El Gobierno de Aragón ha anunciado la contratación de seguridad privada en centros de menores tutelados tras los episodios violentos registrados en las últimas semanas. El vicepresidente del Ejecutivo aragonés, el ultraderechista Alejandro Nolasco, ha explicado este viernes, en una comparecencia sin preguntas en la sala de prensa de las Cortes de Aragón, que se ha procedido a “trasladar y distribuir a los agresores a otros centros” con el objetivo de evitar que se repitan situaciones similares.
Nolasco ha defendido además la incorporación de vigilancia privada como única respuesta a los problemas de seguridad detectados en algunos recursos residenciales dependientes de la administración aragonesa.
La medida ha sido duramente criticada por Izquierda Unida Aragón, que considera que el anuncio no aborda las causas estructurales que atraviesa el sistema de protección de menores. La coordinadora general de la formación y portavoz parlamentaria, Marta Abengochea, ha reclamado al Gobierno aragonés que “refuerce de manera urgente la red de protección de menores en vez de poner parches que no resuelven la realidad compleja, difícil y vulnerable de estos menores”.
Desde IU recuerdan que llevan años alertando del deterioro progresivo del sistema y señalan, entre otros factores, el cierre de recursos especializados para menores con problemas de conducta. La formación sostiene que existe una falta de medios suficientes, de personal especializado y de condiciones laborales adecuadas para garantizar una atención de calidad.
Para Abengochea, el anuncio realizado por el Ejecutivo de PP y Vox responde a una lógica “cortoplacista” que no mejora la protección de la infancia tutelada ni las condiciones de trabajo de las plantillas. “Parece que no interesa poner soluciones reales y que únicamente se busca alimentar un discurso criminalizador”, ha afirmado.
Izquierda Unida insiste en que la respuesta debe pasar por reforzar los recursos públicos de atención, ampliar las plazas especializadas y mejorar la intervención educativa y social con las y los menores, en lugar de centrar la actuación en medidas de carácter securitario. Según la formación, la seguridad privada no resolverá los problemas de fondo que arrastra la red de protección de menores en Aragón.
