Termina este verano y con él la temporada festivalera. Eventos a lo largo y ancho del Estado que no dejan (sobre todo desde el 2022 tras el impás de la pandemia) de crecer en magnitud y en voracidad. Este agosto, el periodista musical Nando Cruz publicaba "Macrofestivales: el Agujero Negro de la Música", un libro que se ha hecho eco en la prensa por mirar de forma crítica una problemática que ya a muchas en este sector nos preocupaba desde hace tiempo: la insostenibilidad cada vez mayor de un negocio que se nos vende como próspero y positivo para la mayoría, pero que tiene un reverso para nada amigable. Inyecciones desorbitadas de dinero público, cachés inflados frente a otros que apenas dan para hacer el bolo, malas condiciones laborales y de infraestructura, impacto social y ambiental... Son solo algunos rasgos que, con sus diferencias particulares, se dan en este tipo de eventos.
En este contexto aparece en Zaragoza el festival Vive Latino, que este fin de semana volverá a convertir a la ciudad, en palabras de Jorge Azcón, en “capital de la música en España y en Europa”. Cabría discutir si en este festival coinciden todos los puntos narrados anteriormente. Tal y como el autor menciona en su libro, “el tamaño de un festival es un factor clave para definirlo como macrofestival, pero no es el único […]”. La combinación de todos sus elementos determinará su impacto, y así, sus daños colaterales. El problema principal aquí es que el músculo cultural de la ciudad es desproporcionadamente pequeño en comparación con su población. Lo que sí es seguro es que la apuesta del Partido Popular es la de crear un escaparate turístico como el ya consolidado en Barcelona con el Primavera Sound o con el FIB de Benicàssim. A esto habría que añadir sus políticas de acoso y derribo contra centros culturales autogestionados como el Luis Buñuel, Kike Mur o actividades vecinales en barrios. Visto el negocio generado ya no solo por las ventas del propio festival, sino por la industria hotelera, es fácil predecir su éxito y crecimiento año tras año. Pero, ¿qué hay de las problemáticas antes mencionadas?
En cuanto al caso concreto que nos ocupa, el impacto social y ambiental que tiene en una ciudad como Zaragoza es claro. Un evento enfocado a un turismo de masas no repercute económicamente en la ciudadanía, porque apunta a las ganancias de un sector más competitivo y que gana mucho más con estos eventos. Es obvio también el impacto ambiental producido por el desplazamiento de decenas de miles de personas. Cabe destacar también el papel de las grandes marcas patrocinadoras, las cuales se aseguran de que el Vive Latino no solo sea un festival de música, sino una fiesta del consumo desde que pones un pie en el recinto. Así ha ocurrido que Facua y la Unión de Consumidores de Aragón han denunciado a la organización por impedir la entrada de comida y bebida de fuera. Un último ejemplo que claramente se ve afectado son las salas. En un territorio ya tradicionalmente exiguo en cuanto a una apuesta cultural fuerte, son los programadores y los talentos locales los que más están sufriendo la oleada festivalera: mientras la mayor parte del presupuesto se dirige a pagar los abultados cachés de famosos grupos y cantantes, se pide trabajar gratis a artistas locales.
Ante este panorama, como personas con mirada crítica pero también defensores de la cultura, debemos mirar a estos eventos como lo que son: oportunidades de negocio para empresas y partidos políticos a costa de la degradación cultural, laboral, social y ambiental de nuestros pueblos y ciudades. No existe una solución fácil, pero esta desde luego no pasa por la privatización completa y el monopolio de nuestras ofertas de ocio. Existen otros festivales y ciclos que tienen esto en cuenta, tanto en Aragón como en el Estado, y podemos aspirar a construir espacios culturales libres y desmercantilizados.
