El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido y eleva a la Sala para archivo la causa en la que se ha investigado la muerte del cámara de Telecinco José Couso, un sumario en el que estaban procesados tres militares del Ejército de los Estados Unidos por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.
Según ha informado el Consejo del Poder Judicial, Pedraz explica en su auto que tras la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal y sobre todo después de la sentencia del TS sobre el caso Tíbet no hay margen para continuar la investigación. Pedraz destaca que esa sentencia ha sido dictada por el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y por "todos los magistrados que componen dicha Sala, sin que además concurra voto particular alguno, y además, en la fundamentación jurídica se dice (y se reitera) que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento". Es una doctrina que, como argumenta Pedraz, tiene verdadera fuerza vinculante para los jueces y tribunales inferiores.
En su auto el juez lamenta que los procesados no podrán ser buscados ni investigados ni en el Estado español ni en otros países puesto que la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un ciudadano del Estado español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se haya refugiado en el Estado español. Para buscar o hacerles comparecer ante los tribunales a estas personas, sería necesaria una orden de búsqueda emitida en el marco de un procedimiento que ya no va a existir porque el nuevo apartado 4 del artículo 23 de la LOPJ impide su incoación.
"Constatada la falta de competencia de la jurisdicción española, no se puede mantener la orden de busca y captura nacional ni internacional de estos tres militares procesados con ello - señala Pedraz- el flexo no podrá mantenerse encendido los procesados podrán desplazarse a otros países que hayan suscrito la Convención, e incluso a España, con la seguridad de que no van a ser buscados, puesto que en los archivos policiales o de otra índole no va a constar tal búsqueda".
La familia del periodista ha anunciado que recurrirá la decisión y llegarán si es preciso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Familiares y amigos han dicho en un comunicado que están "desolados, indignados y decididos a no tirar la toalla", según publica Eldiario.es. "El Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano", afirma David Couso, hermano del reportero asesinado.
