reducir sus riesgos legales, apliquen el recorte de libertad de expresión de los usuarios, el pensamiento único homologado y la censura automatizada”.
Propuestas de Xnet:
- Aplicar en primer lugar un enfoque follow-the-money (apuntar al negocio o a la dejadez de funciones institucionales) y no de juicio sobre los contenidos (no interferir en la libertad de opinión, ni crear ministerios de la Verdad).
- Actualizar y transfondo en los códigos deontológicos del periodismo: no hablamos de Verdad, sino de aplicar parámetros objetivos de verificación de la veracidad (tal y como ya indica la legislación vigente, por cierto).
- Extender y aplicar de forma imperativa las obligaciones de verificación en normativas los protocolos de verificación recogidos sector periodístico a otros sectores donde la circulación de información conlleven lucro o beneficios institucionales, incluidos partidos políticos, autoridades, gobiernos, corporaciones y otros informadores influyentes.
- Aflorar esta aplicación obligatoria en forma de etiquetado. Esto permite a cualquier persona la posibilidad de verificar la información, cosa que ahora se exige a la población sin ofrecerle ninguna herramienta para llevarla a cabo.
- Actualizar otras normativas tangentes, eliminar el sesgo tecnófobo en las políticas e incorporar régimen sancionador efectivo.
