La mañana del 8 de abril de 2003, los tanques estadounidenses avanzaban por la ribera occidental del Tigris en la ciudad asediada de Bagdad. En la ribera oriental, el grosor de la prensa internacional se encuentra cubriendo la guerra desde el hotel Palestina. En cierto momento, uno de los tanques apunta directamente al hotel y dispara. El periodista ucraniano de Reuters, Taras Protsyuk, muere al instante, mientras el cámara gallego que cubre la guerra para Tele 5, José Couso, cae gravemente herido y morirá pocas horas más tarde.
Carlos Hernández, quien se encontraba en Irak cubriendo la guerra para Antena 3, recuerda todavía aquel día “como si fuera hoy”. Se alojaba en el piso número quince, a pocos metros de la habitación de Reuters donde se estrelló el proyectil norteamericano. Durante horas, los periodistas habían estado grabando y retransmitiendo desde los balcones del edificio, siente perfectamente visibles para los tanques. En un momento de calma, “sentimos una gran explosión, pero ni nos pasa por la cabeza que provenía del mismo hotel”.
Al entrar en la habitación de Reuters se encuentra con “un drama terrible”. La prioridad era evacuar las personas heridas, “sin tiempo para pensar mucho”. En aquel momento cree que se trata de una “acción de algún incontrolado iraquí”. “Cuando nos enteramos de que se trata de un ataque norteamericano fue un choque. Hacía horas que veíamos aquellos blindados y si nos habían atacado había sido de forma premeditada”. “¿Cómo es posible que nos atacaran aquellos que venían a imponer la libertad?”, se pregunta Hernández.
No hacía ni tres semanas que la coalición liderada por los Estados Unidos, con el apoyo del Estado español, había iniciado la invasión de Irak para desalojar al régimen de Sadam Hussein. Aquel día tenía que ser clave para la ofensiva final contra la capital iraquí, y parece que el ejército norteamericano no quería testigos. Poco antes del ataque al hotel, disparaba contra las sedes de Abu Dabhi TV y Al-Jazeera, asesinando el periodista jordano Tareq Ayoub. Después de veinte años, ningún responsable ha sido condenado por el asesinato de los periodistas.
Una versión deliberadamente errónea
“Los periodistas conocían el alto riesgo que existía, y este se ha materializado”. Así justificaba la muerte de José Couso el día siguiente a su asesinato el presidente español José María Aznar, uno de los máximos aliados de George W. Bush en la guerra. Aquel día, decenas de periodistas lo recibían en el Congreso de los Diputados dándole la espalda, bajando las cámaras y mostrando fotografías del cámara asesinado. De este modo, reclamaban al gobierno español que exigiera responsabilidades por el ataque al gobierno norteamericano y ofreciera una explicación plausible.
Estas explicaciones no han llegado nunca y la versión norteamericana de los hechos no ha satisfecho en absoluto a la familia de Couso. Fuentes del ejército de los Estados Unidos aseguraban durante las horas posteriores al ataque que un grupo de francotiradores los disparaban desde la azotea del hotel, circunstancia que todos los testigos presenciales de los hechos niegan. Además, todos ellos aseguran que el gobierno y el ejército eran plenamente conscientes de la presencia de un gran número de periodistas en las instalaciones.
La inacción del gobierno español llevó la familia de Couso a emprender acciones legales por su parte, interponiendo una querella en la Audiencia Nacional (AN) española. El juez Santiago Pedraz se hizo cargo de la investigación y en 2005 emite una orden de detención internacional contra los tres principales responsables del ataque contra el Palestina: Thomas Gibson, autor del disparo del proyectil; el teniente coronel Philip de Camp, y el responsable de la unidad de tanques, autodenominada “los asesinos”, Philip Worlford. Hernández va más allá, y tiene claro que “las órdenes venían de mucho más arriba”.
La orden no ha tenido hasta ahora ningún efecto y ha sido paralizada en varias ocasiones por el archivo del caso por parte de la AN, quien dio por válido el informe estadounidense que considera el ataque como “un acto de defensa propia”. Durante la investigación, la versión oficial ha ido variando y los supuestos francotiradores pasan a ser un observador iraquí que vigila la actividad de los tanques con unos prismáticos desde la azotea del hotel.
La investigación de Pedraz, quien viaja a Irak en 2011, permite concluir que la versión aportada por los Estados Unidos es deliberadamente errónea. La simulación de la visión del tanque sobre el hotel desde el punto de lanzamiento del proyectil, permite concluir que la tecnología militar era perfectamente capaz de distinguir con claridad el objetivo al cual disparaba. Además, los periodistas hacía ya horas que grababan desde los balcones. Sus propias imágenes lo demuestran.
Las trabas judiciales y políticas
El trabajo de Pedraz y la incansable lucha de la familia Couso para encontrar justicia y que su muerte sea considerada como “crimen de guerra” ha sufrido, desde el principio, las trabas interpuestas por la justicia y la clase política española. Así lo reflejan, por ejemplo, los documentos filtrados por Wikileaks en 2010, que señalan las complicidades entre el gobierno español y el estadounidense para parar la investigación y sus posibles consecuencias.
A pesar de que, en el momento del ataque y con el PSOE en la oposición, este se puso junto a la familia, una vez entra al gobierno cambia de postura. Los documentos filtrados por Julian Assange demuestran como los ministros de Justicia y de Exteriores socialistas de aquel momento, Juan Fernando López Aguilar y Miguel Ángel Moratinos, trabajaron conjuntamente con la embajada estadounidense a Madrid para archivar el caso.
En uno de los cables filtrados, López Aguilar envía una carta al embajador después de la emisión de la orden de detención en 2005, donde asegura que el gobierno “pondrá todo su interés a cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos”. Por su parte, el exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, se encarga de tranquilizar en todo momento el embajador Eduardo Aguirre. Después de una reunión entre ellos, Aguirre envía un telegrama al gobierno norteamericano donde expresa que el gobierno español “buscará una vía para acabar con el caso de forma silenciosa”.
Los esfuerzos de la Audiencia Nacional española para archivar el proceso lo alargan de forma indefinida, pero el juez Santiago Pedraz consigue reabrir la investigación en al menos tres ocasiones. Como no se consiguió parar definitivamente el caso por vía judicial, el gobierno español dirigido ya por Mariano Rajoy, opta para cambiar la legislación. En el año 2014 aprueba la reforma de la ley orgánica del poder judicial, el que a la práctica acaba con la justicia universal y hace casi imposible perseguir los delitos cometidos fuera de territorio español.
La sentencia que archiva la causa contra China por el genocidio en el Tíbet y en la que participa como ponente Conde-Pumpido, incluirá una resolución que la hace “extensible en todos los procedimientos con cimientos similares”. Con esto, el juez Pedraz se ve obligado a archivar definitivamente el caso del asesinato de Couso, a pesar de señalar que “el delito quedará impune”, porque “la nueva ley impide la persecución de cualquier crimen de guerra contra un ciudadano español”.
A pesar del recurso de la familia, el Tribunal Constitucional confirma el archivo del caso, recurriendo entonces al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que investiga actualmente el caso. En el año 2020, la AN condena el Estado español a indemnizar la familia por “omisión de la protección diplomática”, sentencia que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos recurrirá sin éxito al Tribunal Supremo, pero que demuestra de nuevo las maniobras ejercidas por diferentes partidos de todo el espectro político para poner trabas al procedimiento.
Un ataque contra la prensa
“Una de las misiones encomendadas a la citada división [la 3.ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos] era evitar que los medios de comunicación internacionales informaran sobre las operaciones en curso en Bagdad”. Este párrafo extraído del auto de procesamiento de la Audiencia Nacional española en 2011, refleja lo que pasó aquella mañana de 2003, que Hernández considera como “un ataque premeditado y organizado contra la prensa internacional”.
Cuando la invasión de Irak es inminente, decenas de periodistas de todo el planeta viajan a Bagdad para informar de la guerra. La gran mayoría lo hará con el apoyo de un medio de comunicación. “Es evidente que las tropas británicas y norteamericanas no querían periodistas moviéndose libremente, imponiendo la figura de los periodistas adheridos a las unidades militares, a los cuales se los limita y censura”.
Los que optan para actuar por libre se encontrarán con las trabas impuestas por el régimen iraquí, quien solo autoriza a dos medios árabes a tener sede propia, Abu Dabi TV y Al-Jazeera. La gran mayoría del resto de medios decide alojarse y trabajar desde el hotel Palestina.
Los citados medios árabes son los primeros en ser atacados, y las imágenes muestran claramente como uno de los objetivos principales del tanque es la cámara instalada en la azotea que retransmite en directo las actuaciones de los tanques. En el Palestina, “solo Reuters ofrecía imágenes en directo en el momento del ataque”, afirma Hernández. Sea como fuere, no hay imágenes de Bagdad hasta el día siguiente por la mañana, cuando el ejército norteamericano derroca la icónica estatua de Sadam Hussein.
“Recibimos una lista de objetivos potenciales en Bagdad, y entre ellos estaba el hotel Palestina”, afirmaba la exsargento Adrienne Kinne en una entrevista con la cadena Democracy Now!, en 2008. Kinne, quien trabajaba para la inteligencia norteamericana, informó a su superior de la presencia de periodistas en el edificio, recibiendo como respuesta que “su trabajo” era “informar y no analizar”. A pesar de ser citada a declarar, nunca lo llega a hacer, creciendo la sospecha de la familia de que había sido fuertemente amenazada con represalias.
Veinte años después de los hechos, la familia de Couso continúa luchando para que los responsables del crimen sean juzgados. Un crimen que la madre del video reportero considera como “un ataque a la prensa libre”. Para Hernández, el ataque condicionó desde entonces la cobertura de conflictos posteriores. “Los grandes medios pasaron a ser más restrictivos y conservadores”, opina. Según el periodista, “de alguna manera esto les salió bien: dejaron de enviar periodistas propios que salen muy caros” y ahora se opta más por la figura de los freelance.
