La campaña electoral ya está en marcha. Quince días por delante hasta el 29 de noviembre, cuando las urnas determinarán la nueva correlación de fuerzas parlamentarias y las posibilidades de formar Gobierno en el Estado español. En Aragón, alrededor de 1.043.000 personas, repartidas por 731 municipios, están llamadas a elegir a sus 25 representantes en las Cortes Generales: trece en el Congreso y doce en el Senado.
El adelanto electoral no puede entenderse sin la movilización del movimiento inquilino y la crisis de la vivienda. La muerte de Maricarmen, las acampadas que se extendieron para exigir soluciones y la presión sostenida de las organizaciones por el derecho a la vivienda situaron esta emergencia social en el centro del debate político. El rechazo parlamentario a las primeras medidas del Gobierno terminó precipitando la convocatoria anticipada de elecciones.
Desde entonces, el conflicto no ha dejado de crecer. La huelga general del 11N, con una movilización masiva en las calles, volvió a demostrar que la vivienda no es una preocupación secundaria ni un problema que pueda aplazarse hasta después de las elecciones. Es una reivindicación que ha marcado la agenda política y que seguirá presente, con independencia del resultado de las urnas.
Pero el 29N no va únicamente de quién ocupará la Moncloa. Ni siquiera de quién sumará más escaños. Lo que está sobre la mesa son dos proyectos políticos antagónicos con consecuencias muy diferentes para la vida cotidiana de millones de personas. Dos modelos de pensiones, de fiscalidad, de vivienda, de subsidios, de servicios sociales, de sanidad y de educación. Dos maneras de entender los derechos laborales, la igualdad y el papel de lo público. En definitiva, dos modelos de vida.
Por un lado, la defensa del interés común, los servicios públicos y las conquistas sociales, con todas las contradicciones y limitaciones del modelo socialdemócrata. Por otro, un proyecto que apuesta por ampliar el espacio del mercado, reducir la intervención pública y favorecer los intereses privados, acompañado de una ofensiva política contra derechos que parecían consolidados. Y, en medio, una discusión que vuelve cada vez que se acercan las elecciones: el maldito malmenorismo, esa obligación recurrente de elegir entre lo que se desea y lo que se considera necesario para evitar algo peor. La cuestión es que el enfado no ha desaparecido. Y motivos no faltan.
Ni amnesia ni cheques en blanco
El Gobierno de coalición de PSOE y Sumar llega a estas elecciones con avances sociales que reivindicar, pero también con promesas incumplidas y decisiones que han provocado un profundo malestar entre sectores de la izquierda y los movimientos sociales.
La Ley Mordaza sigue sin derogarse. Las políticas migratorias y de fronteras continúan marcadas por la militarización y por episodios como la crisis de Ceuta. Las respuestas institucionales a las reivindicaciones sociales siguen chocando, demasiadas veces, con los límites que imponen los intereses económicos y las decisiones del propio Ejecutivo.
La huelga general por la vivienda del pasado 11 de noviembre ha vuelto a poner esas contradicciones encima de la mesa. Miles de personas salieron a las calles para exigir soluciones a una crisis que condiciona la vida de generaciones enteras. Y la jornada también dejó denuncias de las violentas actuaciones policiales contra manifestantes y trabajadores y trabajadoras movilizadas.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció una investigación sobre esas actuaciones. Habrá que ver qué responsabilidades se depuran y qué consecuencias reales tiene. La experiencia de otras investigaciones internas no invita precisamente a confiar en que el anuncio, por sí solo, sea suficiente.
Nada de esto puede borrarse en nombre de la urgencia electoral. Tampoco debería servir para ignorar las diferencias entre quienes, con todas sus insuficiencias, han aprobado determinadas mejoras sociales y quienes plantean revertirlas.
No se trata de entregar un cheque en blanco al PSOE. Ni a ninguna otra formación. Se trata de acudir a las urnas con memoria, con criterio y con plena conciencia de lo que está en disputa. Y de recordar que la política no empieza ni termina cuando se deposita una papeleta.
Las encuestas: el CIS rompe el guion, pero la mayoría sigue abierta
La demoscopia tampoco ofrece una respuesta única. Buena parte de las encuestas publicadas durante las últimas semanas han dibujado una mayoría parlamentaria de PP y Vox, aunque con diferencias entre institutos y estimaciones que se han ido estrechando. El último estudio preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicado el 12 de noviembre, presenta un escenario muy distinto.
El CIS sitúa al PSOE como primera fuerza, con el 33,3% de los votos, seguido del PP, con el 25,5%, y Vox, con el 18,4%. Frente Amplio alcanzaría el 4,7%, mientras que ERC-Podemos —agrupados en la estimación del instituto— obtendría el 3,1%, EH Bildu el 1,8%, Compromís el 1,6% y Adelante Andalucía el 1,5%.
En escaños, el instituto público estima entre 134 y 143 para el PSOE, entre 98 y 106 para el PP y entre 57 y 65 para Vox. Incluso sumando los extremos superiores de las horquillas de estas dos últimas formaciones, alcanzarían 171 representantes, cinco menos de los 176 necesarios para una mayoría absoluta. Eso no garantiza por sí mismo una investidura progresista: las alianzas parlamentarias seguirían siendo determinantes.
El estudio, elaborado a partir de 45.074 entrevistas realizadas entre el 7 y el 30 de octubre, constituye una fotografía de las preferencias electorales en ese periodo, no una anticipación del resultado del 29N. Y conviene subrayar una circunstancia: mientras el CIS concede al PSOE casi ocho puntos de ventaja, el promedio de otras encuestas recogido por Mapa Electoral situaba al PP 3,6 puntos por delante.
Por eso, ni las mayorías anunciadas con semanas de antelación ni las remontadas proclamadas antes de abrir las urnas deberían confundirse con votos depositados. Los sondeos orientan, pero no sustituyen a la ciudadanía.
Aragón: trece escaños y tres disputas decisivas
En Aragón, el reparto de los trece escaños del Congreso añade otra variable: la distribución territorial del voto. La circunscripción de Zaragoza elige siete representantes, mientras que Uesca y Teruel eligen tres cada una. Con magnitudes de distrito tan reducidas, pequeñas diferencias de votos pueden determinar quién obtiene el último escaño.
El CIS coloca al PSOE en una posición favorable en las tres circunscripciones aragonesas y contempla que pueda mejorar su representación respecto a 2023, según el análisis publicado por elDiario.es.
Sin embargo, las horquillas provinciales del estudio dejan abiertas varias disputas. En Teruel, el tercer escaño aparece en la pugna entre Teruel Existe y Vox. En Uesca, la disputa incluye a Vox y CHA-Frente Amplio Aragón. Y en Zaragoza, el séptimo diputado podría depender del resultado de CHA-Frente Amplio Aragón y Vox.
No son enfrentamientos directos garantizados ni resultados cerrados: son escenarios posibles a partir de las estimaciones provinciales. Precisamente por eso, la distribución del voto entre candidaturas y la participación en cada circunscripción adquieren especial relevancia.
La participación: una variable que puede alterar el reparto
Hay un elemento que atraviesa todas las proyecciones y que ningún instituto puede determinar de antemano con certeza: cuántas personas acudirán finalmente a votar.
En unas elecciones con bloques relativamente próximos, la participación puede modificar tanto los porcentajes como el reparto de escaños. Superar el 70% de participación supondría una movilización considerable, aunque no permite afirmar automáticamente qué fuerzas resultarían beneficiadas.
Existe una idea extendida según la cual una participación elevada favorece a las izquierdas. La experiencia electoral, sin embargo, es más compleja: importa quién se moviliza, dónde lo hace y qué candidaturas reciben esos votos. El efecto no es idéntico en todas las elecciones ni en todas las circunscripciones.
En cualquier caso, el 29N no se resolverá únicamente en los debates televisivos, las encuestas o los mítines. También dependerá de la capacidad de las distintas candidaturas para movilizar a quienes dudan, a quienes se abstuvieron en anteriores convocatorias y a quienes todavía no han decidido su voto.
Las candidaturas aragonesas arrancan campaña
La campaña ha comenzado en Aragón con distintas candidaturas progresistas que comparten parte de sus reivindicaciones sociales, aunque concurren por separado y mantienen diferencias políticas y estratégicas. La vivienda, los servicios públicos y los derechos laborales aparecen entre los principales asuntos de sus discursos, junto con el debate sobre cómo impedir una mayoría parlamentaria de PP y Vox.
CHA-Frente Amplio Aragón abrió la campaña con un acto en el restaurante La Cantera de Zaragoza, donde Marina Rodríguez y Jesús García Usón reivindicaron la defensa del territorio, el derecho a una vivienda digna, la justicia fiscal y los derechos laborales. La coalición, integrada por CHA, IU, Movimiento Sumar, Partido Verde y Recortes Cero, aspira a llevar una voz aragonesa al Congreso y contribuir a una mayoría progresista. Bajo el lema “Un voto como una casa”, Rodríguez defendió también los servicios públicos, las infraestructuras y los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQA+.
Podemos Aragón afronta el 29N con candidatura propia en las tres circunscripciones, después de quedar fuera del acuerdo de CHA-Frente Amplio Aragón. La formación ha elegido a Alicia Arteaga para encabezar su lista por Zaragoza y centra su campaña en el lema “Paz, casa y trabajo”. Este viernes 13 de noviembre, a las 18:00 horas, tiene previsto celebrar un acto en la carpa de Podemos de la plaza de San Miguel de Zaragoza, con la participación de Arteaga, la secretaria general Ione Belarra, el secretario de Organización Pablo Fernández y la portavoz aragonesa María Goikoetxea.
El PSOE Aragón, por su parte, inició la campaña en su sede de Zaragoza con Pilar Alegría apelando al “voto útil y estratégico”. La secretaria general socialista aseguró que la papeleta de su partido es la que, a su juicio, garantiza la continuidad de un Gobierno progresista. Fernando Beltrán y Miguel Dalmau, cabezas de lista al Congreso y al Senado por Zaragoza, reivindicaron las políticas sociales desarrolladas desde 2018 y advirtieron de las consecuencias que atribuyen a un eventual Ejecutivo de PP y Vox. El arranque tuvo incluso banda sonora: Beltrán, a la batería, y Marta Gracia, a la voz, interpretaron “Revolución” bajo el nombre de The Candidaters.
Teruel Existe también ha iniciado la campaña con el objetivo de recuperar representación propia en Madrid. Su candidato al Congreso, Tomás Guitarte, ha presentado en la Cámara de Comercio de Teruel un programa articulado en seis ejes que busca “combatir la despoblación, defender los servicios públicos, mejorar las infraestructuras” y evitar que las comarcas del sur sean un “territorio de sacrificio” para proyectos energéticos y centros de datos.
PP y Vox: una frontera ideológica cada vez más difusa
En el otro lado del tablero, PP y Vox han iniciado la campaña con mensajes que coinciden en situar el rechazo a Pedro Sánchez en el centro de sus discursos, aunque mantienen ligeras diferencias en determinadas propuestas económicas, institucionales y territoriales.
El PP ha presentado su proyecto como una alternativa a la gestión socialista, con la corrupción como uno de sus principales argumentos. En Aragón, su candidata Rocío Dívar ha reivindicado la “reconstrucción nacional” frente a lo que denuncia como corrupción del PSOE.
La corrupción, sin embargo, también ha abierto otro frente para el PP en pleno arranque electoral. Según informa elDiario.es, el PSOE ha denunciado al Partido Popular, a Eduardo Inda y a Okdiario por los pagos de la defensa de Koldo García. Los socialistas consideran que los hechos podrían constituir delitos de obstrucción a la Justicia, inducción al falso testimonio, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias. La denuncia llega después de que el exasesor de José Luis Ábalos asegurara que le ofrecieron dinero para implicar a Pedro Sánchez y a su entorno en supuestas irregularidades. El PP niega las acusaciones. La empresa editora de Okdiario sí abonó 242.000 euros por la defensa jurídica de García, según las facturas conocidas.
La colaboración entre PP y Vox va más allá de los discursos. Ambas formaciones han pactado sus candidaturas al Senado para el 29N: el partido de Feijóo ha renunciado a presentarse en Girona, Tarragona y Gipuzkoa para favorecer a los de Abascal, mientras que la ultraderecha se retira de otras seis provincias en beneficio del PP. El acuerdo también alcanza a Aragón, donde Vox presentará un único candidato al Senado por Zaragoza y Uesca para facilitar la concentración del voto de ambas formaciones. Una coordinación electoral que evidencia hasta dónde llega su entendimiento político.
Vox, mientras tanto, ha elegido tres conceptos para sintetizar su programa: “prioridad nacional”, “remigración” y “desregulación”. Las propuestas de la ultraderecha afectan directamente a las políticas migratorias, a la intervención pública en la economía y al acceso a determinados derechos y prestaciones. La formación de Santiago Abascal plantea endurecer las políticas de expulsión de población extranjera y reducir regulaciones económicas.
La proximidad entre ambos discursos se aprecia especialmente en el uso de la llamada “prioridad nacional”, una formulación que introduce el origen o la nacionalidad como criterio de preferencia para determinadas políticas públicas. Más allá de los eslóganes, importa examinar qué medidas concretas proponen, a quiénes afectarían y cómo encajarían en el marco jurídico vigente.
También resulta relevante su posición ante las movilizaciones sociales. Durante la huelga general por la vivienda del 11N, representantes de la derecha y la ultraderecha desacreditaron las protestas y dirigieron críticas a las organizaciones sindicales y al movimiento inquilino. Un día después, el Congreso volvió a debatir medidas reclamadas por quienes habían salido a las calles.
La votación parlamentaria posterior a la huelga dejó una imagen de las diferencias entre los grupos políticos en materia de vivienda. El denominado Decreto Maricarmen, que incorpora medidas de protección frente a los desahucios, salió adelante pese al voto contrario de PP, Vox y Junts. Sin embargo, el segundo decreto, que incluía una de las principales reivindicaciones del movimiento inquilino —la regulación de contratos de alquiler indefinidos—, encontró también la oposición del PNV y no logró el respaldo necesario en los términos planteados.
Como explicó El Salto en su información sobre la convalidación de las medidas, el resultado parlamentario dejó avances, pero también limitaciones importantes respecto a las demandas expresadas durante la huelga. La coincidencia temporal resulta significativa. Mientras miles de personas reclamaban en las calles garantías para acceder y permanecer en una vivienda, las votaciones del Congreso mostraban hasta dónde estaban dispuestos a llegar los distintos partidos. Y también evidenciaban los límites de la acción gubernamental cuando no existe una mayoría parlamentaria suficiente para sostener determinadas reformas.
La vivienda, convertida en una de las causas principales del adelanto electoral, regresa así al centro de la campaña. No solo como problema económico, sino como una cuestión de derechos y de reparto de poder entre propietarios, grandes tenedores, entidades financieras e inquilinos.
El trasvase del Ebro vuelve a la campaña
En Aragón, una de las propuestas más controvertidas de Vox vuelve a aparecer en su programa electoral: el trasvase del Ebro.
La formación de Abascal recupera una iniciativa que ha provocado durante décadas una amplia contestación social y política en Aragón. No es un debate nuevo ni una cuestión exclusivamente técnica. Afecta a la gestión de un recurso público, al modelo territorial, a las necesidades de la cuenca y a las prioridades ambientales y económicas.
La oposición social al trasvase cuenta con antecedentes significativos. AraInfo publicó que el 85% de la población aragonesa rechaza cualquier trasvase del Ebro, un dato que vuelve a adquirir relevancia ante su recuperación como propuesta electoral.
El regreso del trasvase también obliga a examinar la posición del PP. Aunque las dos formaciones no han presentado siempre idénticas propuestas sobre política hidráulica, su colaboración en distintos gobiernos y acuerdos parlamentarios convierte esta cuestión en un asunto relevante para la campaña aragonesa.
Menos impuestos, menos regulación: ¿qué ocurre con los servicios públicos?
El programa económico de Vox incorpora propuestas de reducción de impuestos y desregulación. La cuestión es qué impacto tendrían esas medidas sobre los ingresos públicos y, por tanto, sobre la financiación de pensiones, sanidad, educación, dependencia y otras prestaciones.
El periodista Yago Álvarez, coordinador de Economía de El Salto, ha cuestionado la falta de concreción de algunas de estas promesas fiscales. En una valoración publicada en X, señala que Vox anuncia rebajas del IRPF, el IVA y el impuesto sobre sociedades sin precisar suficientemente su alcance, lo que impide calcular con rigor su coste presupuestario.
Es una cuestión fundamental para evaluar cualquier programa electoral: no basta con anunciar reducciones fiscales o mejoras en los servicios públicos. También es necesario explicar cómo se financiarán, qué partidas se modificarían y qué consecuencias distributivas tendrían las medidas. Porque detrás de cada promesa económica hay decisiones concretas sobre quién contribuye, quién recibe y qué papel se reserva a lo público.
El 29N no termina el 29N
Las elecciones estatales llegan después de una legislatura atravesada por tensiones parlamentarias, avances sociales, promesas incumplidas y una crisis de vivienda que ha terminado por precipitar el adelanto electoral. También después de una huelga general que ha demostrado que el conflicto social no desaparece porque se convoquen elecciones.
Los próximos quince días estarán llenos de mítines, declaraciones, encuestas, promesas y acusaciones cruzadas. Pero las consecuencias de lo que se decida en las urnas durarán bastante más que una campaña electoral.
El debate no debería reducirse a elegir entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ni a calcular qué combinación parlamentaria permitirá una investidura. También debería servir para exigir compromisos concretos sobre vivienda, salarios, pensiones, derechos laborales, servicios públicos, transición ecológica y libertades democráticas.
Y para recordar algo que las organizaciones sociales llevan años defendiendo: ningún derecho está garantizado para siempre y ninguna conquista social se mantiene únicamente por la voluntad de un Gobierno.
Las movilizaciones por la vivienda, las huelgas en defensa de la educación y la sanidad públicas, las luchas feministas, el movimiento ecologista y las reivindicaciones del mundo rural no pueden quedar subordinadas al calendario electoral. Son espacios de participación política que seguirán siendo necesarios con independencia de quién gobierne.
El 29N se decidirá una correlación de fuerzas parlamentarias. Pero el futuro de los derechos sociales también dependerá de lo que ocurra el 30 de noviembre y durante los años siguientes. Porque votar es una forma de intervenir en las decisiones colectivas. No la única. Ni suficiente por sí sola. Votar el 29N importa. Organizarse, movilizarse y luchar seguirá siendo imprescindible.
Todo sobre el 29N en este especial.
