Más de 30 colectivos ciudadanos, integrados en la coordinadora Recuperando, han protestado este jueves en 21 ciudades, entre ellas Zaragoza, contra el carpetazo de las inmatriculaciones de la Iglesia católica pactado entre el Gobierno de coalición y la Conferencia Episcopal (CEE).
Bajo el lema de "Recuperando nuestro patrimonio público", las organizaciones patrimonialistas y laicas, como las aragonesas Apudepa y MHUEL, se han echado a la calle para protestar por el incumplimiento del PSOE y Unidas Podemos con sus propios programas electorales y de Gobierno, que en su punto 5.11 se comprometieron a impulsar las “modificaciones legislativas oportunas” para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados por los obispos.
Las concentraciones se han sucedido en Albacete, Badajoz, Cáceres, Córdoba, Granada, Jerez, León, Madrid, Murcia, Uviéu, Santander, Sevilla, Valladolid, Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Barcelona, València, Alacant y Zaragoza. En todas ellas se ha leído un manifiesto de Recuperando en denuncia del “monumental escándalo patrimonial”, que ha permitido a la Iglesia católica inscribir a su nombre más de 100.000 bienes con la sola autocertificación del diocesano.
El movimiento laico intenta que las inmatriculaciones de la Iglesia no sean, como afirma la Conferencia Episcopal Española (CEE), una polémica “definitivamente zanjada”. Decepcionadas por la actuación del Gobierno español, las asociaciones integradas en la plataforma Recuperando se posicionan en contra del carpetazo político al tema y exigen a los gobiernos estatal y territoriales “mecanismos para la recuperación para el dominio público de los bienes inmatriculados”.
Recuperando denuncia que “no se ha avanzado un ápice en la formulación de medidas legislativas que reviertan la situación”, lo que a su juicio supone un incumplimiento de los compromisos del PSOE y Unidas Podemos. La organización considera insuficiente lo hecho hasta ahora: la publicación de un listado de cerca de 35.000 inmatriculaciones y el cuestionamiento de la legalidad de en torno un millar de los registros.
Las limitaciones del listado
Recuperando, que aglutina a una treintena de organizaciones en defensa de la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia, celebró el pasado sábado su asamblea en Getafe. “¿Balance? Amargo, con muy leves toques dulces”, aseguran desde esta coordinadora.
“La publicación del listado [de casi 35.000 bienes inmatriculados] de 1998 a 2015 es un éxito sin paliativos que en la anterior asamblea, en Sevilla hace tres años, no veíamos tan cerca. Pero sus limitaciones son enormes. Faltan los bienes entre 1946 y 1998 y todas las notas simples, lo que elevaría considerablemente el número de registros difundido hasta ahora. Entre los bienes inmatriculados hay miles de monumentos, muchos de ellos protegidos, pero también cementerios, casas, templos, huertas, plazas públicas y hasta algún frontón. Tanto los ayuntamientos como los particulares se ven abocados a un callejón sin salida en la vía judicial”, explica Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, que señala que el callejón se estrecha aún por la escasa colaboración de los registradores de la propiedad.
Valentín afirma que el listado se ha demostrado “absolutamente inútil para la recuperación de bienes”, entre otros motivos porque “el Gobierno no ha articulado ningún mecanismo” para canalizar las posibles tentativas de recuperación.
“Además, el listado ni siquiera es un logro tan importante como cabía esperar en cuando a transparencia, porque su escaso detalle”, señala el coordinador de la plataforma. Es más, Valentín señala que un destacado caso de recuperación, el de unas murallas junto a una iglesia en Artà, en Mallorca, es producto de una lucha municipal anterior y ajena por completo a la publicación del listado.
“Los municipios están desorientados y, en los casos en que quieren intentar una recuperación, en muchas ocasiones no saben cómo abordarlo. El Ejecutivo español no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales”, añade Valentín. Un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señala que el organismo está “a la espera de actuaciones” del Ministerio de Presidencia.
Los compromisos del PSOE y Unidas Podemos
El coordinador de la plataforma considera “incumplidos” los compromisos tanto del PSOE como de Unidas Podemos. El programa del PSOE de las últimas elecciones generales recogía la recuperación de bienes inmatriculados “indebidamente”. El de Podemos, también.
“Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos […], pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo”, señalaba el partido morado.
La recuperación de bienes inmatriculados está en el programa del Gobierno de coalición, que recogía lo siguiente: “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.
En esa idea insistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura en enero de 2020: “En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad y por esa razón el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”.
Un millar de inmatriculaciones en cuestión
El saldo de actuaciones del Gobierno no ha llegado hasta donde lo hacían los compromisos. No ha habido tales “modificaciones legislativas”. En febrero de 2021 el Gobierno avaló la legalidad de casi 35.000 inmatriculaciones, lo que esencialmente se traduce en un triunfo de las tesis de la Conferencia Episcopal, que considera la controversia “definitivamente zanjada”, como ha declarado su portavoz, Luis Argüello.
El Ejecutivo español ha anotado en su balance un avance en transparencia, con la publicación del listado de los bienes. “Eso sí, quedan fuera todas las inmatriculaciones amparadas por la legislación desde 1946 hasta 1998, que Recuperando sigue queriendo conocer”, denuncian.
El Gobierno se resiste a dar por terminada la cuestión, al haber acusado a la Iglesia en enero de este año de haber inscrito en torno a un millar de bienes “sin título ni causa”. Serían sólo un 2,8% del total. Y ni siquiera este pequeño porcentaje admite la Iglesia.
La CEE, que nunca ha llegado a admitir ni siquiera ese pequeño porcentaje de bienes inmatriculados irregularmente que le imputa el Gobierno español, afirmó que es una cuestión por la que hay que preguntar al Ejecutivo, no a la Iglesia.
El subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, afirmó en octubre que el procedimiento masivamente utilizado por la Iglesia era de “dudosa constitucionalidad”, pero al mismo tiempo aceptó que salvo excepciones no habrá vuelta atrás. Recuperando trata de que la controversia no se centre en este millar de bienes en cuestión. “No son 1.000 sino más de 100.000 los bienes que cuestionamos”, señala la plataforma.
Lo que propone Recuperando
La declaración de nulidad de las inscripciones para que la Iglesia vuelva a inmatricular aquellos bienes cuya propiedad pueda demostrar por el procedimiento ordinario y sin privilegios registrales. Esta es la principal demanda de Recuperando. Paralelamente, exige una reforma legislativa para determinar con detalle qué bienes son de dominio público y, por tanto, deben quedar fuera del tráfico mercantil. Es el caso de miles de monumentos de extraordinario valor histórico como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el arte prerrománico de Asturies o las joyas mudéjares de Aragón.
“Lejos de cumplir su promesa electoral, el Gobierno ha negociado en la más absoluta opacidad con los obispos la salida en falso de un problema de Estado que afecta gravemente a la legalidad constitucional”, añade la coordinadora. Redes Cristianas, integrante de Recuperando, reunió a finales de octubre en Madrid a representantes del Gobierno, la Iglesia católica y las organizaciones ciudadanas para debatir sobre inmatriculaciones. En el acto, el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, reconoció públicamente la previsible inconstitucionalidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria que habría permitido a los obispos registrar discrecionalmente decenas de miles de edificios, pero dio por buenas todas las inmatriculaciones practicadas.
“Si nuestros representantes públicos no han estado a la altura de su compromiso histórico, Recuperando y todas y cada una de las organizaciones que coordina sí lo estarán”, por lo que anuncian futuras movilizaciones ciudadanas “hasta que el Gobierno español no se avenga a cumplir sus compromisos electorales”.
