Un TC dividido también declara "inconstitucional" el segundo estado de alarma

El tribunal considera que la prórroga de seis meses del estado de alarma para combatir la pandemia "no estuvo debidamente justificada" y añade que la autorización se dio "sin saber que medidas adoptarían los gobiernos autonómicos durante ese periodo"

Control de la Guardia Civil durante el confinamiento. Foto: Guardia Civil

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno español para combatir la pandemia, una decisión a la que se han opuesto cuatro de los diez magistrados que han votado.

Fuentes jurídicas han informado de que el pleno del tribunal de garantías ha estimado así el recurso de amparo del partido ultraderechista Vox, lo que supone otro golpe contra la estrategia jurídica del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia tras declarar inconstitucional el primer estado de alarma y la suspensión de la actividad parlamentaria.

El recurso presentado por la formación ultraderechista ha salido adelante con los votos del bloque conservador del que se ha desmarcado el presidente Juan José González Rivas, como ya sucedió con la votación del primer estado de alarma. Así, la sentencia cuenta con votos particulares de Cándido Conde Pumpido, Maria Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol, además de González Rivas. Estos cuatro magistrados defendían la constitucionalidad y el paraguas legal de la cobertura jurídica que empleó el Ejecutivo español para amparar la declaración del segundo estado de alarma por seis meses.

Pero, precisamente ese plazo es una de las cuestiones que han inclinado la balanza hacia la inconstitucionalidad ya que el sector conservador se ha amparado en el "plazo excesivo" del decreto.

Al contrario que con el primer estado de alarma, que se prorrogaba cada quince días, con el segundo el Gobierno español determinó un período de seis meses que fue aprobado mayoritariamente por el Congreso.

Precisamente, añaden las fuentes, es la forma en que se adoptó ese periodo lo que el tribunal considera inconstitucional al no haberse ejercido un control parlamentario eficaz ni periódico del Congreso sobre esta medida, que es más relevante aun cuando se trata de una crisis sanitaria, ni haberse justificado el porqué de ese plazo.

Así, la sentencia explica que lo que merece censura constitucional es el carácter no razonable o infundado del periodo de seis meses, visto el acuerdo adoptado por el Parlamento que fijó dicho periodo.

Por tanto, la determinación temporal de aquella prórroga de seis meses se realizó de un modo por entero "inconsistente" con el sentido constitucional que es propio del acto de autorización y sin coherencia alguna, incluso, con las razones que el Gobierno hizo valer para instar la prórroga finalmente concedida.

Además, la prórroga fue autorizada cuando las medidas limitativas de derechos incluidos en la solicitud no iban a ser aplicadas inmediatamente por el Gobierno español, pues se supeditaba su puesta en práctica a lo que los gobiernos de los territorios así lo decidieran, por lo que aquella autorización se dio sin saber qué medidas se iban a aplicar para combatir la pandemia.

De hecho, el otro motivo que ha justificado la estimación del recurso es la denominada cogobernanza con los territorios a la hora de acordar limitaciones de derechos fundamentales que, de acuerdo al criterio del tribunal, no correspondía adoptar a los gobiernos territoriales.

Al respecto, la sentencia considera que, entre otros motivos, esta decisión contraviene la regulación de los estados de crisis y las competencias y limitaciones correspondientes.

Asimismo, el tribunal añade que el Gobierno español "acordó con carácter permanente la delegación a las autonomías sin reserva alguna de la supervisión efectiva o de la eventual avocación al propio Gobierno español, de lo que los gobiernos autonómicos pudieran actuar en sus respectivos territorios".

Devolución de las multas

La principal repercusión de la decisión del TC se reflejará, al igual que ocurrió en la anterior, en que decaerán gran parte de las multas impuestas en Aragón durante el segundo estado de alarma.

Aquellas personas que fuesen sancionadas por incumplir el toque de queda o los confinamientos perimetrales o superar los límites para las reuniones sociales podrían recurrir. En principio, no se devolverán las multas impuestas por no llevar mascarilla, entre otras.

El segundo estado de alarma se declaró el 25 de octubre de 2020 y finalizó dos semanas después, el 9 de noviembre. El 3 de noviembre el Gobierno español aprobó una prórroga de seis meses, hasta el 9 de mayo de 2021.

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