La Unidad de Policía Nacional de Aragón Adscrita (UPA), dependiente de la DGA, ha informado que este pasado miércoles ha denunciado “a ocho personas por realizar acampadas libres en el Humedal Singular de los Ibones de Anayet, en el término municipal de Sallent de Galligo”. Durante una inspección, los agentes localizaron cinco acampadas ilegales, cada una compuesta por una tienda de campaña, y levantaron cinco actas de infracción.
El Ejecutivo aragonés reforzó este año la protección “de este enclave natural tras detectar durante el verano de 2025 un importante incremento de acampadas ilegales”. La turistificación del Pirineo aragonés y “la creciente presión sobre este espacio” motivó la aprobación de la Orden MAT/221/2026, publicada el pasado 17 de febrero “que regula de manera específica la acampada y el baño en los Ibones de Anayet”, destacan desde la DGA.
“La normativa delimita con precisión el perímetro del humedal y su Zona Periférica de Protección, además de prohibir el baño durante todo el año y de cualquier actividad que pueda alterar el régimen hidrológico o la morfología del humedal, así como la acampada entre el 21 de junio y el 21 de septiembre”, subrayan desde el Gobierno de Aragón.
Las denuncias formuladas por la UPA se fundamentan en las infracciones recogidas en el artículo 98 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón (Decreto 1/2015) y en el artículo 119.c del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón (Decreto 1/2017). “De acuerdo con la normativa vigente, este tipo de infracciones puede conllevar sanciones de hasta 1.000 euros por persona denunciada”, concluyen desde la DGA.
La turistificación del Pirineo aragonés diseñada y ejecutada por PP-Vox: un modelo territorial orientado al monocultivo turístico
El debate sobre el futuro del Pirineo aragonés ha dejado de ser únicamente una discusión sobre infraestructuras o estaciones de esquí. En los últimos años se ha convertido en un conflicto de modelo territorial. Frente a quienes defienden una economía diversificada, basada en la conservación del patrimonio natural, los servicios públicos, la ganadería extensiva, la agricultura de montaña, el pequeño comercio o un turismo compatible con los límites ecológicos, el Gobierno de Aragón presidido por Jorge Azcón, en la coalición trumpista PP-Vox, ha situado el denominado Plan Pirineos como eje de su política para la alta montaña.
Desde numerosos colectivos sociales, ecologistas y vecinales se denuncia que este plan consolida una estrategia de turistificación que profundiza la dependencia económica de un único sector, incrementa la presión urbanística y acelera procesos de expulsión de población local por el encarecimiento de la vivienda, mientras continúa relegando inversiones estructurales en transporte público, servicios sanitarios, educación, telecomunicaciones o empleo estable.
El discurso oficial presenta el Plan Pirineos como una herramienta para combatir la despoblación mediante grandes inversiones vinculadas al turismo. Sin embargo, las organizaciones críticas sostienen que confunde crecimiento económico extractivo con desarrollo territorial y que prioriza proyectos de elevado impacto ambiental cuya rentabilidad social resulta muy discutible. El propio Gobierno de Aragón ha defendido la telecabina Astún-Candanchú como una de las grandes infraestructuras estratégicas para el futuro del Pirineo, asociándola a la desestacionalización y al crecimiento económico de la val.
Del fracaso institucional en la Canal Roya a la nueva ofensiva de las telecabinas
La movilización social contra la unión de estaciones a través de la Canal Roya marcó un punto de inflexión en Aragón. Decenas de miles de personas participaron en una de las mayores protestas ecologistas de las últimas décadas, logrando frenar un proyecto que habría afectado a una de las vals glaciares mejor conservados del Pirineo.
Sin embargo, para plataformas como Movimiento Pirineo Digno o la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, aquel conflicto no supuso un cambio de paradigma, sino únicamente una reformulación de la estrategia institucional. El abandono de la conexión por la Canal Roya dio paso al impulso de la telecabina entre Astún y Candanchú, presentada como una “alternativa ambientalmente aceptable”, a juicio de la DGA, pero interpretada por sus detractores como la continuidad del mismo modelo basado en la expansión del negocio de la nieve y de su urbanización y especulación inmobiliaria asociadas.
Diversos colectivos recuerdan que las evaluaciones ambientales del proyecto continúan siendo objeto de controversia y que existen recursos judiciales impulsados por organizaciones ecologistas, que consideran que la infraestructura responde a un modelo "insostenible" ligado a intereses inmobiliarios y al monocultivo turístico.
Un Parque Natural prometido desde hace dos décadas
Uno de los elementos que mejor simboliza las contradicciones de la política ambiental de los sucesivos gobiernos de Aragón es el caso de Anayet-Partacua.
En 2006 el propio Gobierno de Aragón inició el procedimiento para ordenar y proteger este espacio mediante un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), paso previo a la declaración de Parque Natural. Dos décadas después, aquella figura continúa sin materializarse y el procedimiento ha quedado prácticamente desactivado tras la resolución judicial que consideró caducado el proceso administrativo.
Para organizaciones conservacionistas resulta especialmente significativo que un territorio cuyo extraordinario valor ecológico fue reconocido por la propia Administración aragonesa siga sin contar con la máxima figura de protección mientras se impulsan grandes infraestructuras turísticas en su entorno o se sanciona por acampar.
El debate alcanzó también las Cortes de Aragón, donde la propuesta para declarar el Parque Natural Anayet-Partacua fue rechazada con los votos de PP, Vox y PAR, junto al rechazo del PSOE en aquella iniciativa parlamentaria, mientras únicamente CHA, IU, Podemos y Aragón-Teruel Existe respaldaron la declaración del espacio protegido.
Emergencia climática y expansión del negocio de la nieve
La política del actual Ejecutivo aragonés PP-Vox también recibe fuertes críticas por la aparente contradicción entre el contexto climático y las inversiones públicas destinadas a reforzar el modelo de esquí alpino.
Los informes científicos vienen alertando desde hace años de la disminución del espesor nival, del ascenso de la cota de nieve y del incremento de episodios meteorológicos extremos asociados al calentamiento global. Pese a ello, el Gobierno PP-Vox continúa situando las infraestructuras ligadas a la nieve entre sus principales apuestas estratégicas.
Los colectivos sociales sostienen que resulta incoherente responder a la crisis climática ampliando un modelo económico especialmente vulnerable precisamente a esa crisis. Consideran además que la negativa del Ejecutivo aragonés a impulsar nuevas figuras de protección, junto con los discursos de diversos representantes de la coalición que relativizan la emergencia climática o cuestionan algunas políticas de mitigación, dibuja una política ambiental profundamente contradictoria con las evidencias científicas y con los compromisos internacionales en materia de biodiversidad.
Vivienda imposible y transformación social de las vals
Otro de los ejes de la crítica se centra en la creciente presión inmobiliaria que sufren numerosas localidades pirenaicas aragonesas. La expansión del alojamiento turístico, la proliferación de segundas residencias y el incremento del alquiler vacacional están dificultando el acceso a la vivienda para la población residente y para trabajadores esenciales. Ayuntamientos, profesorado, personal sanitario, empleados de hostelería o trabajadores temporales encuentran cada vez mayores dificultades para residir en los municipios donde desarrollan su actividad.
El Movimiento Pirineo Digno lleva años denunciando que el verdadero riesgo para la supervivencia del Pirineo no es la falta de turistas, sino la imposibilidad de vivir dignamente en el territorio. Desde esta perspectiva, la despoblación no se combate incrementando la presión urbanística ni multiplicando apartamentos turísticos, sino garantizando vivienda asequible, empleo estable durante todo el año, escuelas abiertas, atención sanitaria cercana y servicios públicos suficientes.
El colectivo sostiene que convertir los pueblos en escenarios orientados casi exclusivamente al consumo turístico acaba desplazando a quienes mantienen viva la actividad cotidiana durante los doce meses del año.
La alternativa que plantea Movimiento Pirineo Digno
Frente al modelo impulsado desde el Gobierno de Aragón, el Movimiento Pirineo Digno defiende un cambio profundo de paradigma. La plataforma plantea abandonar la lógica del crecimiento ilimitado y construir un modelo económico diversificado, compatible con la conservación de los ecosistemas de alta montaña y con la permanencia de la población local. Entre sus reivindicaciones figuran la declaración del Parque Natural Anayet-Partacua, una política efectiva de vivienda pública, la mejora de los servicios esenciales, la participación real de las comunidades locales en las decisiones sobre el territorio y la limitación de proyectos que incrementen la artificialización de la montaña.
Su discurso insiste en que el Pirineo aragonés no puede reducirse a un parque temático de invierno ni a un espacio de especulación inmobiliaria, sino que constituye un territorio habitado, con valores culturales, naturales y sociales que requieren políticas públicas orientadas al interés general y no exclusivamente a la rentabilidad económica inmediata.
Un conflicto sobre el futuro del Pirineo
La confrontación en torno al Plan Pirineos trasciende así el debate sobre una telecabina, actas de infracción por acampar, o una infraestructura concreta. Lo que está en juego es qué modelo de montaña quiere construir Aragón durante las próximas décadas.
De un lado, una estrategia basada en grandes inversiones turísticas, ampliación de infraestructuras y consolidación del sector de la nieve y el ‘turismo de montaña’ como único motor económico. Del otro, una propuesta que reclama situar la protección ambiental, la diversificación económica, la justicia territorial y el derecho a vivir en el Pirineo en el centro de las políticas públicas.
Mientras el Ejecutivo PP-Vox insiste en presentar sus proyectos como sinónimo de progreso y lucha contra la despoblación, el creciente movimiento social articulado en torno a la defensa de la montaña sostiene que la verdadera amenaza para el futuro del Pirineo no proviene de la falta de infraestructuras para el ‘negocio de la nieve’, sino de un modelo que convierte el territorio en mercancía y subordina sus recursos naturales, su paisaje y sus comunidades a la lógica de la rentabilidad turística.
