Sánchez declara el estado de alarma, con toque de queda, tras el fracaso en las medidas para contener el COVID-19

El nuevo decreto establece el confinamiento nocturno, desde las 23.00 a las 6.00 horas, con un margen para los territorios para adelantarlo o atrasarlo una hora -pero no eliminarlo-. El estado de alarma se implanta en todo el Estado con la voluntad de dar “un marco estable de seis meses” a modo de paraguas jurídico, para que los territorios puedan tomar medidas restrictivas que ayuden a contener la pandemia. Aragón, que ya cuenta con su propio instrumento jurídico, pasará este lunes a nivel 3 de alerta, mientras las ciudades de Zaragoza, Uesca y Teruel siguen confinadas perimetralmente.

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Pedro Sánchez, junto a Carmen Calvo y Pablo Iglesias, preside el Consejo de Ministros y Ministras de este domingo. Foto: Moncloa

El aumento en los casos de coronavirus durante las últimas semanas -más de un millón de contagios desde el inicio de la pandemia- ha provocado la reacción, tanto de los gobiernos territoriales como del estatal. Este domingo, el Consejo de Ministros y Ministras ha ratificado lo que ya era una cuestión de tiempo y se vislumbraba desde el pasado viernes. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado la instauración del estado de alarma a nivel estatal, tras la petición realizada por numerosos territorios.

El nuevo decreto, que ya ha entrado en vigor tras su publicación en el BOE, establece el toque de queda, confinamiento nocturno desde las 23.00 a las 6.00 horas, con un margen para los territorios para adelantarlo o atrasarlo una hora -pero no eliminarlo-, pudiendo comenzar entre las 22.00 y las 00.00 horas, y terminar entre las 5.00 y las 7.00. Los territorios podrán levantarlo a partir del 9 de noviembre, en función de cómo evolucione su situación epidemiológica. Además, permite prohibir manifestaciones "si hay riesgo de contagio". También deja en manos de los territorios la movilidad entre los mismos, permitiendo implantar el confinamiento total o parcial.

De esta forma, las autoridades delegadas en el estado de alarma serán los propios territorios, y podrán modular las limitaciones con el objetivo de frenar la expansión de la COVID-19. Asimismo, se establece que el espacio de cogobernanza entre el Estado español y los territorios, y donde se detallarán nuevas medidas o se modularán las actuales, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Cabe destacar que este nuevo estado de alarma no implica el confinamiento domiciliario ni la paralización total de la actividad, tal y como ocurrió durante la primera ola de la pandemia. En este caso, viene a dar cobertura legal a las diferentes medidas y restricciones establecidas por los gobiernos territoriales en un intento de contener la expansión del coronavirus. Un instrumento jurídico que ya desde el pasado viernes numerosos territorios reclamaban al Gobierno español. Así, la cogobernanza seguirá vigente y serán los territorios quienes determinen las "medidas excepcionales" a implantar durante los próximos días o semanas.

No obstante, el estado de alarma establecido este domingo por el Gobierno español recoge unas medidas mínimas que todos los territorios -salvo Islas Canarias- estarán obligados a cumplir, a partir de las normas consensuadas el pasado jueves en el Consejo Interterritorial de Salud. Eso sí, cada uno podrá dictar, a la vez, medidas restrictivas propias para frenar la propagación del coronavirus en su territorio.

Hasta el 9 de mayo

El planteamiento del nuevo estado de alarma propiciará que su tramitación en el Congreso sea completamente diferente a la de la pasada primavera. La voluntad del Ejecutivo de Sánchez pasa por dar “un marco estable de seis meses” alargando el estado de alarma hasta el 9 de mayo de 2021, siempre que obtenga el respaldo del Congreso en una única votación que Sánchez ha anunciado para esta misma semana, posiblemente el jueves.

De hecho, el texto del decreto elimina la necesidad de que el Gobierno tenga que pedir cada 15 días permiso al Congreso para prorrogarlo, por tanto, los grupos no tendrán que ir negociando su duración cada semana. No obstante, Sánchez ha matizado que su Gobierno rendiría cuentas en la Cámara baja cada dos semanas.

El Congreso no tiene que dar su visto bueno al decreto aprobado este domingo, sino que únicamente debe pronunciarse sobre su ampliación más allá de los 15 días de vigencia iniciales. Para poder sacar adelante la prórroga de seis meses que ha puesto sobre la mesa, el Gobierno sólo requiere mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra, algo que, en principio, parece tener asegurado.

"El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones extremas y la situación que vivimos es extrema", ha argumentado Sánchez para añadir: "Este nuevo estado de alarma tiene unas características especificas, adecuadas a esta nueva ola de la pandemia". "Si la situación lo permite, el Gobierno de España levantará el estado de alarma sin demora; ni un día más, ni un día menos", ha zanjado.

Según ha advertido Sánchez, a 22 de octubre, la incidencia acumulada en catorce días se sitúa en 349 casos por 100.000 habitantes, muy por encima de los 60 casos por 100.000 habitantes que marca el umbral de alto riesgo de acuerdo a los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. En la actualidad, la ocupación media de camas de hospitalización por COVID-19 supera ya el 12% en el Estado, con máximos por encima del 20% en algunos territorios. La ocupación media de camas UCI es del 22,48 %, superando en algún caso el 60%. Esta situación "vuelve a tensionar nuestro sistema sanitario", ha alertado para asegurar que "los principales focos de contagio son los encuentros familiares y sociales, bien en el ámbito privado o público, suponiendo casi un tercio de los brotes e implicando más de una cuarta parte de los casos".

Valoración positiva del Gobierno de Aragón

Hasta este domingo, once territorios se habían pronunciado a favor del estado de alarma. El primero fue la CAV, de la mano del lehendakari, Iñigo Urkullu. A continuación, se produjo una cascada de peticiones: Catalunya, Cantabria, Melilla y siete territorios gobernados por el PSOE: La Rioja, Asturies, Extremadura, Castilla La Mancha, Nafarroa, País Valencià e Illes Balears. Los otros dos territorios gobernados por el PSOE, Aragón y Canarias, no lo han solicitado, pero sí respaldado. Por otro lado, los cinco territorios gobernados por el Partido Popular han evitado dar un apoyo explícito al estado de alarma.

En lo que se refiere a Aragón, su presidente, Javier Lambán, tenía 'cubiertas las espaldas' con el Decreto Ley publicado en el BOA el pasado lunes, por el que se establece la entrada de todo el territorio en nivel 3 a partir de este lunes, 26 de octubre, mientras las ciudades de Zaragoza, Uesca y Teruel siguen confinadas perimetralmente y un amplio dispositivo de las Fuerzas de Seguridad vigila su cumplimiento. Quizá haya sido este hecho lo que ha evitado que Lambán solicitara de manera explícita a Sánchez el estado de alarma, pese a que Aragón ha sido uno de los territorios en los que más han aumentado los casos de COVID-19 en las últimas semanas.

Tampoco hay que olvidar que el presidente aragonés ha puesto por delante los intereses económicos a la contención del coronavirus. Solo esto explica que Lambán -entre otras cuestiones- no decretara la suspensión del Gran Premio de Motorland y el paso de La Vuelta por tierras aragonesas. El COVID-19 está descontrolado en todo el territorio aragonés mientras la economía sigue lastrada. La DGA sigue priorizando el tipo de ‘gestión blanda’ contra el coronavirus, pero los datos indican que este sistema no funciona: 1.345 nuevos casos en las últimas 24 horas en el territorio.

En una primera valoración, el Gobierno de Aragón ha calificado de "positiva" la declaración del estado de alarma, anunciada por Sánchez, y ha reiterado que la "coordinación" de los territorios con el Estado es "fundamental" y, por ello, ha señalado, "cuanto más homogéneas sean las medidas que se apliquen mejores resultados tendremos".

Fuentes del Ejecutivo aragonés han aludido al decreto ley que aprobó el Gobierno de Aragón el pasado lunes y que las Cortes convalidarán en unos días para adoptar medidas frente al COVID-19, incluidos los confinamientos.

De este modo, el Gobierno aragonés ha considerado que la declaración del estado de alarma facilita "aún más" la posibilidad de establecer medidas para "luchar contra la pandemia" que, de otra forma, "resultan imposibles de implantar".

Además han incidido, que el estado de alarma, junto con el decreto-ley aragonés, proporcionan a la autoridad sanitaria "herramientas sólidas, potentes y predecibles" para combatir la pandemia, "dando seguridad a las y los aragoneses y total coherencia a la acción del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España". "Con las medidas aprobadas y con la colaboración de todos debemos lograr frenar esta pandemia", han subrayado.

El presidente del Ejecutivo aragonés tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación este lunes -sobre las 13.00 horas-, tras la Conferencia de Presidentes y Presidentas territoriales con el Gobierno español, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero.

El 21 de junio concluyó el primer estado de alarma

El Gobierno español aprobó el 14 de marzo el primer estado de alarma a nivel estatal para afrontar la situación de emergencia sanitaria. El estado de alarma se prorrogó hasta las 0.00 horas del 21 de junio. Durante este periodo, se decretó la restricción de la circulación de la ciudadanía, la garantía en el suministro de alimentos y productos necesarios para la salud pública, la regulación de la apertura de la hostelería, la restauración y los locales donde se realizaran actividades culturales, artísticas, deportivas y similares, la priorización del trabajo a distancia y la suspensión de la actividad escolar presencial.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, tuvo bajo sus órdenes directas a las autoridades civiles de las Administraciones Públicas de todo el Estado español, y la Sanidad Pública tomó el control de la privada. La superación de todas las fases del Plan de desescalada, aprobado el 28 de abril de 2020, determinó que quedaran sin efecto las medidas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes zonas, islas o unidades territoriales.

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