Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF denuncian que pese a las dudas sobre la legalidad de las obras, el Gobierno de Aragón (propietario al 50 % de la empresa promotora, ARAMÓN) está apostando por una política de hechos consumados, pues las máquinas están trabajando y destrozando un entorno frágil y virgen de alta montaña.
Para las organizaciones ecologistas es intolerable que el Gobierno de Aragón formado por el PSOE, Podemos y Chunta Aragonesista, que “en teoría se han comprometido a nivel estatal a proteger la biodiversidad, a adaptarse al cambio climático, a luchar contra la especulación urbanística y a abandonar el modelo de crecimiento basado en el ladrillo, siga apoyando un proyecto plagado de irregularidades y uno de los ejemplos más insostenibles y dañinos de cuantos amenazan los últimos rincones salvajes del Estado español”.
Las organizaciones denuncian también que, en un momento de profunda crisis sanitaria, social y ecológica, se derrochen recursos públicos para destruir los ecosistemas pirenaicos mejor conservados, “cuando es momento de impulsar una salida verde y social a la crisis provocada por la COVID–19”. Y más, como explican, en una ampliación de pistas de esquí “condenadas al fracaso” por la falta de nieve debida a la emergencia climática, una realidad cada vez más evidente en el Pirineo. Según datos del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, en el Pirineo Central y a 1.800 metros de altitud, el espesor medio de la nieve podría reducirse a la mitad en el año 2050 respecto al valor actual.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF critican que la declaración de impacto ambiental (DIA) que avala el proyecto, aprobada en 2010, no tenía en cuenta los efectos del cambio climático. La DIA, prorrogada sucesivas veces a instancias de la empresa ARAMÓN, caduca en diciembre de 2020, un plazo que ha precipitado el comienzo de las obras.
La ampliación está considerada por el Gobierno autonómico como Proyecto de Interés General para Aragón (PIGA), lo que conlleva una mayor flexibilidad y laxitud a la hora de conseguir los permisos y autorizaciones, y avala expropiaciones como las que se han producido la semana pasada.
Entre los frágiles ecosistemas amenazados por el proyecto destacan humedales como el conjunto del Ibón de Basibé y Les Noufonts, catalogados en los inventarios estatal y aragonés por su gran valor ecológico. Además, la zona es hábitat de especies en peligro como la perdiz nival, el urogallo, el quebrantahuesos o el oso pardo, algo que tampoco recoge la DIA.
Las organizaciones señalan que ampliar pistas de esquí a costa de destruir la naturaleza va en la dirección opuesta del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, aprobado recientemente por el Gobierno del PSOE y Podemos. Según un estudio del proyecto NIVOPYR realizado por investigadores del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, en un escenario de aumento de la temperatura de 2 ºC el 63 % de las estaciones pirenaicas serían inviables sin la aportación de nieve artificial, con el enorme gasto energético y de agua asociado.
“La adaptación al cambio climático del sector turístico pasa por reconocer los riesgos planteados, proteger los recursos naturales y culturales que contribuyen al atractivo turístico y avanzar hacia modelos turísticos más sostenibles y resilientes frente al cambio del clima”, se expone en el plan.
Por ello, reclaman a la vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 que interceda ante el Gobierno de Aragón para que descarte este proyecto caduco, cortoplacista e insostenible, e invierta recursos en iniciativas de futuro para el territorio que cuiden el mayor patrimonio de los valles pirenaicos, la naturaleza.
